Presidencia de Carlos Menem

Año[3]​	Crecimiento del PIB
1989	−7 %
1990	−1,3 %
1991	10,5 %
1992	10,2 %
1993	6,3 %
1994	5,8 %
1995	−2,8 %
1996	4 %
1997	8,1 %
1998	3,8 %
1999	−3.4 %

El principal problema que debió enfrentar al asumir la presidencia fue el de una economía en crisis con hiperinflación y en una profunda recesión. En el marco de la fuerte espiral hiperinflacionaria que azotaba a la Argentina desde los últimos años de Alfonsín, Menem se reunió en mayo de 1989 con el directorio del^{[aclaración requerida]} económico, Bunge y Born, a pocos días de haber ganado las elecciones. El nuevo ministro de Economía, Miguel Ángel Roig, se desempeñaba hasta ese momento como vicepresidente ejecutivo general de Bunge & Born, y a partir de su designación se dedicó a diseñar el denominado "Plan BB". Ante el súbito fallecimiento de Roig, Carlos Menem nombró como sucesor al vicepresidente de Bunge & Born, Néstor Rapanelli. El gobierno adoptó parcialmente los principios del Consenso de Washington, para esto introdujo una serie de reformas liberales: se desreguló la economía, reduciendo cupos, aranceles y prohibiciones de importaciones, se estableció la libertad de precios y se produjo la privatización de numerosas empresas estatales.

Con la aprobación de la Ley de Reforma del Estado en agosto de 1989, fue autorizado a privatizar varias empresas estatales. Las primeras privatizaciones fueron las de la empresa telefónica Entel y la de Aerolíneas Argentinas. Las privatizaciones se realizaron rápidamente buscando conseguir con ello réditos mediáticos que instalaran la idea de la voluntad reformista del gobierno.

En manos privadas, el servicio de telefonía en Argentina se modernizó, haciéndose mucho más fácil obtener una línea de teléfono que en los 80 podía alcanzar listas de espera de hasta 3 años. ^[5]​

Tras la privatización la cantidad de líneas aumentó un 113 % (entre 1990 y 1999)^[4]​ a tal punto que debió modificarse el Plan de Numeración Nacional, para afrontar la alta demanda de nuevos números y características por zona.

Se privatizaron también la red vial, los canales televisivos (con la excepción de ATC, hoy Canal 7), gran parte de las redes ferroviarias, YPF y Gas del Estado.

A pesar de los ingresos generados por las privatizaciones, la situación económica se mantenía convulsionada y en diciembre de 1989 se produjo una segunda hiperinflación. En reemplazo de Rapanelli asumió como Ministro de Economía Erman González, quien impulsó el Plan Bonex (abreviación de BONos EXternos), que consistió en la confiscación de los depósitos a plazo fijo y un cambio de los mismos por bonos de largo plazo en dólares.^{[cita requerida]} Así mismo, restringió fuertemente la emisión monetaria y redujo el gasto social. Este plan agravó la recesión económica, pero sirvió para reducir la inflación. Se produjo el cierre de unidades productivas que, en algunas ramas de la actividad, como la textil, fueron masivas, con la subsecuente pérdida de puestos de trabajo.^[6]​ En desacuerdo con el mismo, renunció el secretario de Gestión Económica y virtual viceministro de Economía Eduardo Curia.^[7]​ El Bonex, sin embargo, logró reducir la inflación que terminó en 1990 en 2314 % anual y disminuyó hasta llegar a valores cercanos al 5 % mensual en el último trimestre del año. La balanza comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario. Las exportaciones superaron en un 34 % a las del año anterior, mientras que las importaciones solo fueron un tercio de aquellas. Para 1991 se llevó adelante la eliminación de la actualización monetaria o desindexación, para evitar que se trasladara hacia adelante la inflación pasada.

En enero de 1991 renuncia Erman González y Menem designa como ministro de economía a Domingo Cavallo, quien estableció la Ley de Convertibilidad. Este esquema incluyó la creación de un nuevo signo monetario: el peso convertible, que comenzó a circular en el país desde el 1 de enero de 1992, y reemplazó a la entonces vigente moneda nacional, el austral, con una equivalencia de 1 peso a 10 000 australes. Bajo este sistema, el Banco Central estaba obligado a respaldar con sus reservas una relación de cambio en la que un dólar valía lo mismo que un peso; de esta forma, se restringía la emisión de billetes como medio de financiamiento del Estado. La aplicación del régimen de convertibilidad se prolongó hasta la crisis argentina de fines de 2001 y comienzos de 2002.

En los servicios públicos, las privatizaciones produjeron mejoras de calidad en algunos rubros (electricidad y telefonía, entre otros)el número de usuarios con agua potable y cloacas decrecía mientras que luego de la privatización el número incrementó velozmente.^[8]​ mientras que en otros el impacto fue negativo, como en los transportes ferroviarios, este último en particular por el cierre masivo de los servicios de pasajeros de larga distancia. Si bien los servicios de trenes privatizados urbanos del área metropolitana y cargas en general registraron leves mejorías, finalmente con la crisis de 2001 y la posterior devaluación de la moneda desnudaron las frágiles condiciones contractuales que llevaron a las empresas a la quiebra, el posterior vaciamiento de su infraestructura y finalmente a un deterioro del servicio en parte sostenido por subsidios.

Todas estas medidas en su conjunto lograron una estabilidad económica sin inflación significativa que ofreció un clima favorable para el surgimiento de inversiones y el ingreso de capitales desde otros países, produciéndose un marcado crecimiento del producto interno bruto (PIB). La estabilidad económica lograda durante el primer mandato de Menem lo impulsaron a su reelección en 1995 con casi el 50 % de los votos. La mejora fiscal sirvió para lograr el acuerdo del plan Brady (con los acreedores externos). El PBI aumentó un 50 % en 10 años y llegó a 288 194 millones de dólares en 1998. Producto de políticas macroeconómicas consistentes desde el primer trimestre de 1990; sobre 39 trimestres 30 mostraron expansión económica, revirtiendo la historia de los 15 años previos de estancamiento.^[9]​ Tras la salida de Cavallo, y el ingreso de Roque Fernández, se redujo el déficit fiscal llagando al equilibrio presupuestario para 1995 del orden de un superávit del 0,3 % del PBI, manteniéndose en números positivos hasta 1998.^[10]​

Evolución de los indicadores laborales (1989-1999)^[11]​

Año	Salario real (base 1970=100)	Desempleo	Trabajo no registrado
1989	64.86	7.1	32.5
1990	77	6.3	28.3
1991	80	6	30.6
1992	84	7	30.2
1993	89	9.3	31.4
1994	90.18	12.1	28.6
1995	83.51	16.6	32.2
1996	79	17.3	34.6
1997	78	13.7	36.3
1998	80	12.4	37.1
1999	78	13.8	37.6

Sin embargo, el crecimiento económico estuvo caracterizado por el incremento del sector de servicios y agropecuario. Al asumir Menem el gobierno, los valores de desocupación y subocupación habían alcanzado picos históricos (8,1 % y 8,6 % de la población económicamente activa, respectivamente) en mayo de 1989. Luego de un período de lenta disminución (6,9 % y 8,3 % en mayo de 1992), el desempleo y el subempleo volvieron a crecer durante la crisis del Tequila, hasta alcanzar un pico de 18,4 % y 11,3 % en mayo de 1995, tras lo cual bajaron levemente hasta 12,4 % y 13,6 % en octubre de 1998. Para el final de su gobierno, estas cifras eran de 13,8 % y 14,3 %.

