Acuerdo del Lago Meech

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Busca fuentes: «Acuerdo del Lago Meech» – noticias · libros · académico · imágenes Este aviso fue puesto el 4 de septiembre de 2018.

El acuerdo del Lago Meech (en inglés Meech Lake Accord y en francés Accord du lac Meech) fue un proyecto fallido de reforma de la Constitución de Canadá pactado entre el gobierno federal, presidido por Brian Mulroney, y las diez provincias del país. Su contenido tenía un carácter descentralizador, y pretendía conseguir la ratificación de la Constitución en la provincia de Quebec y aumentar así el apoyo al federalismo en la provincia. El rechazo al acuerdo creó una crisis territorial y dio un mayor impulso al soberanismo quebequés, desembocando en el referéndum sobre la soberanía de 1995.

La provincia de Quebec sufrió grandes transformaciones económicas y sociales durante la década de 1960, que recibieron el nombre de revolución tranquila. El proceso dotó de más peso al sector público en la economía y supuso una liberalización cultural y política. Estos cambios trajeron como consecuencia un notable auge del nacionalismo quebequés, que denunciaba la situación desigual del Canadá francófono. ^[1]​Su éxito condujo a una amplia victoria del Partido Quebequés en las elecciones de 1976 y a cambios en el sistema de partidos de la provincia. Sin embargo, su principal propósito, transformar Quebec en un estado soberano asociado con Canadá, fracasó estrepitosamente en un referéndum celebrado en mayo de 1980.

En octubre de ese año, el primer ministro Pierre Trudeau, de ideología federalista, anunció su propósito de «repatriar» la Constitución de Canadá. El texto constaba de una serie de leyes y convenciones que aún requerían la aprobación del Parlamento británico para su reforma. ^[2]​ Este proceso formaba parte de sus promesas de campaña en el referéndum, e incluía la aprobación de una carta de derechos fundamentales. ^[3]​Para ello, se convocó una Conferencia Constitucional en 1981, que alcanzó un acuerdo la noche del 4 de noviembre. Ese pacto constituyó la base de la Ley sobre la Constitución de 1982, instrumentada como una enmienda de la Ley sobre la Norteamérica Británica. ^[4]​

Sin embargo, el pacto de enmienda no contó con la participación ni el apoyo de Quebec. Su gobierno nacionalista denunció la madrugada en la que se llegó el acuerdo como una noche de los cuchillos largos. Por ello, el primer ministro René Lévesque y la Asamblea Nacional de Quebec rechazaron su ratificación. Además, la provincia impugnó la constitucionalidad del procedimiento, basándose en una sentencia de la Corte Suprema de Canadá que reconocía el derecho a consulta vinculante de las provincias en los procesos de reforma constitucional. ^[5]​ En respuesta a dicho recurso, el alto tribunal dictaminó que Quebec carecía de la legitimación jurídica y constitucional para vetar la reforma. ^[6]​Como la sentencia fue publicada durante la tramitación de la reforma en el Parlamento británico y poco antes de su promulgación, Quebec fue la única provincia canadiense que no apoyo el proceso de “repatriación”.

Una serie de cambios de gobierno en Canadá y Quebec favorecieron la posibilidad de un acuerdo para zanjar la controversia. A nivel federal, los liberales sufrieron una gran derrota frente al líder conservador Brian Mulroney. Este prometió integrar a Quebec en la Constitución «con honor y entusiasmo»,^[7]​ con un modelo territorial cooperativo y proclive al diálogo con las provincias. ^[8]​ Esta postura condujo a una división entre nacionalistas ortodoxos y posibilistas en Quebec. Como consecuencia, René Lévesque, que había apoyado las negociaciones con Mulroney, presentó su dimisión. Tras elecciones anticipadas, el Partido Liberal de Quebec, liderado por Robert Bourassa, puso fin a ocho años de gobierno del Partido Quebequés y condujo a una postura más posibilista. ^[9]​

En su programa electoral, Bourassa establecía cinco demandas clave para que Quebec “entrara” dentro de la Constitución. Estas incluían el reconocimiento de veto constitucional a la provincia, competencias compartidas en materia de inmigración, consulta y participación en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo procedentes de Quebec, límites al gasto público federal en materias de competencia provincial, o el reconocimiento de Quebec como una sociedad distinta dentro de Canadá. ^[10]​Estas condiciones fundamentaron el inicio de negociaciones entre ambos gobiernos y su satisfacción se estableció como un requisito para iniciar un proceso de reforma constitucional en agosto de 1986. ^[11]​

