Presidencia de Javier Milei

Presidencia de Javier Milei
Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada el día de su investidura el 10 de diciembre de 2023.
Información general
Ámbito	Argentina
Presidente Vicepresidente	Javier Milei Victoria Villarruel
Jefe de Gabinete	Nicolás Posse (2023-2024) Guillermo Francos (desde 2024)
Formación	10 de diciembre de 2023
Composición del gabinete
N.º de ministerios	9 (Dic. De 2023 - Mar. De 2024) 8 (Mar. de 2024 - jun. de 2024) 7 (jun. de 2024 - jul de 2024) 8 (desde julio de 2024)
Partido (s)	Ver lista Principales La Libertad Avanza Partido Libertario Partido Demócrata Unión Celeste y Blanco Partido Fe Partido Renovador Federal Aliados PRO UCEDE (facción) UCR (Grupo Malbec)
Coalición (es)	La Libertad Avanza
Elección
Elección	Elecciones presidenciales de Argentina de 2023
Periodo	2023 - 2027
Situación en el poder legislativo
Congreso de la Nación	Elecciones legislativas de Argentina de 2023
Senado	6/72
Diputados	39/257
Sucesión
Presidencia de Alberto Fernández Presidencia de Javier Milei
[editar datos en Wikidata]

La presidencia de Javier Milei se inició con su investidura el 10 de diciembre de 2023 tras su victoria en la segunda vuelta en las elecciones de dicho año. Es calificado como un gobierno conservador.^[1]​^[2]​^[3]​^[4]​

En mayo de 2023 se anunció la fórmula presidencial de La Libertad Avanza, compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel.^[5]​^[6]​

En las elecciones PASO, realizadas el 13 de agosto, Milei fue el candidato individual más votado, obteniendo el 29,86 % de los votos en todo el país. Por estos resultados, la coalición ganó su primera elección y llevó a un partido político no afiliado o relacionado al radicalismo o al peronismo a ganar una elección presidencial por primera vez desde la sanción de la Ley Sáenz Peña.^[7]​ La noticia causó la reacción de varios medios a nivel mundial debido al rotundo giro de la Argentina hacia la derecha radical.^[8]​ Milei fue además el primer candidato que ganó las PASO sin triunfar en la provincia de Buenos Aires, mientras que sí logró la victoria en otras 16 provincias, muchas de ellas bastiones históricos del peronismo.^[9]​ Milei obtuvo su mejor resultado en la provincia de Salta, donde alcanzó el 49 % de los votos.^[10]​ Tras estos resultados, fue habilitado para participar en las elecciones presidenciales de 2023.^[11]​

Llegado el día de las generales, Milei fue el segundo candidato más votado, obteniendo el 29,98 % de los votos en todo el país, solo por detrás de Sergio Massa. Debido a que ningún candidato alcanzó el 45 % de los votos o el 40 % y más de 10 puntos de diferencia con el segundo, fue habilitado junto con Massa a una segunda vuelta.^[12]​

Tras pasar al balotaje, La Libertad Avanza recibió los apoyos de Patricia Bullrich, Luis Petri, Mauricio Macri y otros dirigentes de Juntos por el Cambio, en una decisión cuestionada por dos de los tres partidos fundadores de JxC, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica ARI y también por los dirigentes más moderados del PRO, el tercer partido fundador. Milei respondió en sus redes sociales publicando una foto de un pato envuelto en la bandera argentina abrazado a un león como una clara alegoría de Patricia y de sí mismo; también declaró que las posiciones neutrales favorecen a Massa y pidió no votar en blanco.^[13]​^[14]​ El acuerdo entre los dirigentes de Juntos por el Cambio y Javier Milei fue denominado por los medios de comunicación como «Pacto de Acassuso», al darse en la residencia de Macri, ubicada en dicha localidad.^[15]​^[16]​

Esta fórmula se impuso en la segunda vuelta realizada el 19 de noviembre, obteniendo el 55,65 % de los votos contra el 44,35 % de la fórmula Massa-Rossi, ganando en CABA y en 20 de las demás provincias.^[17]​ En la provincia de Córdoba, Milei obtuvo el 74% de los votos.^[18]​

La campaña presidencial de Milei recibió 398 millones de pesos por parte del Estado y 40 millones de pesos en aportes de sector privado, costando un total de 437.437.307 pesos (incluyendo el pago de 25 millones de pesos a la agencia de marketing Mobile First S.A.), según informó La Libertad Avanza.^[19]​

Es la primera vez, desde la instauración del voto popular, secreto y obligatorio en 1912 con la Ley Sáenz Peña, que la coalición política gobernante no está integrada por el Partido Justicialista ni por la Unión Cívica Radical, los dos partidos más tradicionales de Argentina.^{[cita requerida]} Milei es también el primer presidente con ideas libertarias en la historia del país, así como el primer economista en alcanzar dicho cargo.^[20]​^[21]​

Luego del balotaje, Javier Milei comenzó a confirmar los miembros de su gabinete. El 21 de noviembre se reunió con el presidente saliente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos, para dar inicio a la transición.^[22]​ Luego se comunicó telefónicamente con el Papa Francisco, quien le envió un rosario bendecido para él y Victoria Villarruel, que les llegaría el sábado 25 de noviembre.^[23]​ El mismo sábado, se comunicó por videollamada con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Gueorguieva.^[24]​ Esa noche, junto con su hermana Karina Milei, se reuniría con el rabino David Pinto Shlita, quien le brindó su bendición.^[25]​

El 26 de noviembre, Milei emprendió una gira por los Estados Unidos junto a miembros de su eventual gabinete de ministros, Nicolás Posse y Luis Caputo. A la mañana del día siguiente visitó la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson en Nueva York.^[26]​ Más tarde almorzó con el expresidente estadounidense Bill Clinton y con Chris Dodd, exsenador demócrata. John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, afirmó que, desde la Casa Blanca, «querían seguir buscando formas de cooperar con la Argentina».^[27]​

El 29 de noviembre, Javier Milei y Victoria Villarruel fueron proclamados presidente y vicepresidenta por parte del Congreso Nacional, al tiempo que fueron avalados los resultados electorales del 19 de noviembre en un acto protocolar.^[28]​

El 8 de diciembre se terminó de confirmar a los miembros de su gabinete de ministros: Nicolás Posse (jefe de Gabinete), Diana Mondino (Canciller), Sandra Pettovello (Capital Humano), Luis Petri (Defensa), Luis Caputo (Economía), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Guillermo Francos (Interior), Mariano Cúneo-Libarona (Justicia), Mario Russo (Salud) y Patricia Bullrich (Seguridad). De esta forma, la formación del gabinete se destacó por la inclusión tanto de la candidata presidencial (Bullrich) como del candidato a vicepresidente (Petri) de una coalición política rival en las elecciones (Juntos por el Cambio).^[29]​

El 10 de diciembre a las 11:58 hora argentina, Javier Milei juró su cargo como presidente de la Nación Argentina, en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación:

Yo, Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la Patria, sobre estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina, y observar y hacer observar fielmente, en lo que mi depende, la Constitución de la Nación Argentina. Sí juro.

Javier Milei

Posteriormente recibió de manos del presidente saliente Alberto Fernández el bastón y la banda presidencial. Tras la jura, el presidente brindó un discurso de media hora de duración en las escalinatas del congreso, donde realizó un análisis de la herencia económica y social que recibe del Gobierno saliente, recalcando que «Ningún Gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros».^[30]​ Además de sostener las medidas de ajuste fiscal sobre el sector público propuestas durante la campaña. Posteriormente se dirigió hacia la Casa Rosada para continuar con los actos protocolares. Más tarde, se realizó un ceremonia interreligiosa en la Catedral de Buenos Aires, protagonizada por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, y donde también estuvieron presentes el arzobispo griego, Iosif Bosch; el Obispo anglicano, Brian Williams; el representante de Aciera (iglesia evangélica), pastor Christian Hooft, el rabino Shimon Axel Wahnish y Sheij Salim Delgado Dassum, representante de la comunidad islámica.^[31]​

El mismo día de su investidura, el 10 de diciembre de 2023, el presidente firmó un decreto que modificó la Ley de Ministerios, reduciendo la cantidad de ministerios de diecinueve a nueve, al mismo tiempo que reorganizando las carteras de la mayoría de los anteriores ministerios en secretarías ministeriales.^[32]​ Su Gabinete de Ministros es el de mayor representación femenina desde el retorno de la democracia en 1983, con una participación del 37,5%.^[33]​

También derogó el Decreto 93/2018, establecido por Mauricio Macri por el que se evitaba que los altos funcionarios pudiesen nombrar a familiares suyos. Esto hizo posible la designación de su hermana Karina como secretaria general de la Presidencia. ^[34]​

El 25 de enero de 2024, a los 45 días de asumir Milei como presidente, se dio el primer cambio en su gabinete de ministros con la salida de Guillermo Ferraro, quien era ministro de Infraestructura. El mismo fue echado porque filtró información de las reuniones del gabinete a la prensa, entre lo que trascendió la supuesta frase dicha por Milei de que «iba a dejar sin un peso» a los gobernadores provinciales si no apoyan la aprobación en el Congreso de la ley ómnibus a través de sus diputados.^[35]​^[36]​^[37]​Con esta renuncia, en lugar de nombrar un nuevo ministro, se tomó la decisión de transferir las áreas de Infraestructura al Ministerio de Economía.