Hacia 1997 y 1998 la pobreza había afectado a más del 36 % de la población (13,4 millones de personas, se encontraban bajo la línea de pobreza). En tanto que el 8,6 % (3,2 millones de personas) vivían en la indigencia. En las regiones del noroeste, nordeste y Cuyo la pobreza superaba el 50 % de la población y la indigencia rozaba el 20 %.^[12]​

Entre fin de 1989 y 1995 la deuda pública neta del Estado Nacional bajó 3765 millones de USD, de 96 472 millones a 92 707 millones,^[13]​ pero esta tendencia se revirtió al final de su mandato cuando la deuda externa aumentó^[13]​ hasta 145 USD 000 millones en el 2000.^[14]​

En resumen su plan económico que es atribuido al neoliberalismo por muchos autores. Esta vez, la privatización de los servicios públicos fue el principal objetivo del gobierno; aunque también se volvieron a implementar la desregulación financiera y las fronteras abiertas a los bienes extranjeros^{[cita requerida]}. Si bien algunas privatizaciones fueron bienvenidas, la mayoría de ellas fueron criticadas por no estar en el mejor interés de la gente. Junto con una mayor flexibilidad en el mercado laboral, el resultado final de este plan fue una tasa de desempleo del 18,3 %^[15]​ y el 54 % de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza.^[16]​ Como conclusión, algunos sectores del liberalismo argentino consideran que Menem fue lo más cercano a un Gobierno liberal que pudo haber tenido el país desde 1945 en adelante. Otros, en cambio, sostienen que, más allá de algunas medidas de corte liberal, el Gobierno de Menem, en todo caso, se ha parecido más a un capitalismo de amigos. La revolución liberal que ayudó a superar la hiperinflación argentina de 1989-1990 fue una experiencia que duró muy poco. Una vez superada y a poco de ingresar grandes cantidades de inversiones extranjeras, gracias a las privatizaciones, el país siguió con su costumbre de mantener un gasto público descontrolado, junto a un fuerte endeudamiento, emisión monetaria y corrupción.^[17]​

En el marco de la fuerte espiral hiperinflacionaria que azotaba a la Argentina, Menem se reunió el 23 de mayo de 1989 con el directorio del grupo económico, a pocos días de haber ganado las elecciones. Propusieron un modelo económico basado en los postulados del economista estadounidense Lawrence Klein, y la inversión de US$ 3.500.000.000 por parte de los conglomerados empresariales. Para B&B, propietaria de 89 compañías en ese momento,^[18]​ significó la posibilidad de alcanzar el liderazgo en el país frente a Pérez Companc. La designación de Roig a cargo de la cartera de economía fue anunciada por Menem el 30 de mayo, finalizando la disputa interna que existía con el economista Domingo Cavallo, quien sería designado entonces Canciller. Asimismo, el macroeconomista asesor de Menem Eduardo Curia sería designado secretario de Gestión Económica y virtual viceministro de Economía.^[19]​

El 19 de junio, Roig anunció su plan económico, con medidas tales como elevar el valor del dólar y fijarlo en un determinado precio, crear una nueva moneda, hacer autónomo al Banco Central, refinanciar la deuda interna en títulos y bonos de manera compulsiva, emitir líneas de crédito blandas y dar un shock productivo, favoreciendo las exportaciones, flexibilizando el trato a la inversión extranjera y privatizando servicios a cargo del Estado. En cuanto a la creciente deuda externa, se negociaría la postergación del pago de intereses a cambio de facilidades a bancos privados para capitalizar la deuda externa.^[20]​ El 24 de ese mes, el economista designó a Javier González Fraga como futuro presidente del Banco Central.

En los siguientes días, Roig anunció la suba de salarios (una promesa electoral de Menem, divulgada como Salariazo), así como del precio de la nafta, al tiempo que presentó al Congreso Nacional el proyecto de Ley de Emergencia Económica y se reunió con los grupos empresarios para intentar poner un freno a la inflación, negociando la firma de una tregua de precios. Juró como Ministro de Hacienda el 9 de julio de 1989, y murió el 14 del mismo mes en su automóvil, como consecuencia de un infarto,^[21]​ el día en que se proponía concretar el acuerdo de precios con los grupos empresariales, que sería firmado dos días después.^[22]​

Lo sucedió en el cargo el vicepresidente de Bunge & Born: Néstor Rapanelli.

Ante los problemas inflacionarios y el abultado monto de la deuda externa, el 11 de septiembre se logró destrabar una serie de créditos del Banco Mundial, al tiempo que se consiguió que la entidad apoyara los procesos de privatización de servicios públicos encaradas en el marco de la Ley de Reforma del Estado. El 15 de ese mes, Rapanelli firmó junto a Roberto Dromi que en el marco de las privatizaciones las empresas públicas ENCoTel, Ferrocarriles Argentinos y Yacimientos Carboníferos Fiscales permanecerían cerradas a partir del 1 de enero del año siguiente.^[23]​

El 20 de septiembre Rapanelli informó al Congreso Nacional sobre las bases del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se ajustarían los salarios de manera semestral de acuerdo a la inflación prevista, se firmaría en el plazo de una semana un crédito stand by por US$ 1500 millones, Argentina destinaría a lo largo de 1990 US$ 3500 millones a pago de intereses de su deuda externa, se llevaría adelante la reforma impositiva y se daría al PBI un crecimiento del 4,5% en el año a comenzar.^[24]​

Sin embargo el período de Bunge & Born dentro del gobierno tuvo una corta vida y su final lo determinó la segunda hiperinflación, que se desató después de una nueva devaluación en diciembre de 1989. Su renuncia el 18 de diciembre de 1989 marcó el final del Plan BB.

Ante el fracaso del Plan BB, Menem designa al frente de la cartera de Economía a Antonio Erman González. La situación económica con la que se encontró el Ministro González era la de una persistente acumulación de deuda interna, con la colocación indiscriminada por parte del gobierno nacional de títulos públicos con intereses gravosos y una creciente acumulación de atrasos en pagos a proveedores, contratistas de obras, y deudas con los beneficiarios del sistema previsional. Para diciembre de 1989, los depósitos a plazo fijo a 30 días se pactaban con tasas por encima del 400%.^[25]​

Ante esta realidad, el 3 de enero de 1990, el gobierno concretó un canje compulsivo de todos los plazos fijos que superaran el millón de australes, a cambio de bonos (denominados Bonex 89) que vencían en 1999 mediante el dictado del decreto 36/90. Adicionalmente se prohibió a las entidades financieras recibir depósitos a plazo hasta nuevo aviso. Se estima que la confiscación alcanzó al 60% de la base monetaria, lo que provocó una fuerte recesión, producto de una importante caída de la liquidez.

La puesta en marcha del Plan Bonex causó un profundo impacto en la población y significó una gran pérdida para los tenedores de plazos fijos. Así mismo, se adoptaron algunas medidas anexas, como prohibir por cuatro meses las licitaciones para la compra de bienes e inversiones del Estado y estableció la obligatoriedad de la autorización previa del Ministerio de Economía para cualquier compra o contratación de organismos del Estado.

Finalmente, en marzo de 1990, el Ministro lanzó una serie de medidas aún más restrictivas:

1. Suspensión de todo trámite de contrataciones y licitaciones.
2. Eliminación de los reembolsos a las exportaciones
3. Se prorrogó la suspensión de beneficios a los regímenes de promoción industrial.
4. Se achicó el aparato administrativo del Estado, suprimiéndose secretarias, subsecretarias y direcciones.

Con estas medidas, la balanza comercial en 1990 obtuvo un superávit extraordinario: las exportaciones superaron en un 34% a las del año anterior, mientras que las importaciones sólo fueron un tercio de aquellas.^[26]​

Los rumores de corrupción y denuncias contra algunos sectores del gobierno, provocaron una aceleración de la inflación y la posterior renuncia de Erman González y su equipo en enero de 1991, asumiendo así Domingo Felipe Cavallo, que puso en marcha el llamado Plan de Convertibilidad a través de la sanción de la Ley de Convertibilidad del Austral.

Finalmente, los Bonex se terminaron de pagar puntualmente en 1999.

La Ley de Reforma del Estado (formalmente, Reforma del Estado, Ley N.º 23 696)^[27]​ fue una ley aprobada en agosto de 1989 en Argentina, durante el gobierno de Carlos Menem. Autorizaba al presidente a proceder con la privatización de un gran número de empresas estatales y a la fusión y disolución de diversos entes públicos.^[28]​

La iniciativa fue impulsada por el oficialista Partido Justicialista y sus aliados, entre ellos la UCeDe, que apoyaron en gran medida su aplicación por el gobierno menemista. Álvaro Alsogaray sostenía por aquel entonces que «achicar el estado es agrandar la Nación».

Roberto Dromi justificaba la necesidad de la ley de la siguiente manera:^[29]​

Las privatizaciones tenían varios objetivos. Uno era obtener recursos para paliar el déficit fiscal y poder equilibrar el presupuesto del Estado, porque con eso era posible un mecanismo de convertibilidad. Otro era dar eficiencia a los servicios públicos, requiriendo a los inversores una mejor prestación que la que brindaba el Estado. Otro era plantearle a los inversores compromisos importantes de inversión, y esto se puede ver en casi todas las privatizaciones de los servicios públicos.