El acuerdo fue negociado el 30 de abril de 1987 en una reunión entre Mulroney y los primeros ministros provinciales en la Casa Willson, a las orillas del lago Meech, situado en las Colinas de Gatineau (cercanas a Ottawa). Las negociaciones tuvieron lugar de forma directa entre los diferentes líderes, sin asistencia de asesores. Los participantes aceptaron las cinco demandas del gobierno de Quebec y añadieron un acuerdo para reformar el sistema de elección del Senado de Canadá. Las conclusiones acordadas fueron: ^[12]​ ^[13]​

1. Un mandato a todas las autoridades federales y provinciales para comenzar el proceso de reforma constitucional.
2. Otorgar competencias compartidas a la provincia de Quebec en cuanto a selección de inmigrantes y refugiados y cuotas de inmigración, y la eliminación de los servicios federales de inmigración en Quebec, salvo en materia de nacionalidad.
3. Permitir acordar con otras provincias idénticos repartos competenciales.
4. Establecer, hasta una reforma total del Senado, que el nombramiento de senadores provenga de listas propuestas por las provincias y dictaminadas favorablemente por el Consejo Privado de la Reina, en vez de por designación directa del primer ministro.
5. El reconocimiento de la francofonía como un hecho diferencial de Canadá, sin perjuicio del papel de las personas anglófonas en la sociedad canadiense y en la de Quebec.
6. El establecimiento de una cuota de al menos tres miembros de la Corte Suprema provenientes de Quebec y el nombramiento de nuevos jueces a propuesta de las provincias, en vez de por designación directa del primer ministro.
7. El reconocimiento de compensación económica a las provincias que decidan no ejecutar programas federales que afecten a competencias propias, siempre y cuando desarrollen programas con fines idénticos en ejercicio de sus competencias.
8. El establecimiento de conferencias sectoriales en materia económica.
9. Un nuevo procedimiento de reforma constitucional cualificada por unanimidad en una serie de materias como la Jefatura del Estado, los límites provinciales, la admisión de nuevas provincias, el reparto de representantes en la Cámara de Comunes o la elección del Senado, entre otras.
10. La convocatoria de conferencias constitucionales de carácter anual desde 1988 para la reforma del Senado, el establecimiento de la política pesquera y cuantas otras materias se acuerden.

El acuerdo causó sorpresa por la rapidez con la que las partes lo alcanzaron. Ello dificultó la fijación de estrategias por los distintos grupos de presión. ^[14]​Las principales fuerzas políticas de Canadá (Partido Progresista Conservador, Liberal y Nuevo Partido Democrático) manifestaron su apoyo a los términos pactados. ^[15]​

La oposición vino principalmente del ex primer ministro Pierre Trudeau. Trudeau criticó duramente el acuerdo en una carta publicada en los periódicos Toronto Star y La Presse el 24 de mayo de 1987. ^[16]​La misiva denunciaba el oportunismo de los firmantes y abordaba los peligros del acuerdo. Según la pieza, la reforma constitucional permitía dividir Canadá en dos sociedades irreconciliables, o limitar la eficacia de los derechos fundamentales bajo premisas nacionalistas. De esta forma, la federación de Canadá quedaba profundamente debilitada y a merced de las provincias.

La postura de Trudeau actuó como un vehículo para la organización de otras personas opuestas al Acuerdo. Además, las contradicciones que evidenció crearon debates en grupos favorables al el pacto constitucional, como las minorías étnicas, los grupos nativos y los colectivos feministas. Asimismo, el Partido Liberal quedó dividido, debilitando el liderazgo del ex primer ministro John Turner. ^[17]​

La intervención de Trudeau en el debate alargó las negociaciones sobre la versión final del acuerdo. El acto de firma tuvo lugar el 2 de junio de 1987. Pese a estar previsto como un evento ceremonial, se convirtió en una negociación de 19 horas. ^[18]​

Los primeros ministros de Manitoba y Ontario intentaron conseguir cambios en los términos pactados. En el caso de Manitoba, se buscó garantizar un mayor peso del gasto público federal. Por su parte, Ontario intentó moderar también las referencias al hecho diferencial francófono. El primer ministro era el único miembro del Partido Liberal de la Conferencia, y su partido era cada vez más crítico con lo acordado. Ambos líderes intentaron negociar de manera conjunta para evitar que sus provincias fueran acusadas de haber roto el pacto.^[19]​