El 27 de mayo de 2024 se produjo el segundo gran cambio en el gabinete con la renuncia de Nicolás Posse a la Jefatura de Gabinete de Ministros y el nombramiento de Guillermo Francos en la misma. Francos ejercía como ministro del Interior desde el 10 de diciembre de 2023 y cuando se produjo el cambio, todas las competencias del Ministerio del Interior pasaron a depender de la Jefatura de Gabinete. Además un día después Andrés Scarsi, viceministro de Salud, era reemplazado por Pablo Bertoldi. Con esto se convirtieron en más de veinte los funcionarios (2 por semana) que renunciaron, se les pidió la renuncia o fueron trasladados desde el 10 de diciembre de 2023.^[38]​

El 5 de julio de 2024, el presidente firmó un decreto modificando la Ley de Ministerios, creando el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. ^[39]​^[40]​

Jefatura de Gabinete y Ministerios
Cartera	Titular	Período
		Inicio	Fin
Jefatura de Gabinete de Ministros	Nicolás Posse	10 de diciembre de 2023	27 de mayo de 2024
	Guillermo Francos	27 de mayo de 2024	En el cargo
Ministerio de Capital Humano	Sandra Pettovello	10 de diciembre de 2023	En el cargo
Ministerio de Defensa	Luis Petri	10 de diciembre de 2023	En el cargo
Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado	Federico Sturzenegger	5 de julio de 2024	En el cargo
Ministerio de Economía	Luis Caputo	10 de diciembre de 2023	En el cargo
Ministerio de Justicia	Mariano Cúneo-Libarona	10 de diciembre de 2023	En el cargo
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto (Cancillería)	Diana Mondino	10 de diciembre de 2023	30 de octubre de 2024
	Gerardo Werthein	1 de noviembre de 2024	En el cargo
Ministerio de Salud	Mario Russo	10 de diciembre de 2023	26 de septiembre de 2024
	Mario Lugones	26 de septiembre de 2024	En el cargo
Ministerio de Seguridad	Patricia Bullrich	10 de diciembre de 2023	En el cargo
Ministerio del Interior (eliminado)	Guillermo Francos	10 de diciembre de 2023	27 de mayo de 2024
Ministerio de Infraestructura (eliminado)	Guillermo Ferraro	10 de diciembre de 2023	5 de marzo de 2024
Secretarías de la Presidencia de la Nación
Secretaría General	Karina Milei	10 de diciembre de 2023	En el cargo
Secretaría Legal y Técnica	Javier Herrera Bravo	10 de diciembre de 2023	En el cargo
Secretaría de Comunicación y Medios	Manuel Adorni	18 de septiembre de 2024	En el cargo
Secretaría de Prensa	Eduardo Serenellini	29 de diciembre de 2023	En el cargo
Secretaría de Planeamiento Estratégico Normativo	María Ibarzabal Murphy	9 de abril de 2024	En el cargo
Secretaría de Inteligencia de Estado	Sergio Neiffert	15 de julio de 2024	En el cargo

En su primer discurso como Presidente de la Nación, Javier Milei afirmó que «Ningún Gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros» y que se tenía «Déficits gemelos por 17 puntos del PBI».^[30]​ El acumulado interanual de la inflación para el 2023 fue de 142,7% según datos del INDEC, mientras que notas de la Nación y Clarín notifican de una deuda bruta del sector público de US$419.291 millones, reservas brutas en el BCRA de US$21.168 millones, una deuda en Letras de Liquidez (Leliq) de $23 billones de pesos, la cual genera «una emisión de más de $2 billones al mes por los intereses», una emisión monetaria equivalente a 20 puntos de PBI y una represión de los precios de las tarifas, las cuales «se pagan entre un 50 % y un 20 % de su valor real».^[41]​^[42]​ Milei promovió desde la campaña electoral medidas de shock y un fuerte ajuste sobre el sector público. El ministro de economía designado fue Luis Caputo,^[43]​ y el presidente del Banco Central de la República Argentina designado en comisión fue Santiago Bausili.^[44]​

En febrero de 2024 se redujo los gastos del estado nacional en subsidios de energía y transporte, transferencias a las provincias, obras públicas, gasto social y jubilaciones.^[45]​^[46]​Mientras tanto, el sueldo de los trabajadores formales llegó a su nivel más bajo desde la crisis del 2002 perdiendo poder de compra al igual que las jubilaciones,^[45]​ acompañada por una fuerte desaceleración de la inflación.^[47]​En marzo de 2024 el Estimador mensual de actividad económica del INDEC registraba que la recesión era del 8,4% en la comparación interanual.^[48]​

Inflación

Mes y año	Cifra	Diferencia	Ref.
diciembre 2023	25,5%	+12,7%	[49]​
enero de 2024	20,6%	-4,9%	[50]​
febrero 2024	13,2%	-7,4%	[51]​
marzo 2024	10,9%	-2,3%	[52]​
abril 2024	8,8%	-2,1%	[53]​
mayo 2024	4,2%	-4,6%	[54]​
junio 2024	4,6%	+0,4%	[55]​
julio 2024	4,0%	-0,6%	[56]​
agosto 2024	4,2%	+0,2%	[57]​
septiembre 2024	3,5%	-0,7%	[58]​
octubre 2024	2,7%	-0,8%	[59]​
Total acumulado	107%	[60]​

Resultado financiero

Mes y año	Cifra	Diferencia	Ref.
diciembre de 2023	-4,43%	+0,4
enero de 2024	+0,09%		[61]​
febrero de 2024	+0,15%		[62]​
marzo de 2024	+0,20%		[63]​
abril de 2024	+0,20%		[64]​
mayo de 2024	+0,41%	+0,2%	[65]​
junio de 2024	+0,45%	-0,2%	[66]​
julio de 2024	+0,35%	-0,1%	[67]​
agosto de 2024	+0,35%	+0,1%	[68]​
Total acumulado	2%

Reservas brutas del BCRA

Mes y año	Cifra	Diferencia
1 de diciembre de 2023	$23.073	+$1.197
1 de enero de 2024	$25.007	+$1.537
1 de febrero de 2024	$27.597	+$2.590
1 de marzo de 2024	$27.882	+$285
1 de abril de 2024	$27.578	-$304
1 de mayo de 2024	$28.664	+$1.086
1 de junio de 2024	$29.022	+$358
1 de julio de 2024	$26.997	-$2.025
1 de agosto de 2024	$27.065	+$68
1 de septiembre de 2024	$26.717	-$348
1 de octubre de 2024	$28.458	+$1.741
Total acumulado		+4.787
Dólar "blue"
Mes y año	Cifra	Diferencia
1 de diciembre de 2023	$1025	+$75
31 de enero de 2024	$1295	+$270
29 de febrero de 2024	$1030	-$265
31 de marzo de 2024	$1005	-$25
30 de abril de 2024	$1040	+$35
31 de mayo de 2024	$1235	+$195
30 de junio de 2024	$1405	+$170
31 de julio de 2024	$1380	-$25
31 de agosto de 2024	$1305	-$75
30 de septiembre de 2024	$1235	-$70
31 de octubre de 2024	$1180	-$55

Dólar Fuente:Diario Ámbito[69]​[70]​
Mes y año	D. oficial en AR$	D. "blue" en AR$	Brecha (%)
9 de diciembre de 2023 Presidencia Fernández	400,50	990	147,50%
13 de diciembre de 2023 Presidencia Milei	832,64	1070	28,50%
1 de enero de 2024	847,11	1005	18,65%
1 de febrero de 2024	875,65	1195	36,47%
1 de marzo de 2024	888,70	1035	16,44%
1 de abril de 2024	901,63	1010	12,02%
1 de mayo de 2024	920,57	1040	12,97%
1 de junio de 2024	934,94	1225	31,02%
1 de julio de 2024	953,75	1405	47,29%
1 de agosto de 2024	971,05	1370	41,09%
1 de septiembre de 2024	990	1305	31,82%
1 de octubre de 2024	1005,53	1220	21,33%

Actividad económica

Mes y año	Sectores principales						Total (acumulado) (todos los sectores)
	Agro	Minería	Industria	Construcción	Comercio	Hoteles y restaurantes
diciembre de 2023	+9,1	+8,3	-12,3	-12,4	-9,8	+9,8	-1,6
enero de 2024	+11,0	+7,2	-11,2	-15,5	-6,9	-1,9	-4,0
febrero de 2024	+3,3	+11,3	-8,2	-17,3	-4,3	-2,0	-3,4
marzo de 2024	+11,5	+6,5	-20,1	-26,4	-15,3	-1,8	-5,2
abril de 2024	+64,3	+8,6	-16,3	-23,6	-14,8	-4,9	-4,5
mayo de 2024	+97,4	+7,1	-15,2	-20,8	-13,2	-4,4	-3,3
junio de 2024	+79,2	+4,2	-20,6	-22,3	-18,9	-4,1	-3,4
julio de 2024	+23,6	+5,7	-5,6	-14,8	-5,3	-4,5	-3,0
agosto de 2024	+4,5	+6,0	-6,7	-18,0	-7,9	-4,1	-3,1
Fuente: INDEC. «Estimador mensual de actividad económica agosto 2024».

