From Wikipedia_es - Reading time: 8 min| Leonor La Rosa | ||
|---|---|---|
| Información personal | ||
| Nombre de nacimiento | Leonor La Rosa Bustamante | |
| Nacimiento |
1960 Lima (Perú) | |
| Residencia | Suecia | |
| Nacionalidad | Peruana | |
| Información profesional | ||
| Ocupación | Agente de inteligencia | |
| Empleador | Servicio de Inteligencia del Ejército peruano (SIE) | |
Leonor La Rosa Bustamante (Lima, 1960) es una exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército peruano (SIE) que alegó haber sido detenida y torturada a fines de 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori, tras confesar que había filtrado a la prensa «información confidencial» como los planes secretos Bermudas, Narval y el Pino.[1] Vive refugiada en Suecia al amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.[2][3][4]
Leonor La Rosa Bustamante nació en 1960. Su esposo, Jorge Cantera, fue miembro de la Dirección Nacional contra el terrorismo (Dincote). Se conocieron en 1991 en una operación conjunta entre el SIE y la DINCOTE, en la que capturaron al dirigente del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) Peter Cárdenas Schulte.[5] No formó parte del Grupo Colina y, a pesar de algunas afirmaciones, no fue decisiva para el descubrimiento de los cadáveres de los asesinados en la masacre de La Cantuta.[6] En una entrevista de La República, mencionó que presenció acciones de fraude electoral por parte del régimen fujimorista durante las elecciones generales de 1995 cuando fue miembro de mesa.[7]
De marzo a noviembre de 1996, Leonor La Rosa trabajó infiltrada en el Hospital Militar de Lima. Aparentemente, desempeñaba la labor de relaciones públicas, pero su verdadera misión era «controlar posibles fugas de información a Chile y Ecuador a través de agregados militares de dichos países, que recibían atención médica en el hospital», según sus propias declaraciones.[5] A finales de 1996, La Rosa filtró información al diario La República sobre planes secretos denominados Bermudas, Narval y El Pino.[8]
El 17 de enero de 1997, Leonor La Rosa fue detenida. El 24 de febrero su esposo denunció su detención en un detallado informe donde no mencionó que La Rosa fuera torturada.[9] El 6 de abril de 1997, a través del programa Contrapunto se dio a conocer la denuncia de La Rosa donde alegaba haber sido detenida y torturada a fines de 1996 por otros miembros del Ejército Peruano para que confesara quién había filtrado a la prensa planes secretos para atentar contra políticos, un periodista, un abogado y un canal de televisión. Según la Defensoría del Pueblo del Perú, se señaló que los torturadores le quemaron las manos, las piernas y los brazos, sufriendo además una hemorragia nasal y otra vaginal, destacando la lesión a la médula espinal, que la mantuvo postrada en una silla de ruedas.[10]
Más adelante, Leonor La Rosa también acusó a miembros de dicha institución de ser los autores mediatos e inmediatos del asesinato de la agente Mariela Barreto Riofano.[11] Aunque en un principio La Rosa no afirmó haber sido violada, en el año 2002 hizo esta acusación.[9]
Tras las denuncias presentadas, en 1997, el Congreso de la República creó una Subcomisión Permanente Contra el Abuso de Autoridad para que se investigue el caso de tortura de la ex agente Leonor La Rosa.[12] Vladimiro Montesinos dispuso la detención del coronel Carlos Sánchez Noriega, el comandante Rafael Salinas y los oficiales Percy Salcedo y Ricardo Anderson por presuntamente estar implicados en el hecho. El 9 de mayo del mismo año, la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) condenó a 8 años de prisión a los imputados. El 24 de noviembre, la CSJM absolvió a Sánchez porque no participó en los interrogatorios y a Anderson por estar impedido de caminar durante el tiempo donde se desarrollaron los hechos.[13]
El gobierno peruano gestionó con el Instituto Nacional de Ortopedia de México el ingreso de La Rosa al referido instituto para su rehabilitación. El 25 de febrero de 1998, La Rosa solicitó su alta voluntaria expresando su disconformidad por ser ingresada al Instituto Nacional de Ortopedia y que deseaba ser atendida en Estados Unidos. El 24 de marzo, con el objetivo de poder reingresar a La Rosa al instituto, el doctor Heriberto Benítez (abogado de La Rosa) y la licenciada Alma Canseco visitaron a La Rosa. En dicha reunión, La Rosa denunció supuestos maltratos por parte del personal del instituto y acusó al Estado peruano de dar instrucciones al personal médico para dañarla. Además, solicitó que se le entregara un informe médico donde se señalara el diagnóstico, el tratamiento y el costo y duración del mismo; a cambio de la entrega del informe, aceptaría el reingreso. El traslado de La Rosa al instituto se dispuso para el 25 de marzo. El