El resto de líderes se reafirmaron en lo acordado frente a la intromisión de Trudeau en las negociaciones.^[20]​Pese a todo, hubo cambios en los términos de la reforma constitucional. Se garantizó que el reconocimiento de Quebec como sociedad diferenciada no afectaría a la eficacia de los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente. Además, se añadieron salvaguardas adicionales a los derechos de las minorías y de los grupos nativos. El gasto público federal en materias de competencia provincial quedó más restringido en la versión final del acuerdo. ^[21]​

La votación final tuvo lugar de madrugada y rompió con el protocolo, al no seguir el criterio de antigüedad en la Federación a la hora de votar. Finalmente, Manitoba y Ontario dieron su consentimiento al nuevo acuerdo. ^[22]​^[21]​En la ceremonia de firma, el primer ministro de Quebec, Robert Bourassa, anunció entre aplausos que su provincia volvía a ser parte de Canadá. ^[23]​

Los defensores del Acuerdo aludían a su simplicidad y a su capacidad para fortalecer el sistema territorial canadiense sin cambiarlo radicalmente. Robert Bourassa demandaba reparar la "herida al corazón" que había supuesto la exclusión de Quebec de la reforma constitucional de 1982. El Acuerdo facilitaría la integración de la provincia en el pacto constitucional para el funcionamiento regular de las instituciones. ^[24]​El resto de provincias aceptaban esta premisa y consideraban que el acuerdo sería un primer paso para la plena integración institucional de Quebec y una posterior reforma constitucional más profunda.

Para Brian Mulroney, la reforma del Senado y la Corte Suprema permitía una mayor participación política en decisiones que hasta entonces eran unilaterales. De esta manera, se reducía el poder ejercido por el primer ministro de Canadá. ^[25]​En declaraciones de Mulroney al Toronto Star, se planteaba una dicotomía entre «un viejo federalismo enfrentado, o [...] un auténtico federalismo cooperativo sobre el que construir un nuevo país». ^[26]​

En otros aspectos, como los relativos al hecho diferencial y sus consecuencias, se argumentó que la reforma constitucional codificaba lo que ya era un hecho sociológico o una práctica judicial o política asentada.^[27]​^[28]​

Las críticas se centraron en el proceso y en los acuerdos alcanzados. El procedimiento se criticó por opaco y antidemocrático. Los términos de reforma se acordaron directamente por los ejecutivos provinciales y el primer ministro, y se presentaron a las asambleas legislativas como una imposición. Algunos miembros de la academia interpretaron el acuerdo como un pacto entre elites incompatible con el carácter democrático de Canadá. ^[29]​A ello contribuyó la ausencia de debates o consultas públicas previas, salvo en Quebec.

Las reformas pactadas se cuestionaron por sus implicaciones. En concreto, el hecho diferencial quebequés fue una cuestión polémica. Se criticó su potencial para crear un federalismo asimétrico. También creó preocupación el riesgo de tensiones entre las comunidades anglófonas y francófonas del resto de Canadá. Además, el carácter jurídicamente vinculante del reconocimiento se consideró debilitador de la eficacia de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades, si se consideraba contraria a la cultura quebequesa.

Otro colectivo crítico con la reforma pactada fue el de los grupos aborígenes, que fueron excluidos de plano del proceso de reforma. ^[30]​

Por su parte, varias regiones mostraron su descontento por distintas causas. En el Oeste de Canadá y en las provincias atlánticas, se criticó el aplazamiento de la reforma del Senado, que posteriormente requeriría unanimidad. Al mismo tiempo, el nacionalismo quebequés consideraba que el reconocimiento como sociedad distinta no iba suficientemente lejos por tener carácter simbólico y no acompañarse de más cesiones de soberanía.