Con el objetivo de reducir el déficit fiscal, planteó una política de austeridad centrada en la reducción del presupuesto de los organismos públicos nacionales, con el objetivo de reducir 5 puntos del PBI en gasto público, los cuales representan el déficit presupuestario del Estado nacional.^[71]​ La primera medida de Javier Milei, al llegar al despacho presidencial luego de su investidura, fue la firma del decreto 8/2023, que redujo la cantidad de ministerios, de 18 a 9, la de secretarías, de 106 a 54 y la de subsecretarias, de 182 a 140.^[32]​ Al día siguiente decretó la modificación de la imposibilidad de designar personal con parentesco por parte de los funcionarios en el Estado nacional (para poder nombrar a su hermana, Karina Milei, Secretaría General),^[72]​ y se anunció la exigencia de la «presencialidad al 100 %» por parte de los empleados públicos y la revisión de los gastos y contrataciones de todos los ministerios remanentes, realizadas en el último año, con el objetivo de «encontrar contrataciones irregulares». Esta medida también abarcó contrataciones en universidades y otras dependencias del Estado nacional.^[73]​ También se anunció la no renovación de los contratos laborales del Estado con menos de un año de vigencia.^[42]​

El 15 de diciembre de 2023 se anunció un recorte presupuestario valuado por el Gobierno en US$3000 millones anuales en «gastos de funcionamiento», donde se abarcaría la reducción de la flota de autos oficiales, la venta de dos aviones de la empresa YPF, la reducción de choferes de los funcionarios públicos a un 50% y la reducción del seguro de las pinturas de la residencia oficial.^[74]​^[75]​

El 26 de diciembre de 2023, a través del Decreto 84/2023, se oficializó la baja de los contratos de empleados públicos que ingresaron a lo largo de 2023 en toda la administración nacional, lo cual afectó a unos 7.000 empleados.^[76]​El 20 de febrero de 2024 se realizó una reducción de la estructura jerárquica del PAMI, la cual representaba «un ajuste del 24,18% en rangos jerárquicos, del 75% en Secretarías y Dirección Ejecutiva, una merma del 33% en la cantidad de Gerencias y casi 20% menos de Subgerencias». Se echaron aproximadamente a 30 empleados cuyo sueldo se estima en promedio de tres millones de pesos por mes.^[77]​ El 22 de febrero, tras su intervención, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció las intenciones del Gobierno de cerrar el INADI.^[78]​

El 12 de diciembre de 2023, el ministro de economía Luis Caputo realizó un anuncio un paquete de «Medidas de Emergencia Económica», con el objetivo de «neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas». Entre ellas, la suspensión del pago de la «pauta oficial» a los medios de comunicación por el plazo de un año (en 2023 se había gastado $34 mil millones de pesos), la reducción al mínimo posible las transferencias del Estado nacional a las provincias, la suspensión de la licitación de obra pública y la cancelación de aquella que no ha comenzado (anunciando que serán realizadas por el sector privado), la reducción de los subsidios a las tarifas de la energía y del transporte, la liberación del tipo de cambio del dólar (de 400 a 800), junto a un aumento temporal del impuesto PAIS a las importaciones y retenciones de las exportaciones no agropecuarias y el reemplazamiento del sistema de importaciones SIRA por un sistema de estadísticas, más flexible y libre. También se anunció que, posteriormente, serán eliminados todos los derechos de exportación, al considerar que «entorpecen el desarrollo».^[42]​

Al día siguiente, el Banco Central, presidido por Santiago Bausili, informó que decidió «mantener sin cambios la tasa de política monetaria» (las Leliq continuaran con una tasa del 133 % y se «disminuirá los pases pasivos al 100 % de ganancia total»), y que se le solicitará un «waiver» al FMI, frente a la dificultad del pago de los vencimientos de diciembre.^[79]​ Finalmente se recibió un préstamo por US$913 millones del CAF para el pago de los vencimientos.^[80]​ Se confirmó la eliminación del SIRA a partir de enero de 2024, liberando la entrada de importaciones, al no necesitar autorización previa del BCRA.^[81]​ Además se realizó la compra de US$300 millones, principalmente de sectores agropecuarios y energéticos, con el objetivo de obtener reservas, y gracias a la modificación del tipo de cambio.^[82]​

Tras las medidas, en el primer día, la brecha entre el valor oficial del dólar y el dólar blue se redujo al 30,4 %, frente a la devaluación del oficial por 104 %, a 830, y del no oficial por el 4 %, a 1.070.^[83]​ El BCRA informó que esta brecha se reduciría en un 2 % mensual, a través de la devaluación del valor oficial.^[84]​ También se redujo el riesgo país en un 3,9 % y aumentó el valor de los bonos de deuda argentinos.^[85]​ Aunque se produjo un aumento, en promedio, del 37 % en combustibles.^[86]​

El 18 de diciembre de 2023, el Banco Central resolvió «reducir las tasas de interés en pesos referenciales para el mercado», la de pases pasivos al 100 % anual, como ya había sido comunicado anteriormente, y para los plazos fijos del 133 % al 110 % anual («el interés que estaban obligados a pagar los bancos por los depósitos»). Esto está vinculado, precisamente, a la próxima desaparición de las Leliq dado que, en el mismo comunicado, el BCRA anunció que «decidió dejar de realizar licitaciones para ofrecer estos títulos».^[87]​ Días después se confirmó que la deuda en Leliq se había reducido de $20.000 millones a $2.200 millones en el plazo de una semana, así como también se anunció que su desaparición formal esta fechada para el 11 de enero de 2024.^[88]​

Javier Milei había prometido en febrero de 2024 la encarcelación de los políticos que imprimiesen dinero,^[89]​ sin embargo dos meses después acabó encargando a China, Brasil y España la creación de los billetes que necesitaba Argentina debido a la inflación y la depreciación de la moneda local que podía llevar al país a quedarse sin circulante.^[90]​^[91]​

El 20 de diciembre de 2023, Javier Milei emitió una cadena nacional, junto a los miembros de su gabinete y a Federico Sturzenegger, donde desarrolló 30 (de las más de 300) medidas adoptadas por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, denominado «Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina». Milei planteó que el objetivo de estas medidas era eliminar definitivamente el déficit fiscal, así como desregular totalmente la economía, «después de décadas de fracaso, empobrecimiento y anomalías». El DNU fue planificado y redactado, principalmente, por el expresidente del Banco Central durante el Gobierno de Mauricio Macri, Federico Sturzenegger, así como también el paquete de leyes.^[92]​ Entre las principales medidas se menciona:^[93]​^[94]​

• La derogación de: «Ley de Alquileres», «Ley de Abastecimiento», «Ley de Góndolas», «Ley del Compre Nacional», «Ley de Promoción Industrial», «Ley de Promoción Comercial», «Ley de Tierras», «del observatorio de precios del Ministerio de Economía», «de la normativa que impide la privatización de empresas públicas» y «del régimen de sociedades del Estado».
• La modificación de: «Ley de Manejo del Fuego», Código Civil y Comercial, la derogación del decreto n.º 743/22 que establecía un tope de aumento de empresas de medicina prepaga y de la «Ley de Sociedades».
• La «transformación de todas la empresas públicas en sociedades anónimas para su posterior privatización».
• Reforma laboral: restricciones al derecho de huelga, extensión del período de prueba, eliminación de la indemnización por despido, restricciones al financiamiento sindical, prioridad del convenio colectivo de empresa sobre el convenio de sector.
• Reforma del código aduanero e implementación de la política de cielos abiertos.