La Ley de Convertibilidad del Austral (formalmente, Convertibilidad del Austral, Ley N.º 23 928)^[40]​ fue una ley monetaria aprobada en Argentina que estableció una equivalencia fija entre el peso argentino y el dólar estadounidense, formando el popular «uno a uno». Fue aprobada en 1991 por el Congreso argentino, por iniciativa del ministro de Economía Domingo Cavallo, con el presidente Carlos Menem. Fue derogada en 2002 tras once años.

Establecía que a partir del 1 de abril de 1991 una relación cambiaria fija entre la moneda nacional y la estadounidense, a razón de 1 dólar estadounidense por cada 10 000 australes y a partir del 1 de enero de 1992 por un Peso convertible. Exigía la existencia de respaldo en reservas de la moneda circulante, por lo que se restringía la emisión monetaria al aumento del Tesoro Nacional. El período en que duró la ley de convertibilidad se llamó popularmente el «uno a uno», en clara referencia a la igualdad del peso frente al dólar estadounidense.

El gobierno de Carlos Saúl Menem, llevó adelante desde 1990 un replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación económica, la privatización de empresas públicas, la reducción del Estado y la reorganización del sistema tributario. La inflación en 1990 fue del 2314%.^[41]​ El nuevo régimen monetario estableció una relación con el peso sobrevaluado o, lo que es lo mismo, haciendo que comprar un dólar sea artificialmente barato, incentivando artificialmente las importaciones al mismo tiempo que la rigidez cambiaria castigaba las exportaciones. Argentina se transforma en un país caro en moneda extranjera. El plan logró frenar la crisis hiperinflacionaria del gobierno de Alfonsín.^[42]​

A partir de abril de 1991, tras la aprobación de la Ley de Convertibilidad (ley N° 23.928),^[43]​ se estableció una paridad fija de 10 000 Australes por cada dólar y, a partir del 1 de enero de 1992, con el Peso convertible. El Banco Central se convirtió en una virtual Caja de conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación de manera que cada peso en circulación pudiese ser canjeado por un dólar estadounidense. En el año 1995, se produjo una interrupción repentina de las entradas de capital como resultado de la crisis en México y provocó una recesión pero el país se recuperó en un año sin ninguna alteración de las reglas de juego. Se aduce que el plan produjo graves consecuencias en algunos sectores de la industria argentina. La industria metalúrgica junto con la textil y la del calzado fueron sectores muy castigados a partir de diciembre de 1994 cuando se decide aumentar el impuesto interno IVA del 18% al 21%. Con un tipo de cambio fijo y la presión impositiva en alza, estos sectores no pudieron hacer frente a productos de bajo coste que llegaban de otros países. Los segmentos de mano de obra intensiva son los primeros que sufrieron las consecuencias.^[44]​ En paralelo al empeoramiento de las condiciones económicas se produjo la salida del ministro Cavallo jaqueado por causas judiciales por corrupción contra el ministro.^[45]​ ^[46]​

La apertura comercial de los años 1990, el atraso cambiario de la convertibilidad, el menguado poder de compra interno por la destrucción del empleo y los bajos salarios, entre los principales factores, causaron estragos en la mayoría de los sectores industriales en aquella etapa.^[47]​

En el período 1991-2000 la política fiscal arrojó un déficit promedio anual de 4,1% del PBI, con un total acumulado de 108.634 millones de pesos/dólares. En su primera etapa 1991-1994, ya había crecido 120%, pasando de los 32 mil millones a 70 mil millones de pesos/dólares. El gasto creció, junto a una financiación del déficit en el exterior.^[48]​ Se adoptó una política de endeudamiento que llevó la deuda externa pública durante su gestión de 45 000 millones de dólares (en 1989) hasta 145 000 millones (en 2000).^[49]​

Durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad, debido al crecimiento exponencial de la deuda pública, el gasto público pasó de 46.351 millones de dólares en 1991 a 82.842 millones de dólares en 2001, un aumento del 79%, produciendo un constante y creciente déficit fiscal. En el caso específico de Argentina, la deuda pública externa pasó de $60.000 millones a $105.000 millones a pesar de que se vendieron la mayor parte de las empresas públicas.^[50]​

En mayo de 1991, a un mes de iniciado el plan, la pobreza en Buenos Aires y zonas aledañas (el conurbano bonaerense) era de 28,9%. Al terminar el régimen de convertibilidad, diez años después la cifra era del 35,4%.^[51]​

La depreciación del Real brasileño y de otras monedas en 1995, determinó una clara sobrevaluación del peso por estar fijado al dólar.^[55]​^[56]​ La imposibilidad de competir con las importaciones procedentes de Brasil (libres de aranceles tras la creación del Mercosur), golpeó mucho a las empresas nacionales.

A mediados de 1997 se desató una nueva crisis económica que afecto al modelo de la convertibilidad, a raíz de la crisis en el sudeste asiático, que, por efecto de la globalización, pronto se extendió a otras regiones del mundo.^[57]​
En agosto de 1998 la crisis estalló en Rusia, con una fuerte devaluación del Rublo, lo que provocó el colapso de la deuda de ese país.^[58]​^[59]​^[60]​ y Brasil, donde el Real fue devaluado en enero de 1999.^[61]​^[62]​^[63]​^[64]​^[65]​^[66]​

Argentina sufrió la embestida de los inversores, que se reflejó en una retracción crediticia a nivel local, afectando tanto al sector público como al privado. Las provincias y la Nación sufrieron un aumento en las tasas de interés de sus préstamos, mientras que la falta de crédito para pequeñas y medianas empresas provocó una reducción en los niveles de inversión y de empleo. Finalmente, en el mes de octubre de 1997 el Gobierno debió soportar tanto la derrota en las elecciones legislativas como los efectos de una nueva crisis que venía extendiéndose rápidamente desde el sudeste asiático.^[67]​

Durante ese año, ante el deterioro fiscal, la crisis económica se profundizó con la privatización del Correo Argentino,^[68]​ de los aeropuertos,^[69]​ y de la empresa petrolera YPF (se vendió la “acción de oro” quedándole al Estado solo el 0,02% de las acciones comunes). También hubo intentos por privatizar el Banco Nación.^[70]​

La segunda crisis de la convertibilidad ocurrió en 1998-1999, con la crisis de Rusia y la devaluación de Brasil.^[71]​

Desde 1998 la recesión económica se profundizó y la desocupación comenzó a crecer. Para 1999 estaba claro que la situación no podía mantenerse sin tomar alguna medida de fondo.^[72]​ El problema más grave del país era la pesada carga de la deuda pública que se había acumulado como consecuencia de los elevados déficit fiscales que se arrastraban desde 1995.

Los recurrentes problemas de este modelo económico determinaron una recesión desde 1998 que estalló a finales de 2001, y terminaron por provocar el fin de la Ley de Convertibilidad con importantes secuelas de crisis económica, política y social. El producto bruto interno a precios corrientes de 268.697 millones de dólares en 2001 se redujo casi un 64%. En el periodo recesivo y posterior crisis (junio de 1998 a 2002 inclusive), este sufrió una pérdida del 19,5% acumulada, registrándose el mayor descenso en el último año de la crisis con un decrecimiento del 10,9%.

Menem anunció en enero de 1999 su intención de “dolarizar” forzosamente la economía para profundizar la convertibilidad. Durante todo ese año el presidente declaró que, en caso de producirse un ataque especulativo contra el peso, la economía sería automáticamente dolarizada, que finalmente no se llevó a cabo.^[73]​^[74]​^[75]​^[76]​^[77]​^[78]​

Los antecedentes de la CONEAU se pueden reconocer en la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación que en el año 1993 firma un convenio con algunas universidades (de gestión pública y privada) en relación con convenios para planificar y elaborar mecanismos en conjuntos que ayuden a la evaluación institucional. Estos acuerdos ya preveían los procesos de autoevaluación a cargo de las mismas instituciones, que servirían de marco para las evaluaciones externas. En 1994 se crea en el seno del ministerio la Comisión de Acreditación de Posgrados (CAP) que, a principios de 1995, realizó una convocatoria para la acreditación voluntaria de maestrías y doctorados, a la que respondieron alrededor de 300 programas en total, lo que significó la evaluación y acreditación de un número importante de carreras de posgrado (Fraca, 2010).