instituto comunicó a la licenciada Canseco que no atendería el pedido de La Rosa. El 25 de marzo, en respuesta a las cartas escritas por Benítez para obtener la información requerida para matricular al hijo de La Rosa y solicitar la pensión por invalidez, el licenciado Ponce de León (Primer Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos) manifestó que una vez La Rosa reingresara al instituto se le daría la información solicitada, además le comunicó la disposición de una ambulancia y una habitación para La Rosa. Ante esto, Benítez respondió que la información necesaria era para realizar gestiones orientadas a obtener mayor ayuda económica del Perú y tramitar una pensión de invalidez. Tras el infructuoso intento de reingresar a La Rosa al instituto, Benítez declaró ante la Defensoría del Pueblo que La Rosa se retiró del instituto por la negativa de los médicos de proporcionarle el diagnóstico y el tratamiento, además, informó que médicos particulares consultados manifestaron que el daño en la columna era irreversible y que era necesario que La Rosa fuera atendida en un instituto neurológico. El 31 de marzo, La Rosa fue atendida como paciente externa en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Luego de algunas gestiones (durante la cual se informó sobre la cooperación entre los institutos de neurología y ortopedia en caso se necesitara de especialistas), el 13 de abril, La Rosa recibió la información solicitada, observando ella que el nivel de su lesión era mayor al que figuraba en el reporte médico, que no controlaba los esfínteres y no podía mover el cuello, además de que el diagnóstico no llevaba la firma de algún médico. A pesar de las observaciones, La Rosa se comprometió a reingresar al instituto fijando el día y la hora (15 de abril a las 10 de la mañana). Sin embargo, en el día indicado, La Rosa se dirigió a las 8 de la mañana a la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura (ACAT). Los camilleros esperaron hasta las 12, pero La Rosa no regresó para ser trasladada al instituto. El 16 de abril, La Rosa manifestó inicialmente en una entrevista que no se acordaba de la cita aunque luego refirió que había ido al Instituto Nacional de Neurología para tener la opinión de algunos especialistas. Al ser cuestionada por la razón de por qué no se internaba en el Instituto de Neurología, La Rosa manifestó que dicha institución había recibido órdenes de la Sub Secretaría de Salud de no atenderla. En dicha entrevista, La Rosa manifestó que no estaba de acuerdo con el informe médico previamente entregado debido a algunas imprecisiones, que consideraba un engaño el informe médico y que no reingresaría al Instituto de Ortopedia, optando por el Instituto de Neurología. El 22 de abril, La Rosa informó a Benítez sobre un presunto intento de secuestro de sus hijos por parte de dos individuos de nacionalidad mexicana. El 24 de abril, la licenciada Canseco se entrevistó con la madre de La Rosa, quien le expresó que estaba "mal informada" y que no había pasado nada.[10]
En mayo de 1997, se solicitó levantar el cerco militar, luego que el juez Robinson Lozada Rivera recibiera una solicitud de habeas corpus a favor de la agente.[14]
En mayo de 1998, la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre el caso de La Rosa.[10] En diciembre del mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sacó su respectivo informe.[13]
En el 2002, La Rosa regresó al Perú de su asilo en Suecia para recibir una indemnización de 100 mil dólares. El gobierno de Alejandro Toledo también ofreció reconocer una pensión y atención hospitalaria permanentes.[15]
Durante las investigaciones, diversos políticos afiliados al fujimorismo trataron de menospreciar las denuncias de tortura y señalaron de falsas las afirmaciones de La Rosa, entre los acusantes figuran los ex congresistas Martha Chávez, Alfredo González y el abogado Mario Amoretti. En 2002, el diario La Razón, de tendencia derechista, realizó portadas de prensa en donde afirmaba que las torturas fueron hechas por la misma La Rosa y que no hubo responsabilidad de los militares ligados a Fujimori y Montesinos.[16]
Posteriormente, en el año 2003, los oficiales acusados de las torturas salieron en libertad. Según se supo, el día 19 de febrero de 1997, La Rosa llegó al Hospital Militar producto de una supuesta hemorragia vaginal producido por el estrés agudo tras haber sido detenida. Como la hemorragia no se detenía, tuvieron que realizarle un legrado uterino. Sin embargo, luego de la operación, ella dejó de respirar y tuvo un paro cardiorrespiratorio. Producto de la falta de oxígeno, el paro afectó su cerebro y con ello su movilidad.[9] Las señales de tortura que sufrió fueron producto de las marcas de las descargas eléctricas que se le aplicaron cuando sufrió el paro.[17]