Ni bien finalizó la cadena nacional se registraron protestas en varios puntos del país; en varios barrios de Buenos Aires se produjeron cacerolazos y una nutrida movilización en las puertas del Congreso Nacional.^[95]​ Expertos en derecho constitucional consideran que el decreto no cumple con los requisitos exigidos por la Constitución Nacional.^[96]​^[97]​ Una gran cantidad de dirigentes políticos opositores declararon que el DNU es inconstitucional.^[98]​^[99]​^[100]​ Asociaciones civiles y sindicatos presentaron un amparo para que se declare nulo.^[101]​Por su parte, el Presidente defendió el paquete de normas decretadas alegando que el DNU se estableció a favor del mercado, no de las empresas, y que busca incrementar el bienestar de la población. Además, agregó que las personas partícipes de los cacerolazos están «abrazados y enamorados del modelo que los empobrece».^[102]​^[103]​^[104]​

El 30 de enero de 2024 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de todo el Título IV (normas laborales) por ser contrario al art. 99, inc. 3.º, de la Constitución Nacional.^[105]​

Junto con el anuncio del decreto, Milei llamó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, para que este trate un paquete de leyes relacionadas, entre el 26 de diciembre de 2023 y el 31 de enero de 2024,^[106]​clamando la colaboración de las cámaras para avanzar con, dicho por el mismo, en «este proceso de cambio que la sociedad eligió, en un contexto de crisis que requiere acción inmediata».^[107]​ El 27 de diciembre se presentó el proyecto de ley denominado «Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», el cual consistía en una ley ómnibus donde se abarcan reformas económicas, fiscales, sociales, laborales, electorales, de seguridad, entre otras. Según el Gobierno, se busca «restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853».^[108]​ A lo largo de sus 664 artículos, contiene delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social por dos años, hasta diciembre de 2025.^[109]​ En materia económica y fiscal, entre otras medidas, se lanzó un blanqueo de capitales, una moratoria de deudas impositivas, una reducción de las cargas impositivas y una subida de las retenciones.^[110]​

También se propuso la privatización de empresas y sociedades del Estado, o con mayoría estatal, entre las que se encuentran: Aerolíneas Argentinas; ARSAT; AySA; Banco de la Nación Argentina; Banco de Inversión y Comercio Exterior; Casa de Moneda S.A., Correo Argentino; Enarsa; Ferrocarriles Argentinos; Operadora Ferroviaria, entre otras.^[111]​

El 24 de enero el Gobierno consiguió las firmas necesarias para aprobar el dictamen de mayoría. El proyecto se debatió en el recinto de la Cámara de Diputados y fue aprobada en general el 2 de febrero, con 144 votos positivos y 109 negativos. Además de su propia bancada, consiguió el apoyo total del bloque PRO, Innovación federal, y casi todos los diputados de la UCR y Hacemos Coalición Federal. Sin embargo, el 6 de febrero, el proyecto paso a votación en particular, donde el Gobierno empezó a perder votaciones en artículos claves de la ley, habiendo perdido el apoyo de los diputados que respondían a gobernadores peronistas y provinciales. Ante la expectativa del rechazo de los artículos sobre las privatizaciones, el Gobierno decidió terminar el debate y mandar el proyecto de ley devuelta a comisión, y por ende, a foja cero.^[112]​

El 30 de abril de 2024, el proyecto, con una serie de modificaciones, volvió a tratarse en la Cámara de Diputados, siendo este aprobado de manera general y siendo todos sus capítulos aprobados también.^[113]​^[114]​

El 12 de junio, tras un mes y medio de discusiones en el Plenario de Comisiones, finalmente es tratado en el recinto y alrededor de las 22:30 horas, se realiza la votación quedando en empate por 36 a 36, haciendo que la Presidente del Senado, Victoria Villarruel, desempate de manera afirmativa la ley. Luego se procedió al tratamiento en particular donde se aprobaron todos los artículos, pero con algunas modificaciones, por lo que el proyecto volverá a diputados para su última revisión.^[115]​

Según la Universidad Católica Argentina en el 1° trimestre de 2024 el indicador de pobreza aumentó un 10,8% (de un 44,7% a un 55,%) y el de indigencia aumentó un 7,9% situándose en 17,5%. En número de ciudadanos 24,9 millones de éstos estarían en situación de pobreza y de ellos 7,8 millones en la indigencia.^[116]​ Los bajos ingresos de los trabajadores así como los elevados niveles de carencias alimentarias afectó al 20,8% de los hogares, al 32,2% de los niños y adolescentes. Además se encontraban un 10,9% de los habitantes en desnutrición severa (el 8,8% de los hogares y el 13,9% de niños y adolescentes).^[116]​

Según un informe de UNICEF de agosto de 2024 siete de cada diez niños experimentaban carencias, ya sea monetarias o privaciones en el ejercicio de algunos de sus derechos. También informaban de que un 52% de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, 11 puntos más que en 2023 y el valor más alto de toda la serie. De estos un 90%, 10 millones, optó por no adquirir carnes, leche o derivados. Cómo conclusión afirmaron que hay «restricciones de ingresos, endeudamiento, limitaciones en el acceso a alimentos y empeoramiento de la calidad de las dietas, insuficiencia de la capacidad de protección de las transferencias de ingresos en un contexto inflacionario». En el caso de los adultos que viven en esos hogares y que se saltean alguna comida, el número se eleva a 4,5 millones.^[117]​^[118]​

Ese mismo mes, otro análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia informó de que el presupuesto asignado a programas para niños y adolescentes disminuyó un 18% en términos reales en 2024 con respecto al año pasado registrándose recortes programas de salud (-50%) alimentación (-29%) y educación (-43,7%).^[119]​

La paralización de la obra pública y una falta de demanda de la privada hizo que la construcción cayera un 37,2 % interanual en el mes de abril. Esto llevó a que los puestos de trabajo dicho segmento segmento descendieran un 15,7 %.^[120]​ Esta falta de demanda hizo que Acindar tuviese que parar su producción en varias ocasiones en el 2024.^[121]​

En el primer trimestre de 2024 la producción industrial argentina bajo a los niveles más bajos desde la Pandemia del COVID-19, un 53,4 % de su capacidad. Los sectores con menor uso de su capacidad instalada para producir fueron la dedicada a los materiales de construcción (47,2 %), la producción de plásticos y cauchos (44,1 %), la industria textil (38,5 %) y la metalmecánica (38 %).^[122]​

Toda esta retracción industrial, junto con la del consumo, provocaron una caída de en la producción de residuos a la mitad (de 12 000 kilos/noche se pasó a entre 5000-6000 kilos/noche) en el primer trimestre de 2024. Dicha situación llevó a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores a denunciar la falta de recursos.^[123]​

En el sector alimenticio la principal caída se registró en la industria dedicada a las bebidas carbonatadas, cervezas y zumos (12,1%) seguido del sector de los lácteos y derivados.^[124]​

Para mayo de 2024 se dieron de baja 7.820 empresas, en su mayoría pymes y hubo una pérdida de 176.000 empleos registrados.^[125]​ La Unión Industrial Argentina expresó en un comunicado su preocupación por la caída de la producción (13,9 % más que el año pasado en la misma fecha), el incremento de los costes de la energía y el impacto del contexto económico que estaba perjudicando especialmente a las pymes.^[122]​

El sector automovilístico cayó entre un 24,1% y 27,9%. Esto llevó a seis automotrices, que ya habían tomado la decisión de reducir la jornada de trabajo, a la decisión de Acinda y parar su producción debido a la falta de demanda del mercado y por la demora de las importaciones.^[126]​ Esto llevó a que en julio Bridgestone y Fate decidieran parar la producción de neumáticos y presentará un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo con la que poder liberarse de empleados pues las exportaciones eran solo de un 10% de lo proyectado.^[127]​^[128]​

En junio de 2024, la industria manufacturera utilizó el 54,5% de su capacidad instalada, cifra inferior a la de la crisis de 2002 y un 1,2% por encima del nivel que se verificó en la pandemia de Covid-19, cuando se encontraba detenida. En términos interanuales, el porcentaje era menor en 14,1 puntos. Aun así, mostró una mejoría desde marzo cuando el gobierno hablaba de un futuro «rebote en V».^[129]​^[130]​

En julio de 2024 la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino divulgó un informe sobre el primer semestre del gobierno y su impacto en las pequeñas y medianas empresas, en base a cifras publicadas por el Indec. En esos seis primeros meses de gobierno aproximadamente 10.000 pymes cerraron debido al desplome de la actividad económica ocurrido tras la devaluación de diciembre pasado, que provocó un aumento de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones. La Asociación expresó que «este experimento libertario está destruyendo 50 pymes por día en la Argentina sin plan ni rumbo económico que genere certidumbre sobre el clima de negocios para poder desarrollar nuestra actividad económica en paz». El informe sostenía que debido a «la recesión ordenada por el presidente Javier Milei y ejecutada por el ministro de Economía Luis Caputo», Argentina pasó de ser un país «que creaba 8600 empresas por año» a uno que «destruye su equivalente en la mitad de tiempo».^[131]​

Ese mismo mes, la caída de ventas minoristas de un 7,3%, una caída acumulada del 16,2%, la aprobación de la Ley de Bases y la falta de demanda interna llevaron a la planta alimenticia de Canale de la Provincia de Mendoza a echar el cierre.^[132]​^[133]​ Ese mismo mes la multinacional estadounidense Procter & Gamble, del sector de higiene y belleza personal, abandonó Argentina.^[134]​

En agosto de 2024, el gobierno comenzó a reglamentar la primera parte de la legislación prevista en la Ley de Bases para privatizar cuatro centrales hidroeléctricas estatales: Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados.^[135]​

El Fondo Monetario Internacional aprobó en mayo de 2024 la octava revisión del acuerdo con la Argentina, pero no liberó los fondos como pretendía Caputo para así poder liberar el «cepo cambiario». Además informó de que no tendría fondos extra.