En 1995 el Congreso aprueba la ley n.º 24 521 de Educación Superior (LES), que dispone la creación de la CONEAU. El Ministerio de Educación transfirió en 1996 las tareas de la CAP a la CONEAU. La CONEAU institucionalizó las funciones que le corresponden legalmente de manera progresiva. Desde 1996, evalúa proyectos institucionales; a partir del año 1997, evalúa informes anuales de instituciones universitarias con autorización provisoria, realiza evaluaciones externas y acredita posgrados; desde 1999, evalúa solicitudes de reconocimiento definitivo y solicitudes de agencias privadas de evaluación y acreditación de carreras de grado (CONEAU, 2012).

La CONEAU fue recibida con resistencia desde la mayoría de los centros de estudiantes y desde algunas universidades. La Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Entre Ríos entre otras^[89]​ presentaron recursos de amparo. En el caso de la Universidad de Buenos Aires, la Justicia dio lugar al recurso y desde entonces se ve exceptuada, entre otras cuestiones, de la exigencia de acreditar sus carreras ante la CoNEAU.^[90]​^[91]​

Durante de la gestión del presidente Carlos Menem (1989 – 1999) se producen algunas transformaciones en el sistema científico-tecnológico nacional en un contexto de fuertes restricciones presupuestarias. En 1996 se decreta una reestructuración del Conicet, dándole estatus de ente autárquico y descentralizado bajo la jurisdicción de la Secretaría de Ciencia.^[92]​ Aunque se convocó a elecciones para el directorio del organismo, las autoridades nunca asumieron en su cargo debido a que fue intervenido por la Secretaría de Ciencia, primero a cargo de Domingo Liotta y luego de Juan Carlos del Bello.^[93]​ El cierre de los ingresos al organismo hacia mediados de la década produjo una fuga de cerebros hacia países desarrollados y un envejecimiento de la planta de científicos nacionales.

La gestión de los subsidios, con fondos del BID, pasó a la flamante Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, lo que significó un recorte en las atribuciones de Conicet, que continuó otorgando subsidios con fondos del Tesoro Nacional más limitados. Además, se crearon las Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT), para servir de nexo entre centros de investigación y empresas.

Luego de que el gobierno ordenara la cancelación del programa del Cóndor, que hubiera dotado a la Argentina de su propio lanzador satelital la CNIE se disuelve y le da paso a la CONAE, creada el 28 de mayo de 1991 por el gobierno de Carlos Menem.^[94]​^[95]​

Esta heredó las instalaciones aeroespaciales de la Fuerza Aérea situadas en la ciudad de Buenos Aires, las bases en Falda del Carmen, provincia de Córdoba, así como parte del personal civil involucrado en el proyecto cancelado. También la base Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados Chamical donde se retomaron los experimentos.^[96]​

En 1998 fue invitada por la NASA a unirse al proyecto de la construcción de la Estación Espacial Internacional (ISS). Pero el gobierno rechazó la oferta debido a que significaba un gasto de 10 millones de dólares, lo que significaba mucho dinero en ese entonces. Pero aun así solo se limitó a participar con la realización de algunos experimentos.

SAC-B fue lanzado en noviembre de 1996. Los objetivos del SAC-B, como primer satélite científico argentino, fueron el estudio avanzado de la física solar y la astrofísica, mediante la observación de fulguraciones solar, erupciones de rayos gamma y radiación X del fondo difuso y átomos neutros de alta energía. La misión permitió el entrenamiento de un grupo humano importante tanto para la preparación de los centros de control (hardware y software) como para el control de los satélites.

El SAC-A fue lanzado el 3 de diciembre de 1998. Puso a prueba una serie de instrumentos desarrollados en el país, potencialmente aplicables en otras Misiones. Estuvo también dedicado a experimentar, tanto la infraestructura de material como la humana de los equipos de telemetría, telecomando y control.

El proyecto SAOCOM fue presentado en el año 1998, con el objetivo de brindar información de suelos, aguas y vegetación, así como prevención y gestión de catástrofes mediante observaciones con su radar en banda L.

Desde 1992, la CONAE y la Agencia Espacial Italiana colaboraron juntos en los proyectos SAC-B y SAC-C. Al mismo tiempo que la CONAE anunciaba el proyecto SAOCOM, Italia comenzó a desarrollar el proyecto Cosmo-SkyMed de similares características, aunque con un rol dual (civil y militar) y antena radar de banda X. Las buenas relaciones entre las agencias llevó a una serie de charlas preliminares que se llevaron a cabo a fines de los 90 e inicios de los 2000, en las que se asentaron las bases de lo que sería el SIASGE, Sistema Italo Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias. Dicho sistema, que fue firmado en julio de 2005, permite compartir la información obtenida por los satélites argentinos e italianos así como el uso de estaciones terrenas. El acuerdo fue renovado en mayo de 2016.

La Fundación INNOVA-T fue creada en el año 1993 por el CONICET con el objetivo de promover y fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y la Vinculación Tecnológica (VT) como instrumentos de mejora de la actividad productiva de bienes y servicios. En los términos de la Ley 23.877, de “Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica”, sancionada por el Congreso argentino el 28 de septiembre de 1990,^[97]​ la Fundación INNOVA-T es una Unidad de Vinculación Tecnológica (UVT).^[98]​

El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) es un ente descentralizado argentino que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, cuya misión es promover el desarrollo tecnológico en el área minera considerando los aspectos sociales y ambientales.^[99]​

Fue creado en 1996 y es el responsable de haber descubierto 8 de cada 10 áreas con recursos mineros encontrados en el país.^[99]​

El Centro Nacional de la Música es un organismo público dependiente del Ministerio de Cultura de la República Argentina. Fue creado en 1994 con el objetivo de albergar las salas de ensayo y oficinas técnicas y del Inamu, como así también las oficinas y áreas administrativas de los organismos musicales dependientes, tales como el Ballet Folklórico Nacional, la Banda Sinfónica de Ciegos y la Orquesta Nacional de música argentina Juan de Dios Filiberto. Su edificio, que funcionó como la antigua sede de la Biblioteca Nacional, es Monumento Histórico Nacional.

Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Busca fuentes: «Presidencia de Carlos Menem» – noticias · libros · académico · imágenes Este aviso fue puesto el 11 de mayo de 2016.

La privatización ferroviaria en Argentina fue un proceso comenzado en 1990 durante la presidencia de Carlos Menem, tras la aprobación de la Ley de Reforma del Estado que autorizaba al ejecutivo a privatizar y disolver entes estatales.

Desde la nacionalización de los ferrocarriles^[100]​ en 1946 y 1947 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, la red había sido operada por la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos (FA), que abarcaba las seis divisiones relativamente independientes, los ferrocarriles Sarmiento, Mitre, Urquiza, San Martín, Belgrano y Roca.

Antes de la privatización, FA tenía una red nacional de alrededor de 35 000 kilómetros y 92 000 empleados y un déficit operativo de 450 millones de dólares por año (cuyo valor actualizado por inflación al 2020 es de casi 850 millones de dólares).^[101]​ En la práctica, la red de vías férreas existentes presentaban un gran deterioro en su infraestructura, incluyendo locomotoras y vagones de carga y pasajeros. Este escenario, combinado con la baja densidad demográfica y la creciente necesidad de recursos financieros para subsidiar su funcionamiento, hicieron de la privatización de los ferrocarriles una salida con resultados mayoritariamente positivos a la crisis que presentaba el sector. Esto condujo a que la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos prestara un servicio totalmente ineficiente e inclusive riesgoso por la obsolencia del material, lo que llevó a que la demanda se redujera significativamente en pasajeros y cargas^[102]​.

Al mismo tiempo, el cierre de miles de kilómetros de vías ferroviarias dejó a miles de pueblos aislados, condenando a muchos de ellos a su casi completa desaparición.

El plan consistía en dividir la red en segmentos y otorgar concesiones a empresas privadas para su explotación mediante licitación. Los servicios de carga y de pasajeros se separaron y, ya que la mayoría de los servicios interurbanos de pasajeros presentaban necesidades de inversión y mantenimiento no sustentables para el Estado y no rentables para el sector privado, el Gobierno ofreció estas a las provincias. Los servicios de pasajeros de la ciudad de Buenos Aires, incluyendo las cinco líneas del subterráneo, eran potencialmente más viables y fueron tratados por separado.