La reforma constitucional estaba regulada por el artículo 41 de la Ley de la Constitución de 1982, al modificar el procedimiento de reforma de la propia Constitución. Para cambiar el procedimiento de reforma, se requería la ratificación de la reforma por la Cámara de los Comunes, el Senado y todas las asambleas legislativas de dos tercios de las provincias que representaran, según el último censo vigente, a más de la mitad de la población de Canadá. Además, se establecía un marco temporal para la ratificación de tres años a contar desde la resolución de inicio del procedimiento de reforma. ^[31]​

Los primeros ministros firmantes se comprometieron a conseguir la aprobación del acuerdo lo antes posible. El parlamento de Quebec fue el primero en cumplir dicha promesa el día 23 de junio de 1987. Como consecuencia, todas las condiciones para la eficacia y validez del procedimiento debían cumplirse el 22 de junio de 1990. Saskatchewan ratificó la enmienda el 23 de septiembre de 1987, y Alberta el 7 de diciembre de ese mismo año. ^[32]​

Tras el fin del plazo de consulta pública, el primer ministro de Nuevo Brunswick, el conservador Richard Hatfield, no logró la toma en consideración del Acuerdo en la asamblea legislativa provincial, pese a una fuerte presión de Mulroney. ^[33]​Su partido perdió toda representación parlamentaria en las elecciones de octubre de 1987 tras una aplastante victoria liberal. El nuevo primer ministro, Frank McKenna, hizo campaña pidiendo cambios en los términos de la reforma constitucional. En concreto, demandó que la enmienda garantizara la protección del bilingüismo en Nuevo Brunswick como condición para su ratificación. Esto rompió el consenso unánime de las provincias y comenzó el estancamiento del proceso de reforma.

A este cambio se sumó una convocatoria inesperada de elecciones en Manitoba después de que un diputado frustrado acabara con la ajustada mayoría absoluta del Nuevo Partido Democrático. Los comicios dieron paso a un gobierno en minoría del Partido Progresista Conservador, sin oposición del NDP. La líder de la oposición, la liberal Sharon Carstairs, se oponía con vehemencia al Acuerdo, y estaba convencida de poder armar una mayoría transversal con diputados de todos los partidos para tumbarlo. ^[34]​Esto debilitó la posición negociadora del gobierno provincial, al requerir el consentimiento de las tres fuerzas políticas con representación. ^[35]​

Trudeau fue invitado a participar en las comparecencias monográficas sobre la reforma constitucional en la Cámara de los Comunes y el Senado. Esta última intervención duró varias horas. Además, la cámara alta, compuesta por miembros nombrados por Trudeau antes de 1984, rechazó la enmienda constitucional. Como consecuencia, se debió aplicar el artículo 47 de la Ley de la Constitución, y la Cámara tuvo que levantar el veto del Senado.

El Acuerdo no tuvo mucho peso en la campaña electoral de 1988 al contar con un respaldo unánime de todos los partidos. En su lugar, el tema más contencioso fue el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. De cara a los comicios, se formó una alianza entre los gobiernos de Quebec y Canadá en favor del TLC. Esta produjo una erosión del apoyo a la reforma constitucional entre la intelectualidad de izquierda. ^[36]​Además, creó tensiones en Manitoba, y redujo el entusiasmo del NDP a nivel provincial respecto al Acuerdo.

Poco después de las elecciones de 1988, la Corte Suprema de Canadá emitió la sentencia Ford contra Quebec. El fallo pretendía resolver varios litigios relativos a las reglas de rotulación monolingüe impuestas por la Carta de la Lengua Francesa del gobierno de Quebec. El alto tribunal declaró la nulidad de las disposiciones relativas a la prohibición del rotulado en inglés, al considerarlas una violación de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades. ^[37]​Al mismo tiempo, reconoció a los poderes públicos la capacidad de restringir el ejercicio de los derechos fundamentales para proteger la identidad francesa en Quebec, por ser un objetivo "urgente y real" de intervención pública. ^{[nota 1]}​

La sentencia reavivó las tensiones sobre el modelo lingüístico en Quebec. Mientras que su contenido fue celebrado por el colectivo anglófono, el Partido Quebequés y otros grupos nacionalistas exigieron al gobierno Bourassa que aplicara la cláusula derogatoria de la Ley de la Constitución de 1982 para restablecer la vigencia de la Carta de la Lengua por encima del fallo judicial. Tanto Mulroney como el gobierno de Ontario presionaron a Bourassa para que no aplicara la cláusula. Por su parte, el ministro nacionalista Claude Ryan amenazó con dimitir si el gobierno de Quebec rehusaba aplicar la disposición.