El FMI exigió primero una nueva devaluación fuerte del tipo de cambio para corregir lo que considera atraso cambiario por el Tipo de cambio flexible del 2% mensual que dispusieron desde el gobierno. Además pidió “mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, incluyendo a través de reformas que mejoren la eficiencia y progresividad del sistema tributario, reduzcan los subsidios y refuercen tanto los controles del gasto como la rendición de cuentas”.^[136]​

Desde junio de 2024 el gobierno decidió mandar las reservas de oro de la nación a Reino Unido bajo el pretexto de que ese movimiento permitiría obtener un retorno por los activos del Banco Central porque en el Banco Central no generaban nada. El valor de las 11 toneladas trasladadas, que se sumarían a las que ya existían en Suiza, alcanzaría los 450 millones de dólares.​ ^[137]​^[138]​

Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, denunció la situación y pidió informes que clarificasen las operaciones pues nadie había respaldado tales operaciones. Además exigió a Santiago Bausili que informase en que reunión de Directorio se trató el tema, qué funcionarios fueron los que intervinieron y si es parte de un plan del que el Ministerio de Economía está al tanto.^[139]​

Para principios de agosto de 2024 se mandó unos 1 000 millones de dólares en oro dividido en 4 lotes de 250 000 millones por cuestiones de cobertura del seguro que ofrece la aerolínea. El plazo de los informes que había pedido Palazzo, que se le tendrían que haber dado el 5 de agosto, venció pero el Banco Central de la República Argentina comunicó que utilizaría la prórroga de 15 días más para oficializar una réplica oficial.^[140]​

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de Naciones Unidas, pronosticó en agosto de 2024 una caída del 3,6% de la economía argentina para ese año, un 0,4% más de lo pronosticado en mayo.^[141]​

Además empeoró la proyección de crecimiento regional para ese mismo año, de un 2,1% a un 1,8%, debido a un «contexto internacional incierto» debido a un elevado nivel de inflación y tasas de interés que se mantienen altas a nivel mundial.^[141]​

En el plano regional, la CEPAL aseguró que el crecimiento se estaba viendo obstaculizado por la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos y por las postura política monetaria restrictiva que afectaba la demanda interna y desincentivaba la inversión.^[141]​

Al inicio de la administración Milei, el área de infraestructura tuvo un nivel ministerial, creándose el Ministerio de Infraestructura, siendo liderado por Guillermo Ferraro. El 26 de febrero de 2024, tras la renuncia de Ferraro, se eliminó el ministerio recientemente creado y sus funciones pasaron a la esfera del Ministerio de Economía.

Desde el inicio de la presidencia de Milei, se anunció en el paquete de medidas de emergencia económicas el fin de la licitación de obras públicas por parte del gobierno nacional. Esto, sumado a la política de reducción de empleados estatales, provocó la paralización de obras que se estaban realizando hasta el momento y la desinversión en ciertos sectores dependientes del Estado. Un ejemplo de esto es la caída de la inversión en la red ferroviaria en un 98 % y un 41 % en gastos operativos,^[142]​la reducción al 100 % en corredores viales y del 55.9 % en EnArSA.^[143]​Respecto a las obras públicas, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) estimaba en mayo de 2024, que entre 3500 y 4000 obras públicas estaban paralizadas y que se habían perdido más de cien mil empleos.^[144]​Ante esta situación, algunos gobernadores firmaron el traspaso de ciertas obras públicas, a cargo del gobierno nacional hasta ese momento, para poder continuarlas con fondos propios.^[145]​^[146]​

En enero de 2024 la tarifa mínima de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires sufrió un incremento del 45 %, alcanzando un valor de 76,92 pesos.^[147]​Las tarifas de los trenes del área metropolitana sufrieron un incremento del 45,32 %, mientras que las de los subtes de Ciudad de Buenos Aires uno del 37,5 %.^[147]​^[148]​ En febrero, la tarifa mínima de colectivos del área metropolitana de Buenos Aires sufrió un incremento del 251 %, alcanzando un valor de 270 pesos, mientras que las de los trenes de esa área, sufrieron un incremento del 247 %.^[149]​^[150]​ En ese mismo mes, eliminó el Fondo Compensador al Transporte Público, el cual, a través de transferencias del Estado Nacional, subsidiaba al transporte público en provincias del interior del país.^[151]​Este fondo, en 2023, había aportado unos 102 000 millones de pesos en concepto de subsidios.^[152]​^[153]​

El 29 de mayo de 2024, durante la estación de otoño, se suspendió el suministro de gas a ciertas industrias y centrales termoeléctricas debido a la demora en la compra por quinientos millones de dólares de este recurso a la empresa brasilera Petrobras.^[154]​^[155]​Esta compra se había realizado de urgencia, ante un aumento de la demanda y la imposibilidad de la infraestructura energética de satisfacerla a tiempo. El gobierno se excusó remarcando que era un año con temperaturas atípicas y que la demanda había incrementado cerca de un 55 % interanual.^[156]​La oposición acusó al gobierno de ser el responsable de esta faltante por haber paralizado la construcción de la primera etapa del gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GNK), la cual se compone de la construcción de dos plantas compresoras en Tratayén y Salliqueló y que hubieran abastecido al país con la infraestructura necesaria para no presentar problemas en el suministro de gas.^[157]​^[158]​Según la ex secretaria de energía Flavia Royon, la obra en Tratayén se encontraba, para diciembre de 2023, completa en un 82 % y debía seguirse.^[158]​La versión del gobierno es que la obra no se paralizó y que al momento de asumir recibieron la obra en Salliqueló un 19 % completa y con tres meses de demora; y Tratayén al 39 % con cinco de demora y que habían heredado una deuda del gobierno anterior con las empresas constructoras.^[158]​Coincidiendo con este hecho el gobierno comenzó a implementar un nuevo régimen tarifario para reducir gradualmente los subsidios en gas y electricidad.^[159]​^[160]​ En junio de ese mismo año terminó la construcción de la primera planta compresora del gasoducto en Tratayén.^[161]​^[162]​

El ministro del interior designado fue Guillermo Francos,^[163]​ quien planteó la implementación de una reforma electoral, en la cual se abarque la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) e ir a un sistema de boleta única, ya sea de papel o electrónica.^[164]​ Estas cuestiones son debatidas desde hace años en la Argentina, la implementación de una boleta única de papel ya fue aprobada por parte de la Cámara de Diputados en 2022.^[165]​ Posteriormente se anunció que la reforma electoral entraría dentro de la ley ómnibus, que se presentaría en el Congreso de la Nación.^[166]​

El 27 de diciembre se presentó la ley ómnibus ante la Cámara de Diputados, en esta se plantea la eliminación de las elecciones primarias, la utilización de la boleta única de papel (faltando la aprobación del Senado de la Nación) y la utilización del sistema de circunscripciones uninominales para la elección de los diputados nacionales. También se incluyeron las modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos y la quita de las sanciones para los candidatos que no participen de los debates.^[167]​

Federico Sturzenegger trabajó en una reforma electoral cuya ideas centrales eran cambiar el sistema de financiamiento de los partidos y las campañas electorales, bajar la edad de votación de 16 a 14 años y eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.^[168]​

La canciller designada fue Diana Mondino, la cual había sido confirmada durante la campaña electoral.^[169]​ Se lo había acusado a Milei de plantear una «ideologización» de las relaciones diplomáticas, proponiendo el congelamiento de las relaciones bilaterales con naciones como China, Rusia y Brasil, a las que calificaba como «comunistas», y manifestaba un alineamiento internacional con los Estados Unidos, particularmente con el Partido Republicano de Donald Trump.^[170]​ En una entrevista de septiembre del 2023 con el periodista Tucker Carlson, Milei sostuvo que «no hará pactos con comunistas» y que los negocios tienen que ser a nivel privado.^[171]​ Finalmente, no se suspendieron las relaciones bilaterales con esas naciones, aunque si ocurrió con Venezuela, Cuba y Nicaragua, a las que Milei acusaba de ser regímenes autocráticos.^[172]​