En 1990, luego de que se cambiara su tipo societario de Sociedad del Estado a Sociedad Anónima (ARSA), la empresa fue vendida por el gobierno de Carlos Menem a la estatal española Iberia. La compañía se transfirió sin ningún pasivo, ya que antes el Estado absorbió su deuda. Iberia abonó 1610 millones de dólares en títulos públicos y apenas 260 millones en efectivo, para conseguir el dinero se endeudaron y transfirieron el pasivo a la cuenta de la propia Aerolíneas Argentinas. Vendieron oficinas comerciales en el país y el exterior, los simuladores de vuelo y las veintiocho aeronaves que conformaban la flota. También desmantelaron los talleres y levantaron decenas de rutas y escalas. En julio de 1992 el Estado argentino asumió el 28 % de las acciones que sumado al 10 % que tenía desde el inicio de la privatización alcanzaba el 33 %. Otros socios minoritarios de nacionalidad argentina, incluyendo los trabajadores, sumaban junto al Estado argentino el 51 %. Iberia sólo retenía el 30 % mientras que el resto, hasta el 19 % estaba en manos de varios bancos españoles. Así pues, la mayoría del capital de Aerolíneas estaba de nuevo en manos de accionistas del país austral. Posteriormente, en 1996, accedieron al capital bancos de Estados Unidos, como Merrill Lynch, Bankers Trust , entrando también la aerolínea de Estados Unidos American Airlines. En I996 la reestructuración del accionariado redujo la participación de Iberia al 8%, controlando la propiedad mayoritariamente la Sociedad Española de Participaciones Industriales, heredera del Instituto nacional de Industria (holding de empresas públicas de España), pasando a ser minoritaria la participación argentina en el capital. Pese al aumento de pasajeros de los años 1996 y 1997 y la reducción del pasivo de Aerolíneas no fue suficiente para hacer viable la explotación de la compañía.La situación no mejoró y en el año 2000 se declararon en convocatoria de acreedores.^[103]​

Durante esta etapa se vendieron aeronaves antiguas y muchas propiedades y algunos activos fueron dados en préstamo. Los problemas internos de Iberia y de sus filiales la llevaron a la bancarrota en 1994, momento en el que las acciones de Aerolíneas pasan a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, ente público de participaciones industriales del Estado español. Durante esta etapa Aerolíneas unió sus operaciones con la línea aérea de cabotaje argentina Austral Líneas Aéreas. Hacia fines de los años 1990 la empresa estuvo técnicamente en bancarrota. El gobierno español intentó vender sus acciones a American Airlines, que manejó la aerolínea por nueve meses, pero desestimó la oferta.^[104]​

En junio de 2001, Aerolíneas sufrió la peor crisis en su historia, se suspendieron vuelos a siete destinos internacionales y la aerolínea entró en convocatoria de acreedores (suspensión de pagos). En julio del mismo año, la aerolínea Aero Continente presentó a la SEPI una oferta de compra de la empresa argentina por 100 millones de dólares.^[105]​^[106]​

En octubre de 2001, el control de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas se cedió al Grupo Marsans (un consorcio español formado por las aerolíneas privadas Spanair y Air Comet), que adquirió el 92.1 % de las acciones. La Auditoría General de la Nación estableció entonces que Aerolíneas Argentinas había quedado, luego de dieciocho años de gestión española, con un patrimonio negativo de dos mil quinientos millones de pesos y un pasivo de 890 millones de dólares.^[103]​ Air Comet se equipó a través de las empresas del Grupo Aerolíneas, se basaron en los negocios de las empresas del Grupo Aerolíneas para apalancar el crecimiento de unidades de negocios distintas, como Air Comet Europa, Air Comet Chile, Marsans Internacional Argentina y Marsans Internacional Chile que hizo llevar a Aerolíneas a un estado de precariedad extrema.^[103]​

En la década del ‘90 se produjo una consolidación de los trasplantes en el país, al promoverse desde el Estado políticas sanitarias que impulsaron nuevas instancias de coordinación. Se crearon organismos jurisdiccionales de procuración en la mayoría de las provincias argentinas, y de esta manera se optimizó la cobertura territorial. En 1990, con la sanción de la Ley 23.885, el CUCAI se convirtió en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), pasando a ser un organismo descentralizado con autarquía y conservando su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación.

A principios de los noventa se destacó el crecimiento de la procuración en la provincia de Buenos Aires, y se puso en funcionamiento oficialmente dentro del sistema público de salud el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Buenos Aires (CUCAIBA). En ese momento comenzó un crecimiento sostenido aunque diverso en las distintas regiones del país.

Los avances científicos posibilitaron concretar trasplantes pulmonares en Argentina en 1992. Al año siguiente, se aprobó la Ley 24.193 de Trasplante de Órganos,^[107]​ normativa que rige en la actualidad con las modificaciones incorporadas por la Ley 26.066. Más tarde, se iniciaron los trasplantes de páncreas, y luego de intestino.

El 6 de febrero de 1992, un brote de cólera en la Provincia de Salta motivó la declaración del estado de emergencia sanitaria en toda la República Argentina.^[108]​ Eso llevó a la revisión y adecuación de todas las normas de fiscalización de la calidad y sanidad de los productos, substancias, elementos y materiales que se consumen o utilizan en la medicina, alimentación y cosmética humana, y del contralor de las actividades, procesos y tecnologías que mediaren o estuvieren comprendidos en dichas materias. En tal sentido, el presidente Carlos Menem estableció la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) mediante el Decreto N° 1490/92.^[109]​

Surge por lo estipulado en el artículo 38 del Decreto nacional N.º 660 del 24 de junio de 1996,^[114]​ basado en la ley 24.629, que fusionó el anterior Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa) y el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal (IASCAV)^[115]​ constituyéndose así el actual Organismo.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) es un organismo sanitario del estado argentino encargado sobre todo de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos agroquímicos, así como la prevención, erradicación y control de enfermedades de animales, incluidas las transmisibles al ser humano y de las plagas vegetales que afectan a la producción agropecuaria del país.

• Ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal y verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia;
• Fiscalizar de la calidad agroalimentaria, al asegurar la aplicación del Código Alimentario Argentino para los productos del área de su competencia;
• Controlar el tráfico federal, importaciones y exportaciones de los productos, subproductos y derivados de origen animal y vegetal, productos agroalimentarios, fármaco-veterinarios y agroquímicos, fertilizantes y enmiendas.

El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) es la máxima autoridad ambiental de la República Argentina constituido el 31 de agosto de 1990 en la ciudad de La Rioja. Sin embargo, recién el 5 de julio de 1993 el COFEMA fue reconocido por los gobiernos provinciales —en el Pacto Federal Ambiental— como un instrumento válido para la regulación y coordinación de la política ambiental.

Durante la presidencia de Carlos Menem se conoció bajo el nombre de mayoría automática a un grupo de magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina debido a que parte de la prensa afirmaban que siempre fallaban a favor de los intereses del gobierno. El grupo estaba integrado por Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O'Connor, Guillermo López y Antonio Boggiano, quienes habían sido nombrados por Menem tras la ampliación de la Corte a nueve miembros.

Su influencia se extendió hasta la presidencia de Fernando de la Rúa.^[117]​ En 2003, año en que asume la presidencia Néstor Kirchner,^[118]​ los magistrados Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López renunciaron ante la posibilidad de resultar destituidos por juicio político, mientras que Eduardo Moliné O'Connor fue destituido de su cargo a fines de ese año por "mal desempeño".^[119]​^[120]​

El Consejo de la Magistratura fue incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 durante la presidencia de Carlos Menem.^[121]​ El artículo 114 de la constitución reformada establece:^[122]​

El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial.

Su estructura orgánica y funciones se encuentran reglamentadas por la Ley 24.937 del Consejo de la Magistratura, sancionada el 10 de diciembre de 1997, con varias reformas posteriores.^[123]​ Comenzó a funcionar por primera vez en 1998, presidido por el entonces presidente de la Corte Suprema Julio Nazareno.

La figura del Defensor del Pueblo proviene del derecho escandinavo (de Suecia) y fue introducida en el orden normativo argentino en la reforma constitucional de 1994. El art. 86 de la Constitución Nacional establece:

El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.