Bourassa no solo usó la disposición derogatoria de la Constitución, sino que presentó una propuesta de ley para prohibir la rotulación exterior en inglés de forma expresa. Esto provocó la dimisión de cuatro ministros anglófonos de su gabinete e indignación en el resto del Canadá angloparlante. El primer ministro de Manitoba Gary Filmon denunció la iniciativa como una violación del espíritu del Lago Meech. Asimismo, canceló el trámite de consulta pública para la enmienda constitucional y supeditó su toma en consideración a una nueva ronda de negociaciones. De esta forma, Manitoba se sumó a Nuevo Brunswick en su oposición al pacto. ^[38]​Además, el Partido Liberal adoptó una postura dura respecto al modelo lingüístico de Quebec tras comprobar que su apoyo al Acuerdo no mejoró sus resultados electorales. En este sentido, el gobierno de Mulroney contaba con ministros que apoyaban expresamente la rotulación monolingüe, como Lucien Bouchard.

Las posibilidades de éxito del proceso de reforma se redujeron tras una victoria liberal en la provincia de Terranova en 1989. El nuevo primer ministro Clyde Wells había hecho campaña contra el Acuerdo. Denunciaba el nuevo proceso de reforma constitucional propuesto, las limitaciones presupuestarias impuestas al gobierno federal, y el trato preferencial otorgado a Quebec por su hecho diferencial. El gobierno provincial exigió una nueva ronda de negociaciones. Cuando estas comenzaron en noviembre de 1989, se produjo una bronca discusión televisada entre Wells y Brian Mulroney. ^[39]​^[40]​

Al mismo tiempo, los argumentarios políticos comenzaron a poner el foco en las consecuencias del fracaso de la reforma constitucional. Este enfoque aumentó la polarización entre la comunidad anglófona y la francófona. Como resultado, varios colectivos anglófonos impulsaron la aprobación de ordenanzas municipales prohibiendo la prestación de servicios en francés a las comunidades francófonas.^[41]​Las protestas de estos grupos recibieron gran atención mediática en Quebec. En concreto, se hicieron polémicas unas imágenes de manifestantes pisando una bandera de Quebec en Brockville (Ontario). ^[42]​

Cuando llegó el momento de debatir el acuerdo en la Asamblea Nacional de Quebec (último paso para acabar el proceso), el independentista Parti Québécois se opuso al mismo. El apoyo de los diez premiers provinciales implicó asimismo un respaldo mayoritario de los canadienses al acuerdo, según las encuestas iniciales; sin embargo, los resultados de esas mismas encuestas de junio de 1990 mostraban un rechazo absoluto del mismo. El descenso de apoyo se atribuyó al concepto de “sociedad distinta”, entendido por el Canadá anglófono como el reconocimiento de un “estatus especial” a Quebec. Al mismo tiempo, el uso por parte del primer ministro de Quebec Robert Bourassa de la Trigésimocuarta Enmienda de la Constitución canadiense (la llamada “cláusula derogatoria”, que permite el no cumplimiento de otras disposiciones en determinados casos) para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Canadá de declarar inconstitucionales partes de la Carta de la Lengua Francesa de Quebec (en concreto, las referidas a la rotulación en establecimientos) fue considerado como una provocación por muchos federalistas canadienses, sobre todo del Canadá anglófono (a pesar de ser una medida totalmente legal).

A medida que se acababa el plazo, comenzó a romperse el consenso. La presión de los votantes puso a muchos primeros ministros, sobre todo del oeste de Canadá, contra las cuerdas. El apoyo o no al acuerdo se convirtió en materia electoral: en Nuevo Brunswick, la victoria liberal implicó la revocación del apoyo dado por el anterior gobierno conservador al acuerdo. Ocurrió lo mismo en Terranova.

Unos pocos meses antes de la fecha límite para llegar a un acuerdo, una comisión liderada por el ministro Jean Charest recomendó algunos cambios al mismo. Esto provocó el abandono del partido de múltiples figuras reconocidas, como Lucien Bouchard, que había servido en el gabinete Mulroney en diversos cargos de responsabilidad. Su unión con otros liberales desencantados desembocó en la creación del Bloc Québécois (representante del soberanismo quebequense a nivel federal).

El más presionado fue, supuestamente, Robert Bourassa. El acuerdo, que era el mínimo exigible de muestra del compromiso federal con Quebec para el 80% de la población, supondría una gran derrota para Bourassa si su contenido y alcance se redujeran.