La primera medida de Mondino como canciller fue firmar el ingreso de la Argentina a la OCDE, así como confirmar el rechazo al ingreso a los BRICS, planteando un alineamiento diplomático con Estados Unidos, siendo esta decisión celebrada por el senador de dicho país Marco Rubio.^[173]​ Sin embargo, el 12 de diciembre de 2023, frente a la necesidad de «garantizar un volumen mínimo de importaciones y tener una reserva de libre disponibilidad para pagar los vencimientos con el FMI», Milei le envío una carta a Xi Jinping pidiendo la renovación swap por $5000 millones, otorgado al Gobierno predecesor. Esto se dio en un encuentro entre Milei y Wu Weihua, enviado de XI a la investidura presidencial.^[174]​

El 12 de diciembre de 2023, Argentina cambió su posición ante las Naciones Unidas, con respecto a la guerra en curso entre Israel y Hamás. Argentina, que había votado a favor de un alto el fuego en la Resolución ES-10/21 de la Asamblea General, pasó a abstenerse en la Resolución ES-10/22. Esta decisión se condice con el amplio apoyo brindado por parte de Milei hacia el Estado de Israel.^[175]​ En cambio, la Cancillería argentina se posicionó en junio por el final de la guerra y la creación de un Estado palestino.^[176]​

El 17 de enero de 2024, Javier Milei viajó, junto a miembros de su gabinete de ministros, a la sede del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde participó como orador de dicha conferencia.^[177]​ En su discurso ante un auditorio a la mitad de su capacidad, destacó que «Socialistas, conservadores, comunistas, fascistas, nazis, social-demócratas, centristas. Son todos iguales.» y que «Occidente está en peligro ante una gran amenaza por la expansión de las ideas socialistas». Milei también se expresó en contra del aborto, el feminismo, el estatismo, negó el cambio climático y se expreso a favor del capitalismo, calificando a los empresarios presentes en el foro como héroes. La reacciones a su discurso por parte de los presentes fueron calificadas como «estupor y sorpresa» por parte de una cronista del medio La Nación presente.^[178]​^[179]​^[180]​^[181]​ Tras su discurso, se reunió con David Cameron, canciller del Reino Unido, donde, entre otras cuestiones, se trató la cuestión de las islas Malvinas.^[182]​

A principios de febrero de 2024, Milei realizó una gira internacional por Israel, donde se reunió con el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu, Italia, donde se reunió con la primera ministro Giorgia Meloni, y el Vaticano, donde se reunió con el Papa Francisco, y donde participó de la canonización de Mama Antula.^[183]​ En Israel visitó las zonas afectadas por la Guerra de Israel-Gaza, donde reforzó su apoyo a Israel, así como también visito el Muro de los Lamentos y el Museo del Holocausto de Jerusalén.^[184]​

Tras los dichos por parte de Milei de llamar a su par colombiano Gustavo Petro un «comunista asesino» en una entrevista, el mandatario colombiano retiró al embajador de su país en Buenos Aires y ordenó la expulsión de un funcionario diplomático argentino de su país.^[185]​^[186]​

La canciller Mondino, a horas de asumir el cargo, confirmó que Argentina firmó el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aunque el proceso de adhesión puede durar años. Lo hizo en una conferencia en Casa Rosada, junto a Andrés Schaal (uno de los directores de la entidad). La invitación de la OCDE para que el país se uniera al bloque se formalizó durante el 2022, tras años de gestiones.^[187]​ Esto se dio junto con la confirmación del rechazo a la incorporación de la Argentina a los BRICS, luego de haber sido invitada en 2023, confirmando el inicial rechazo de Javier Milei durante la campaña electoral en lo que luego Mondino calificaría como una «decisión práctica».^[188]​^[189]​

El 20 de diciembre de 2023, la canciller emprendió una gira de 36 horas por Francia, donde se realizaron 12 reuniones con empresarios, diplomáticos y miembros del Gobierno de Francia, con el principal objetivo de «avanzar en la incorporación a la OCDE, uno de los objetivos de Javier Milei en su gestión». Se buscaba lograr que Emmanuel Macron se convierta en su aliado europeo para la gestión, a la hora de alcanzar acuerdos diplomáticos y emprender negociaciones comerciales.^[190]​^[191]​

Durante la campaña electoral, Milei afirmó que estaba evaluando la salida de la Argentina del Mercosur.^[192]​ Posteriormente fue rechazado por la canciller, quien afirmó buscar reforzar los lazos diplomáticos, pero señalando que «el Mercosur quedó viejo».^[193]​ Desde el comienzo de su gestión se determino como objetivo alcanzar el acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, después de décadas de estancamiento en las negociaciones. El 7 de diciembre, la gestión de Alberto Fernández rechazó la firma del acuerdo, a pesar del pedido de Diana Mondino, afirmando que «tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur».^[194]​ Con el cambio de gestión se comenzaron a gestar negociaciones para alcanzar el acuerdo, con reuniones con parlamentarios europeos y embajadores del G7.^[195]​^[196]​

En julio de 2024 Javier Milei declinó ir a la Cumbre de Presidentes del Mercosur, para ir a un acto organizado por la extrema derecha sudamericana en Brasil y presidida por Jair Bolsonaro, expresidente brasileño.^[197]​^[198]​

Inicialmente, con las «Medidas de Emergencia Económica» se llevó a cabo un aumento temporal del impuesto PAIS a las importaciones y retenciones de las exportaciones no agropecuarias y el reemplazamiento del sistema de importaciones SIRA por un sistema de estadísticas, más flexible y libre.^[42]​ Posteriormente se confirmó su eliminación a partir de enero de 2024, liberando la entrada de importaciones, al no necesitar autorización previa del Banco Central.^[81]​ Sin embargo, con la aplicación de las medidas anunciadas por Javier Milei el 20 de diciembre de 2023, se llevó a cabo una modificación total del código aduanero y del sistema de importación y exportación. Con el objetivo de desregular totalmente y fomentar el crecimiento del comercio internacional, se llevará a cabo un proceso de total digitalización (para evitar los problemas en papel), «se eliminará también el registro de importadores y exportadores con un cambio profundo en las compras y ventas al exterior» y «se deberá procurar cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)».^[92]​

Finalmente, el 26 de diciembre de 2023, se confirmó la creación del «Sistema Estadístico de Importaciones» (SEDI), como reemplazo al SIRA, «con el objetivo de simplificar la tramitación de operaciones de importación». Su único fin sería «suministrar información estadística en forma descriptiva y anticipada a los registros históricos», eliminando la obligación de tramitar las Licencias Automáticas de Importación.^[199]​

Desde mayo de 2024, las relaciones Argentina-España se tensaron tras la declaración dada por el ministro español Óscar Puente hacia Milei, sugiriendo que el presidente argentino «ingiere sustancias» antes de sus presentaciones televisivas.^[200]​ El gobierno argentino luego se expresó vía un comunicado en X criticando no solo al ministro Puente sino también a Pedro Sánchez, Presidente de España, y su esposa, Begoña Gómez, investigada por presunta corrupción.^[201]​ El Gobierno de España rechazó el comunicado.^[202]​

El 9 de mayo de 2024 Milei participó del acto partidario «Viva 24» organizado por Vox para nuclear a diversos partidos de extrema derecha a nivel mundial en España.^[203]​^[204]​ En dicho acto partidario de Vox, Milei pronunció un discurso en el que aludió al presidente español y a su esposa en estos términos:

Aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo.^[205]​

Ese mismo día el Gobierno de España retiró a su embajadora en Argentina y le exigió disculpas al presidente Milei:^[206]​

Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Javier Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencias políticas e ideológicas, no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales... El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España... Quiero informarles de que acabo de hablar con Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea, quien me traslada que considera que un ataque de este calibre a un Estado miembro es también un ataque al conjunto de la Unión Europea... Por este motivo, les anuncio que acabo de llamar a consultas a nuestra Embajadora en Buenos Aires, sine die. Junto a ello, España también exige al señor Javier Milei disculpas públicas.