El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

La organización y funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.

El primer ombudsman fue Jorge Luis Maiorano quien asumió el 16 de junio de 1994 y se mantuvo hasta el final del gobierno de Carlos Menem.

Fue creada en 1992 por la ley n.º 24 156, sancionada el 30 de septiembre de ese año y promulgada el 26 de octubre. Fue creada para desempeñar el rol de «ente de control externo del sector público nacional», bajo la dependencia del Congreso Nacional.^[124]​ La ley le encarga «…el control externo posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen sobre los estados contables financieros de la administración central…» (art. 117, ley n.º 24 156).^[124]​

También esta norma dispuso la disolución de la Sindicatura General de Empresas Públicas (SiGEP), ente de control externo creado en 1978 durante la dictadura autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional».^[124]​

Tras la reforma constitucional de 1994, el artículo 85 de la carta magna estableció:^[125]​

El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.
Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.

Artículo 85 de la Constitución de la Nación Argentina

El texto constitucional previó que el Congreso sancionara una ley específica para reglamentar su creación y funcionamiento. Sin embargo, dicho mandato (que exige aprobación "por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara") permanece incumplido hasta la fecha. Este hecho ha provocado inestabilidad institucional en la AGN,^[126]​^[127]​^[128]​ a pesar de lo cual el organismo de control ha continuado su funcionamiento supletoriamente bajo el marco de la Ley 24.156.

A pesar de los entonces recientes indultos realizados por el presidente Carlos Menem que incluyeron a condenados, detenidos y procesados por terrorismo de Estado, alzamientos carapintadas y Guerra de Malvinas y a jefes de las organizaciones político-militares de la década de 1970 Seineldín rompió con Menem y fue puesto bajo arresto militar, y planeó una rebelión que se materializó el 3 de diciembre de 1990, en protesta contra la creciente injerencia del poder político en la cúpula militar.^[129]​ Uno de los principales impulsores de la asonada fue el capitán Gustavo Breide Obeid, subordinado de Seineldín.^[130]​

En la madrugada del 3 de diciembre un grupo de poco más de cincuenta militares ocupó el Edificio Libertador, las instalaciones del Regimiento de Patricios, la fábrica de tanques TAMSE, el Batallón de Intendencia 601 y otras unidades. Según los sublevados, sólo exigían la remoción del generalato del Ejército Argentino.^[129]​^[131]​

Las Fuerzas Armadas, encabezadas por el titular del Ejército, teniente general Martín Félix Bonnet, reprimieron con violencia la rebelión y recuperaron los objetivos tomados. El saldo fue de trece fallecidos —de los cuales cinco fueron civiles— y decenas de heridos.^[131]​^[129]​ Durante el juicio Seineldín asumió la total responsabilidad de las muertes que provocó dicho enfrentamiento, y realizó un alegato conocido como «El Nuevo Orden Mundial», el 7 de agosto de 1991, en el que alegó maquinaciones del imperialismo estadounidense y su servidor en Argentina, Menem, en el desmantelamiento del Ejército y la defensa nacional.

El 29 de diciembre de 1990 el presidente Menem sancionó seis decretos indultando a un nuevo grupo de personas.

• Decreto 2741/90: Indulta a los exmiembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indulta también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri.

• Decreto 2742/90: Indulta a Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización guerrillera Montoneros.

• Decreto 2743/90: Indulta a Norma Kennedy, procesada por malversación de fondos públicos.

• Decreto 2744/90: Indulta a Duilio Brunello, condenado a inhabilitación absoluta y perpetua por el delito de malversación de fondos públicos.

• Decreto 2745/90: Indulta al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.

• Decreto 2746/90: Indulta al exmilitar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.

El 5 de julio de 1995, durante la Presidencia de Carlos Menem, se sancionó la Ley 24.515 ^[132]​ creando el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, que comenzó sus tareas en 1997. Su primer presidente fue el periodista Víctor Ramos.

A partir del año 2000 el INADI se encontraba intervenido por el Poder Ejecutivo Nacional (con excepción del período de Oteiza y Lubertino), no gozando en consecuencia de la independencia que le confiere su ley nacional de creación 24.515.^[133]​ Esta situación ha sido mantenida por los sucesivos gobiernos hasta su disolución total, quitándole así autonomía orgánico al mismo.

Pacto de Olivos es el nombre con el que se conoce en Argentina al acuerdo firmado entre la Unión Cívica Radical, representada por el expresidente Raúl Alfonsín, y el Partido Justicialista, representado por el presidente Carlos Menem en 1993, en el que los dos principales partidos argentinos se comprometían a impulsar una reforma constitucional y votar en la asamblea constituyente a favor de un "Núcleo de Coincidencias Básicas" establecidas en el acuerdo.

El pacto fue el antecedente directo de la reforma de la Constitución Argentina de 1994. Permitió cambiar de un período de seis años de presidencia sin la posibilidad de una reelección consecutiva a un período de cuatro años de presidencia con una reelección consecutiva posible, lo que permitió a Carlos Menem presentarse y conseguir la reelección en 1995.

La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 fue una importante modificación de la carta magna argentina, que introdujo nuevos derechos e instituciones y confirió al texto constitucional una legitimidad que estaba cuestionada.^[134]​ Entre otros cambios, introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para la defensa de la democracia y la constitucionalidad, confirió rango constitucional a los instrumentos internacionales de derechos humanos, estableció que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes, creó nuevos órganos de control, modificó la composición del Senado, acortó los mandatos del presidente y los senadores, eliminó la elección indirecta del presidente, incorporó el balotaje, creó la figura del jefe de Gabinete, estableció pautas para distribuir la recaudación de impuestos, reconoció la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos, fijó la edad máxima de los jueces en 75 años y concedió autonomía a la Ciudad de Buenos Aires y definió la recuperación de las Islas Malvinas como un «objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino». La Convención Constituyente se celebró en las ciudades de Santa Fe (sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná (primera capital de la Confederación) y el juramento de la misma por las principales autoridades nacionales y los convencionales tuvo lugar el 24 de agosto de 1994 en el Palacio San José en la provincia de Entre Ríos.

El Caso Carrasco fue un proceso judicial llevado a cabo para esclarecer la muerte de Omar Carrasco, asesinado en 1994 mientras cumplía con el servicio militar obligatorio en la guarnición militar de Zapala, provincia de Neuquén, Argentina.

La historia oficial dice que su muerte se produjo apenas tres días después de su ingreso como consecuencia de un hemotórax producto de una golpiza que le dieron dos conscriptos durante un «baile», el eufemismo de la jerga militar que alude al castigo físico. Según esa misma historia oficial, la orden habría sido dada por un subteniente.

El hecho en sí y los conflictos generados por el mismo tuvieron repercusión a nivel sociopolítico en la Argentina y es considerado uno de los motivos por los cuales se suspendió la ley N.º 3948 que establecía el servicio militar obligatorio en Argentina. Si bien hubo intentos de reinstalarlo, la mala imagen que quedó luego de este caso genera aún roces en esa discusión.

El atentado a la Embajada de Israel en Argentina sucedió el martes 17 de marzo de 1992 y causó 22 muertos y 242 heridos.^[135]​ ^[136]​ ^[137]​ El ataque destruyó completamente la sede de la embajada y del consulado, ubicadas en los números 910 y 916 de la calle Arroyo de la ciudad de Buenos Aires. El atentado fue investigado por la Corte Suprema de Justicia, sin identificar ningún sospechoso y sin que hasta 2024 se haya elevado la causa a juicio.^[138]​

El atentado se relaciona cronológicamente con otros atentados terroristas contemporáneos, como el atentado a la AMIA el 18 de julio de 1994 también en Buenos Aires, en el que murieron 85 personas -en 2015 se inició el juicio oral contra varios exfuncionarios y dirigentes comunitarios-, y el atentado del 4 de noviembre de 1995 en el que el primer ministro de Israel, Isaac Rabin fuera asesinado en Tel Aviv por un terrorista judío ortodoxo.

En 2022 una investigación del Mossad desligó a Irán de actuar con agentes operativos en los ataques contra la AMIA y la embajada, e identificó a los terroristas que integraron el grupo.^[139]​^[140]​

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba^[141]​ que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994. Dos años antes, en un atentado similar, fue volada la embajada de Israel en Argentina que causó la muerte de 22 personas.