La situación provocó una reunión de ministros el 3 de junio de 1990 (20 días antes del tope). Tras una semana de negociaciones, se acordó una ronda de conversaciones más antes de ratificar el acuerdo. Todos los primeros ministros, incluido el de Newfoundland, que defendió sin embargo un referéndum, estuvieron de acuerdo en firmar el “nuevo” pacto, que incluía el compromiso de reformar el Senado antes del 1 de julio de 1995. La cámara alta sería electa por voto popular en vez de por el primer ministro, tendría más influencia sobre la Cámara de los Comunes y sería más representativa, estableciendo un número de senadores por provincia de no llegar a acuerdo sobre la materia. El paquete de reformas incluía además un debate mucho más amplio (competencias provinciales para nombrar senadores, diálogo sobre temas relacionados con los aborígenes, regulación del proceso de creación de provincias y una nueva fórmula para enmendar la Constitución).

El primer ministro de Terranova, Clyde Wells, declaró a este respecto:

“Este proceso de reforma constitucional no debe ser seguido nunca más. Es imposible para once primeros ministros tomar unas decisiones tan importantes y que exigen tanta deliberación, y es más que injusto tener a un primer ministro que toma decisiones en secreto que afectan a tantas personas, sin decir a 26 millones de canadienses qué hay en juego y qué normas estamos siguiendo para cambiar todo”.

Nuevo Brunswick aceptó el nuevo acuerdo y su premier recorrió el país para anunciar su apoyo al proyecto.

En Manitoba, sin embargo, la cosa no fue tan sencilla. A pesar de las constantes protestas indígenas, la asamblea legislativa de la provincia determinó aprobarlo. La decisión en la cámara debía ser unánime para evitar la vía de la consulta, y el cuórum se rompió cuando el diputado Elijah Harper levantó una pluma de águila para mostrar su oposición. Harper apoyaba el referéndum como manera de consultar a las Primeras Naciones, aisladas del proyecto.

A pesar de crear una ley para permitir que Manitoba tuviese más tiempo (tres meses y la posibilidad para Quebec de reconsiderar su decisión), Newfoundland determinó anular la votación que se iba a llevar a cabo en la Asamblea provincial, porque el resultado sería contrario al deseado. El acuerdo había muerto.

La derrota del acuerdo se notó sobre todo en Quebec. En un discurso a la Asamblea Nacional de Quebec dado momentos después del fracaso del acuerdo, Bourassa expresó el sentimiento nacionalista del momento:

“...el Canadá inglés ha de entender que, haga lo que haga o diga lo que diga, Quebec es, hoy y siempre, una sociedad distinta que es libre y capaz de asumir el control de su destino y desarrollo”.

Este discurso y otras acciones de Bourassa dieron a los quebequenses la impresión de que los liberales estaban abiertos a todas las opciones, incluida la convocatoria de un referéndum sobre la independencia. Las encuestas en este momento mostraban una mayoría a favor de la soberanía-asociación. La consecuencia de esto fue la creación del llamado Informe Allaire y la promesa de celebrar un referéndum sobre la soberanía o sobre un nuevo acuerdo constitucional en 1992.

El primer ministro de Ontario, el conservador-progresista David Peterson, había sido una figura clave a la hora de crear el acuerdo y continuó apoyándolo a pesar de la creciente oposición. Esto provocaría inquietud en su propia provincia. A pesar de que los medios de comunicación no hicieron mucho hincapié en la relación de Peterson con el acuerdo, el gobierno federal estaba lidiando directamente con las consecuencias de no aprobarlo. Por tanto, y con este tema por bandera, el electorado, convocado por él mismo en 1990, lo derrotó y eligió por primera vez al candidato del NDP Bob Rae.

La popularidad de Mulroney se desplomó. La manera de manejar el acuerdo fue muy criticada y los exhaustivos e interminables debates sobre el tema desembocaron en una total incertidumbre en el tema de la reforma constitucional.

En noviembre de 1990, Mulroney decidió contar con la voluntad de los canadienses a través de la convocatoria del Foro de los Ciudadanos sobre la Unidad Nacional. Este foro es más conocido como la Comisión Spicer, pues su líder era Keith Spicer.

Tras una serie de conferencias constitucionales y gracias a los esfuerzos del ex primer ministro Joe Clark, se logró llegar a un nuevo acuerdo, el acuerdo de Charlottetown, que incluía, aparte del paquete de reformas constitucionales, la intención de dialogar sobre el problema étnico con las Primeras Naciones. Este último acuerdo fue sometido a referéndum, con una mayoría en contra en casi todas las provincias, incluyendo Quebec.

• Esta obra contiene una traducción 25 de mayo de 2024 derivada de «Meech Lake Accord» de Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.

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