Poco después Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, condenó «los ataques contra familiares de líderes políticos».^[207]​ Además los dueños de Telefónica, Naturgy y los de los bancos BBVA y Santander junto al presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, rechazaron las declaraciones de Milei y las calificaron de estar «fuera de tono».^[208]​ Además la empresa Abertis, a la que Argentina le debe 299.5 millones de dólares y con la que Milei no llegó a un acuerdo esos días, reprobaba la actuación del presidente argentino por no contribuir «a la convivencia de nuestras sociedades» y que «en ningún caso deberían formar parte de la dialéctica política entre dos países hermanos, con una larga historia de colaboración y defensa de la democracia».^[209]​

El día 20 de mayo Milei, en un reportaje televisivo afirmó que no iba a pedir disculpas, remarcó que no había utilizado nombres en su frase y amplió sus críticas al presidente español calificándolo de «cobarde», sostuvo que él había sido el agredido por el presidente español y que se trataba de una agresión sistemática originada en el kirchnerismo.^[210]​

Ante la negativa de Milei a disculparse, España retiró definitivamente a su embajadora en Argentina.^[211]​^[212]​^[213]​^[214]​

Por parte del Gobierno argentino se descartó un conflicto diplomático y anunciaron que no retirarían a su embajador en España. También criticaron la actuación de Sánchez a través del vocero presidencial Manuel Adorni: «Si el presidente y los funcionarios del reino de España se quieren hacer cargo de las críticas que el presidente Milei vertió hacia el socialismo y hacia a la corrupción, no es un problema de nuestra República. Como siempre dice vulgarmente, al que le quepa el saco, que se lo ponga».^[215]​

El 21 de junio de 2024, fecha en la que Milei seguía insultando al presidente de España, retornó al país europeo para recibir un premio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta del PP madrileño. Felipe VI se negó a tener una audiencia con Milei que previamente había pedido tener una audiencia con el monarca.^[216]​^[217]​

Finalmente, el 29 de octubre de ese mismo año, el gobierno español nombró un embajador de España en Argentina, a pesar de que Milei nunca se disculpó por sus declaraciones, poniendo fin a la crisis diplomática.^[218]​^[219]​^[220]​

En el Ministerio de Defensa asumió el excandidato a vicepresidente Luis Petri.^[221]​ En una reunión con el Estado Mayor Conjunto, anunció que haría énfasis en recuperar el valor de las Fuerzas Armadas, así como «garantizar la integridad territorial de la soberanía nacional», relegándolas a las funciones que debería cumplir el Ministerio de Seguridad y asegurándose de dejar desarmado al país.^[222]​ El 16 de diciembre anunció la prohibición del uso del «lenguaje inclusivo» en las Fuerzas Armadas.^[223]​ El día siguiente, en el contexto de las tormentas ocurridas en la provincia de Buenos Aires, y que se saldaron con 13 muertos,^[224]​ dispuso de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la asistencia de las víctimas y para hacer un control de daños.^[225]​

El 29 de diciembre, la Fábrica Argentina de Aviones, entregó a la Fuerza Aérea Argentina una aeronave de entrenamiento IA-63 Pampa III Bloque II destinada a la X Brigada Aérea en Río Gallegos. ^[226]​ Días después se designó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, siendo presidido por el brigadier general, Xavier Julián Isaac, de la Fuerza Aérea. Por su parte, el Ejército es liderado por el general de brigada Carlos Alberto Presti, la Armada por el contralmirante Carlos María Allievi y la Fuerza Aérea por el brigadier mayor Fernando Luis Mengo.^[227]​ Además mando al retiro 22 generales (2 tercios del cuerpo del comando) y otros pasaron a formar parte del Ministerio de Defensa. Con estas expulsiones y nombramientos quedaron fuera de la estructura de dirección del Ejército los mandos que tenían vínculos con el Gobierno anterior.^[228]​

El 9 de enero de 2024, el Brigadier Xavier Isaac,^[229]​ con presencia del ministro Petri, asumió el mando del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, reemplazando así al teniente general Juan Martín Paleo.^[230]​

El 16 de abril, se firmó en Dinamarca la compra de 24 aeronaves de combate F-16 Fighting Falcon destinadas a la Fuerza Aérea Argentina. Estos aviones serán destinados a la VI Brigada Aérea en Tandil. ^[231]​ En junio de 2024, se dieron de baja al destructor ARA Heroína y al ex destructor ARA Hércules, después de 4 décadas de servicio. ^[232]​^[233]​

A pesar de que la tradición en política exterior de la Argentina ha sido el «principio de no intervención», el gobierno la incorporó en junio de 2024 al Grupo de Contacto de Rammstein, un conjunto de países que trabajan para brindar apoyo logístico y militar a Ucrania.^[234]​^[235]​

A principios de julio, se entregó al Ejército Argentino 5 unidades del TAM 2C-A2 destinados al Regimiento de Caballería de Tanques 8 de Magdalena. ^[236]​

A inicios de septiembre, se dio de baja a la Corbeta ARA Granville, después de décadas de servicio. ^[237]​

El 2 de septiembre de 2024, arribó a la Argentina el primero de un total de 4 aviones de patrulla marítima de largo alcance P-3C Orion destinados a la Aviación naval. ^[238]​

En octubre de 2024, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas era, junto a los servicios de inteligencia (+216%), la única área en la que el gobierno había invertido (un 18,6%).^[239]​

El ministerio donde más invirtió el gobierno en su primer año, en octubre de 2024 un 216%, y junto al de Defensa los únicos en los que se invirtió en esa fecha.^[240]​

La ministra de seguridad designada fue Patricia Bullrich,^[241]​ la cual ya había ejercido el mismo cargo durante la presidencia de Mauricio Macri. Durante toda la campaña se hizo enfoque en la lucha contra la delincuencia, utilizando el eslogan «El que las hace las paga», y criticando lo que denomina «Doctrina Zaffaroni». Propuso una reforma en la ley de seguridad interior, defensa nacional e inteligencia, y la modificación del «sistema carcelario y el código penal procesal».^[242]​ El primer hecho relacionado ocurrió en la propia investidura presidencial, donde, durante la caravana rumbo a la Casa Rosada, un hombre arrojó una botella contra Milei, impactando contra un miembro de su seguridad. Finalmente fue detenido por las fuerzas de seguridad.^[243]​

En mayo de 2024 Bullrich gastó un total de 16 millones de dólares en rifles, pistolas, patrulleros y camionetas a una compañía estadounidense y dos fabricantes de vehículos declarando la situación de «Contratación Directa por Urgencia» lo que habilitaba que dicha compra pasará el control de precios de la Sindicatura General de la Nación, organismo que revisa los gastos de la administración pública; y el sorteo de licitación pública.^[244]​^[245]​

El 28 de junio de 2024, durante una conferencia de prensa, Bullrich y el ministro de justicia, Mariano Cúneo-Libarona, presentaron públicamente un proyecto de ley elaborado en conjunto por ambos ministerios, que pretende establecer un nuevo Régimen Penal Juvenil planteando la baja de edad de imputabilidad a los 13 años. Bajo la frase de Javier Milei «delito de adulto, pena de adulto», el nuevo sistema penal para jóvenes propone, entre otros ejes, que los adolescentes entre 13 y 18 años sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal, siendo alojados en establecimientos especiales separados de los penitenciarios bajo el cargo de un personal idóneo, donde serán sujetos a procesos de adaptación y reintegración social. Actualmente, la legislación vigente fija la edad mínima de imputabilidad en 16 años, siendo los menores de 16 inimputables. Sin embargo, el Gobierno considera que este régimen establecido en 1980 debe ser actualizado. ^[246]​Ambos ministros argumentaron la propuesta con ejemplos de Estados con una edad mínima de responsabilidad penal más baja, como el caso de Brasil y México, que la establecieron a partir de los 12 años. Señalaron además la importancia de prevenir el crecimiento de las tasas de criminalidad juvenil combatiendo su impunidad, ya que el mismo implica un desafío para la seguridad pública, teniendo en cuenta que el crimen organizado se sirve de los menores de edad para evitar la responsabilidad penal. Sostienen que se requiere una solución integral que contemple tanto medidas punitivas como acompañamiento estatal en la reintegración social, trabajo, fomento del arrepentimiento y responsabilidad del adolescente sobre sus actos.^[247]​Entre otras declaraciones, Bullrich explicó que «es importante porque el medio ambiente de ese menor es lo que lo lleva a volver a cometer delitos. Nosotros lo tenemos que extraer de esa situación para que no siga en la carrera delictiva», a su turno, el ministro Libarona planteó otorgar las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen, y salvaguardar el bienestar y el futuro de los propios adolescentes.^[248]​El proyecto deberá ser tratado en el Congreso.^[249]​

En julio de 2024 se publicó la Resolución 710/2024 que anunciaba la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad que operará mediante Pegasus dentro de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos y cuya finalidad era rastrear las redes sociales para «detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios».^[250]​^[251]​

La cuestión de los piquetes fue un tema recurrente durante la campaña electoral. Milei siempre mencionó que iba a garantizar el derecho de los ciudadanos a la libre circulación, perjudicado por los cortes de calle, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. En su discurso inaugural, Milei afirmó que «El que corta no cobra», dando a entender que, a aquel que participara de un piquete, se le negaría la entrega de cualquier tipo de asistencialismo estatal.^[252]​ El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, le propuso a Bullrich la implementación, a nivel nacional, de una «ley antipiquetes», donde «al tercer corte, se le aplique prisión preventiva» (basándose en la ley de reiteración).^[253]​

El 14 de diciembre, la ministra Bullrich, en una conferencia de prensa, presentó el nuevo «Protocolo de Orden Público» de aplicación nacional. Entre los principales puntos:^[254]​

• «Las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario federal van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos». «Podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes. Si hay un delito in fraganti, van a poder intervenir». «Emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada de acuerdo a la resistencia».
• «Se va actuar hasta dejar liberado el espacio de circulación».
• «Serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este delito. Así también los vehículos y sus conductores». «Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente». «Se creará un registro de las organizaciones que participen en este tipo de hechos».
• «Trabajaremos en las estaciones de tren, cuando percibamos a personas que tengan en posesión material que debería ser incautado».
• «Para el caso de los extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones».
• «Se dará aviso a un juez competente en caso de haber daño ambiental durante las manifestaciones».
• «En el caso de participación de niños y adolescentes, se va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a tener sanciones».
• «Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables».