Con un saldo de 85 personas asesinadas y 300 heridas,^[142]​^[143]​^[144]​ algunas fuentes lo consideran el mayor atentado terrorista de la historia argentina.^[145]​^[146]​^[147]​^[148]​ Fue también el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.^[149]​^[150]​ La comunidad judeoargentina con casi 300 000 personas, de las cuales más del 80 % vive en la Ciudad de Buenos Aires, es la sexta mayor del mundo.^[151]​^[152]​

Durante los primeros años de investigación, la justicia argentina con apoyo de funcionarios del gobierno de Carlos Menem, encubrió el atentado armando una causa para imputar a expolicías de la provincia de Buenos Aires (que permanecieron casi una década presos) y llevarlos a juicio.^[153]​ El llamado "primer juicio" se inició en 2001 contra 22 acusados de ser la conexión local y haber facilitado la camioneta con explosivos. Durante el mismo (2001-2004) los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner eximieron a los agentes de inteligencia de su deber de guardar el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos, dejando al descubierto un amplio encubrimiento en el que habían participado el juez de la causa, dos de los tres fiscales, altos funcionarios del gobierno de Menem y los servicios de inteligencia. El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenando su liberación.^[153]​ Como consecuencia del fallo fueron destituidos el juez de la causa Amia, Juan José Galeano, y dos de los tres fiscales, José Barbaccia y Eamon Mullen, por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación, especialmente el pago ilegal de 400 mil dólares a Carlos Telleldin, presunto facilitador de la camioneta utilizada como coche bomba.^[154]​

En 2004 el presidente Néstor Kirchner creó una fiscalía especial para el caso AMIA, conocida como UFI-AMIA, y designó para dirigir la misma al fiscal Alberto Nisman, el único de los tres fiscales no comprometido en el encubrimiento. En 2006 el fiscal Nisman, luego de reexaminar toda la causa y cruzar cerca de 300 millones de llamados telefónicos, aseguró tener nuevas pruebas.^[155]​ Entonces el nuevo juez de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplazaba al juez Galeano, volvió a ordenar la captura de los siete exfuncionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.^[156]​^[157]​^[158]​^[159]​^[160]​

En política exterior, desde el inicio mismo de su mandato se promovió un alineamiento automático con los Estados Unidos, de modo tal que Argentina abandonó el Movimiento de Países No Alineados. El Ministro de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella, se refirió a dicho alineamiento en forma humorística como las «relaciones carnales», pero más adelante el término sería tomado por los críticos de esta política internacional para referirse a la misma en forma denigratoria. Las relaciones que mantuvo el gobierno menemista con los Estados Unidos causaron que Argentina fuera nombrada un aliado importante extra-OTAN en 1998, durante la administración de Bill Clinton.

En otros planos, en 1991, Menem promovió la formación del Mercosur y restableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, interrumpidas desde la Guerra de Malvinas, a través de los Acuerdos de Madrid I y II.

El 26 de marzo de 1991, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, que adoptó el nombre Mercosur, le dio una estructura institucional básica y estableció un área de libre comercio.

El 27 de junio de 1992, en Las Leñas, se firmó el Protocolo de las Leñas que estableció el cronograma definitivo hacia la constitución del mercado común.

El 17 de diciembre de 1994 se firmó el Protocolo de Ouro Preto, que puso en marcha el Mercosur. A su vez, su existencia como persona jurídica de Derecho Internacional que entró en vigor el 15 de diciembre de 1995.

El 26 de marzo de 2001, en ocasión de la celebración del X Aniversario del Tratado de Asunción (1991-2001), bajo la dirección del primer Secretario Argentino Lic. Santiago González Cravino, se izó por primera vez la bandera de Mercosur en su sede en Montevideo.

Desde ese punto de vista, reorganizó las relaciones con Gran Bretaña, que nunca se habían recuperado desde la Guerra de las Malvinas, poniendo "bajo un paraguas" la disputa por la soberanía de las islas Malvinas que seguía – y sigue – pendiente con ese país. Paralelamente, intentó una política de "seducción" de los habitantes de las islas – los kelpers – por medio de obsequios enviados por correo en Navidad; especialmente ositos de felpa y tarjetas de Navidad. Su logro principal fue hacer que los isleños tuvieran permanentemente presente la presencia y el interés de los argentinos en las islas, pero no logró mejorar la imagen del país entre ellos.^[161]​

Cuando su política de diplomacia fue criticada como frívola, Di Tella contestó que:

"Prefiero que los kelpers nos consideren boludos a peligrosos".^[162]​

Cuando el gobierno de Menem llegaba a su fin, Di Tella organizó una reunión con el canciller británico Robin Cook y con representantes de los kelpers; de las negociaciones se logró el reinicio de vuelos comerciales entre la Argentina y las Malvinas.

Simultáneamente, la Argentina se plegó a toda la política exterior de los Estados Unidos; votó sistemáticamente a favor de las iniciativas de este país en las Naciones Unidas.^{[cita requerida]}

La política para con los Estados Unidos llegó a ser considerada demasiado obsecuente por la oposición, a lo que Di Tella contestó con su conocida frase, en que calificaba las relaciones con ese país como "relaciones carnales". Los beneficios políticos y económicos de esa política fueron descriptos por el propio Di Tella:

"Argentina se ha vuelto hoy un país claramente confiable en el Mundo, bajo estándares de confiabilidad que existen en el mundo, es decir, no inventamos un estándar de confiabilidad especial para nosotros".

Por último, dirigió la política de cesación de las disputas limítrofes con Chile: se firmó un acuerdo el 2 de agosto de 1991, que definía la resolución del Litigio del Campo de Hielo Patagónico Sur por medio de una línea poligonal, que dividió la zona en disputa –parte del Campo de Hielo Patagónico Sur– aproximadamente en partes iguales entre ambos países. El tratado no fue ratificado, y fue modificado parcialmente por otro, de 1998, que definió con más precisión el límite, entre el Cerro Daudet y el Cerro Murallón, quedando pendiente entre este último y el Monte Fitz Roy.^[163]​

También se solucionó la disputa de soberanía en torno a la Laguna del Desierto, por medio de un fallo arbitral,^[164]​^[165]​ acordado entre ambos países en 1991. El Tribunal Arbitral nombrado, formado por juristas latinoamericanos, se expidió el 21 de octubre de 1994, reconociendo la soberanía de casi todo el territorio en disputa a la Argentina.

La venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina fue un escándalo político que tuvo lugar durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) en Argentina, y se refiere a una serie de ventas ilegales de armamentos fabricados en la Fábrica Militar de Río Tercero en Argentina, utilizados por Croacia y Bosnia-Herzegovina en las Guerras Yugoslavas y por Ecuador en la Guerra del Cenepa contra el Perú.^[166]​^[167]​ Las operaciones ilegales incluyeron la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero en 1995, que mató a siete personas, hirió a más de trescientas y destruyó parte de esa ciudad, que tramitó en un juicio diferente, donde se dictó sentencia condenatoria en 2014.

En 2018, veintitrés años después, la Cámara Nacional de Casación Penal de Argentina, absolvió a todos los acusados argumentando que el tiempo que le llevó al poder judicial argentino resolver un caso relativamente simple, implicaba una violación a los derechos humanos de los acusados.^[168]​

Estados Unidos y la OTAN instigaron el envío de armas a Croacia y Bosnia-Herzegovina desde Argentina y, en menor medida, desde Chile, con el fin de impedir el triunfo de Serbia, país al que apoyaban Rusia^[169]​^[170]​^[171]​ e Israel,^[172]​^[173]​ y que involucró también a Irán, Turquía, Malasia, Pakistán, Hungría, Arabia Saudita y Chile;^[174]​^[166]​ en el caso de Chile se usaron redes de inteligencia remanentes de las creadas para el terrorismo de Estado en las décadas de 1970 y 1980, como el Plan Cóndor.^[175]​ Altos funcionarios croatas han declarado públicamente que gracias al envío de armas argentinas esa nación pudo armarse para defenderse y que ello permitió detener la guerra.^[176]​

Las explosiones de Río Tercero de 1995 fueron una serie de detonaciones sucedidas en la ciudad argentina de Río Tercero, provincia de Córdoba, el viernes 3 de noviembre de 1995, durante la presidencia de Carlos Menem. Ese día estalló la Fábrica Militar que se encontraba en esa ciudad, destruyendo el establecimiento y parte de la ciudad, causando la muerte de siete personas, hiriendo a más de trescientas y dañando seriamente la salud mental de la mayor parte de la población de la ciudad.^[177]​

En 2014 el Tribunal Oral Federal de Córdoba Nº 2 dictó la sentencia sobre el caso, condenando a cuatro altos funcionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares, todos ellos ingenieros y militares retirados, a penas de trece y diez años de prisión, por el delito de estrago doloso (intencional) agravado por la muerte de personas.^[178]​ El tribunal concluyó también por unanimidad y con plena certeza que el móvil de la explosión fue el encubrimiento del contrabando de armas a Ecuador y Croacia realizado entre 1991 y 1995.^[179]​

Se conoció con el nombre de Marcha Federal a una manifestación masiva que tuvo lugar en Argentina el 6 de julio del año 1994, durante el gobierno presidente de la Nación Argentina por el Partido Justicialista, Carlos Menem, y atrajo alrededor de 50 mil manifestantes provenientes de diversos puntos del país.

La marcha fue organizada por organizaciones gremiales creadas por entonces, como la CTA, el MTA o la CCC, las cuales buscaban distanciarse de la CGT. La marcha partió de La Quiaca y fue recibiendo columnas de manifestantes a lo largo del país, finalizando en la Plaza de Mayo. Contó con la participación de distintos sectores, como docentes, estudiantes, pequeños productores y empresarios, representantes de comunidades indígenas y jubilados, entre otros; así como de los principales partidos opositores, la Unión Cívica Radical y el Frente Grande, y numerosos autoconvocados.

El grueso de los manifestantes provenía del interior del país, teniendo lugar una baja participación de la población del conurbano bonaerense o de la Capital. Algunos medios consideraron a la marcha un éxito en atraer la atención sobre los efectos del modelo económico menemista en el interior del país. Otros consideraron que la cantidad de gente convocada fue menor a la esperada.

Las puebladas de Cutral Có y Plaza Huincul, también conocidas como cutralcazos, fueron una serie de protestas populares en las ciudades argentinas aledañas de Cutral Có y Plaza Huincul sucedidas principalmente en 1996 y 1997.

Tienen importancia histórica por ser consideradas el inicio de los movimientos de desocupados y piqueteros aparecidos para luchar contra parte de las políticas económicas liberales aplicadas en la década de 1990 por el presidente Carlos Menem en el marco del Consenso de Washington de 1989.

El conglomerado urbano Cutral Có - Plaza Huincul, ubicado en la provincia de Neuquén, surgió a partir de la década de 1930 como base de apoyo urbana para la explotación de los ricos yacimientos de petróleo y gas natural que existen en la zona. Las puebladas tuvieron su causa en los despidos masivos dispuestos luego de la privatización de las empresas públicas de petróleo y gas natural, Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Gas del Estado, que generaron un estado general de pobreza y desocupación masivas en esas ciudades.^[180]​

La primera pueblada se extendió entre el 20 de junio y el 27 de junio de 1996. Se desencadenó debido a la decisión del gobernador de la provincia de Neuquén de rechazar la instalación de una fábrica de fertilizantes en Cutral Có y finalizó con un acta acuerdo de trece puntos entre los manifestantes y el gobernador.

La segunda pueblada se extendió entre el 9 de abril y el 18 de abril de 1997, en el marco de una protesta docente de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN). Como resultado de la represión y la criminalización de la protesta social el 12 de abril fue asesinada Teresa Rodríguez, quien se convertiría en una de las figuras inspiradoras del movimiento piquetero.

El caso IBM y Banco Nación es un caso de corrupción en Argentina^[181]​, en el que la filial local de la empresa estadounidense IBM sobornó a funcionarios del Banco de la Nación Argentina, con el fin de obtener el contrato para informatizar la entidad bancaria por un monto de 250 millones de dólares.^[182]​ La casa matriz de IBM aceptó pagar en Estados Unidos una multa por dichos sobornos.^[183]​

La causa se inició en 1994 pero hasta 2016 el juicio no se había iniciado, razón por la cual el tribunal a cargo de la causa, dictó sentencia el 9 de mayo de 2016 haciendo lugar a la defensa de prescripción (vencimiento de la acción por tiempo excesivo), sobreseyendo a todos los acusados.^[184]​ El 20 de marzo de 2017, la Sala IV de la Cámara de Casación (Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos) revocó la sentencia y ordenó iniciar el juicio.^[185]​ El 12 de junio de 2018 la Corte Suprema anuló la sentencia de la Cámara de Casación y le ordenó dictar una nueva sentencia.^[184]​ El 29 de agosto de 2018 la Cámara de Casación dictó una nueva sentencia, volviendo a revocar la sentencia del Tribunal Oral, esta vez debido a que consideró que la acción no se encontraba prescripta y que por lo tanto debía realizarse el juicio.^[184]​ Esta última sentencia no está firme y aún es posible que sea apelada a la Corte Suprema. Algo imposible dada la ineptitud del poder judicial argentino.

El escándalo de los sobornos de Siemens AG en Argentina se refiere a los pagos ilegales que realizó la empresa Siemens AG en relación con una licitación pública convocada en 1996 por el gobierno argentino que incluía la impresión de los nuevos Documentos Nacionales de Identidad, de los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos. Siemens AG declaró que los pagos tuvieron inicialmente el propósito de ganar la licitación y que más adelante se hicieron otros para tratar de evitar que las nuevas autoridades argentinas rescindieran el contrato.

Cuando a raíz de la crisis económica el Congreso Argentino dispuso en noviembre de 2000 la revisión de todos los contratos del Estado, el nuevo presidente, el radical Fernando de la Rúa realizó una renegociación en un clima de presiones por parte del gobierno alemán pero el acuerdo no pudo concretarse por la cerrada negativa de Siemens de revelar su estructura de costos. El gobierno rescindió el contrato en mayo de 2001 y la empresa inició juicio reclamando una importante indemnización de Argentina.

Como consecuencia de una investigación realizada en los Estados Unidos, que hacía peligrar sus negocios en ese país, Siemens AG reconoció en el año 2008 que había realizado dichos pagos ilegales e individualizó a algunos de los receptores de los mismos que, según su versión, incluían entre otros funcionarios al presidente Carlos Saúl Menem y a su Ministro del Interior Carlos Corach, ambos del entonces gobernante Partido Justicialista, quienes a su vez negaron categóricamente el hecho. A raíz de estas revelaciones se inició en Argentina una investigación judicial que todavía está en marcha.

Siemens AG reconoció que esos pagos eran parte de una práctica generalizada de soborno de funcionarios pues también lo había estado haciendo en otros países y en relación con casi 300 contratos.

Se conoció como swiftgate a un escándalo político en Argentina de diciembre de 1990, que involucró a funcionarios del gobierno nacional a cargo del entonces presidente Carlos Menem con respecto al pago de una comisión para la instalación de una planta de Swift Armour S.A. La salida a la luz de los hechos, con interés de la embajada de los Estados Unidos, provocó la dimisión de los funcionarios implicados. El gobierno argentino se esmeró en atender el caso con el objetivo de no dañar las relaciones entre ambos países.

El Yomagate fue un escándalo político^[186]​ que tuvo lugar en Argentina en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem^[187]​. El nombre del mismo combina el apellido de la implicada Amira Yoma (si bien luego fue sobreseída), y el uso del sufijo "-gate", de habitual uso en el periodismo luego del Watergate (EE. UU., 1972-1974).

La causa del Yomagate investigaba una supuesta operación de narcotráfico de cocaína.^[188]​^[189]​ Finalmente el caso sería cerrado y los imputados serían sobreseídos por la justicia argentina en abril de 1994, por pedido del fiscal Carlos Stornelli y escrito por el entonces secretario de cámara Gabriel Cavallo.

El caso puso en evidencia, al menos para la opinión pública, el entramado de poder que vinculaba al poder judicial (con la figura sobresaliente de la aún jueza Servini de Cubría y el poder político (encabezado por el presidente Menem) ^{[cita requerida]}él desplazamiento de funcionarios judiciales a través de amenazas o ascensos, e incluso censura a programas de televisión (como se dio en el icónico caso de censura previa/amordazamiento legal a Tato Bores)^[190]​, entre tantos otros.^[191]​