El 27 de diciembre de 2023, con la ley ómnibus, se planteó elevar las penas por realizar un piquete, de entre tres meses a 2 años, a una de entre un año a 3 años y medio, por lo que existiría la posibilidad de cumplir la condena con prisión efectiva. Además señalaron que toda marcha deberá estar notificada ante el Ministerio de Seguridad, con una antelación no menor de 48 horas.^[255]​ En el mismo proyecto se presentó la expansión el concepto de la legítima defensa, particularmente en casos de posible agresión sexual, y se amplio el margen de acción de las Fuerzas de Seguridad en el cumplimiento de sus labores.^[256]​

El 13 de diciembre, a través del decreto 24/2023, Javier Milei intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), designando a Silvestre Sívori como su interventor.^[257]​ Está previsto que la intervención dure dos años, «en la que se avanzará con el achique del personal y otras medidas en el uso de los recursos».^[258]​ A comienzo de enero de 2024, en el contexto de una auditoría de contratos y gastos, se realizó el despido de centenares de empleados del organismo relacionados con la gestión anterior. Además, al mismo tiempo, se nombró a cinco militares retirados, incorporando sectores de inteligencia militar, aunque por ley no pueden hacer inteligencia interior, solo inteligencia sobre amenazas externas.^[259]​

El 23 de julio de 2024 el gobierno oficializó la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia y el regreso de la Secretaría de Inteligencia a la que asignó asignar 100.000 millones de pesos y estableciendo los fondos como de «carácter reservado». La Secretaría, cuya designación de las autoridades a su cargo no pasaron por el Congreso, estuvo a cargo Sergio Neiffert y dependía directamente de Javier Milei. Las nuevas modificaciones que se llevaron a cabo permitían realizar contrainteligencia a cualquier persona u organización por su «opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales».^[260]​^[261]​

Maximiliano Ferraro, líder de Coalición Cívica, advirtió que tras tres semanas de existencia de la Secretaría de Inteligencia se habían gastado 80.983,50 millones de pesos (un 82.56 % de los fondos) <<sin justificación legal alguna, con absoluta discrecionalidad>> de los cuales el gobierno no debía rendir cuenta alguna.^[262]​^[263]​ Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros, afirmó que eso era totalmente falso.

El día 20 de agosto por desacuerdos con PRO, el oficialismo perdió el control y la presidencia de la «Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia» quedando en manos del senador Martín Lousteau de Unión Cívica Radical. Un día después la oposición rechazó un decreto del gobierno por el que se pretendía incrementar en 100 000 millones de pesos los fondos reservados para la SIDE con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.^[264]​

El caso de Rosario fue un eje de la campaña electoral de Javier Milei, siendo que la violencia propiciada por el crimen organizado convirtió a la ciudad santafesina en la más insegura y con la mayor tasa de homicidios del país, particularmente vinculado a las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas ilícitas.^[265]​ En 2022, ya bajo la intendencia de Pablo Javkin se registraron 288 homicidios, la cifra más alta registrada hasta el momento,^[266]​ superando la histórica cifra de 271 homicidios de 2013.^[267]​ Para 2022 más de un 70% de los homicidios dolosos en esta ciudad santafesina están asociados a organizaciones criminales, y casi un 75% fueron planificados y no espontáneos.^[265]​ En 2018, se dio un recrudecimiento de la violencia ligado al fuego cruzado del narcotráfico, principalmente debido a la presencia de una organización criminal denominada «Los Monos», la cual se dedica a este negocio desde la década de 1990. Las primeras señales de alerta aparecieron a fines de 2017, cuando la ciudad experimentó un rebrote de violencia.^[268]​

A principios de marzo de 2024, en un contexto de amenazas hacia autoridades y asesinatos de civiles,^[269]​ el Poder Ejecutivo conformó una Junta Operativa, junto a autoridades locales y provinciales, a través de la resolución 2024-107 APN. Al mismo tiempo, se anunció la intervención de la ciudad por parte de las Fuerzas de Seguridad Federales, y las intenciones de desplegar a las Fuerzas Armadas para el combate contra las organizaciones ilícitas. Según el Gobierno, esto tendría como objetivo coordinar ambas fuerzas, y ministerios, para el combate contra el narcotráfico, al poder proveer de mayor capacidad de equipamiento, radarización, helicópteros, drones, aviones, etc.^[270]​ Sin embargo, en la resolución solo se incluyó a la Gendarmería, la Policía Federal, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria como parte del refuerzo. También se anunció el traslado de militares para reforzar toda la frontera norte.^[271]​

El 5 de junio se publicó el decreto 496 en el que se incluyó una modificación en el RePET (Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento creado en 2019 por el Decreto 489)^[272]​ que establecía un margen muy amplio para definir quién puede ser incorporado a él. En él se estableció que se podría añadir a «toda persona humana, jurídica o entidad sobre la cual el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en el marco de sus funciones, investigaciones o reportes, tuvieran motivos fundados para sospechar que se encuentra vinculada a una amenaza externa real o potencial a la seguridad nacional».^[273]​

Esto llamó la atención de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos por generar «un combo de instrumentos jurídicos propio de un Estado autoritario».^[273]​

El 15 de agosto de 2024, se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación, aunque con modificaciones, la media sanción del proyecto de ley que establece la ampliación del Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual (RNDG), para la investigación de todo tipo de delitos, propuesta e impulsada por la ministra de seguridad Patricia Bullrich. La aprobación fue festejada por la organización «Madres del Dolor» en el recinto, víctimas de femicidio.^[274]​^[275]​^[276]​^[277]​

Tras los rechazos de distintos artículos del proyecto de ley de Bases por parte de diputados que respondían a gobernadores, Milei comenzó a tomar una serie de medidas que desfinanciaron a las provincias en forma de represalia.^[278]​El mes de febrero, anunció la eliminación del Fondo Compensador al Transporte Público, el cual, a través de transferencias del Estado Nacional, se subsidiaba al transporte público en provincias del interior del país. Además no continuó con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un fondo que financiaba la Nación desde 1998 y que proveía recursos a las provincias para el mejoramiento de salarios de docentes.^[279]​^[280]​ Entre otras medidas, pidió la renuncia de la secretaria de Minería, Flavia Royon, persona ligada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz y del director de la ANSES, Osvaldo Giordano, ligado al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.^[281]​

Sandra Pettovello fue la designada por Javier Milei para liderar el Ministerio de Capital Humano,^[282]​ el cual abarca las jurisdicciones que antes lo hacían el Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Durante la campaña electoral, Milei anunció que este ministerio era el único que «tenía la billetera abierta», ya que entendía que las reformas económicas iban a perjudicar el bienestar social en el corto plazo, y que habrá que dar “contención social” especialmente a las clases bajas.^[283]​ Se estima que, para el momento de la investidura de Javier Milei, la pobreza se ubicaba en el 44,7 % y la indigencia en el 9,6 %, y, en el caso de los niños y adolescentes, se ubicaba en el 62 %.^[284]​

Durante la emisión de las «Medidas de Emergencia Económica» de Luis Caputo, el 12 de diciembre, también se anunció la duplicación del presupuesto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un aumento del 50 % el de la «tarjeta Alimentar», con el objetivo de asegurar el bienestar social de las clases bajas durante las reformas económicas. También se anunció la permanencia del bono «Potenciar Trabajo», pero garantizando que se de sin intermediarios, como también en la AUH y la tarjeta Alimentar.^[42]​

El 26 de diciembre de 2023 se anunció «la auditoría en todos los planes sociales del Potenciar Trabajo, que son bastante más de un millón, para detectar irregularidades», así como se afirmó que «160 000 titulares del Potenciar Trabajo cobraban el plan de manera ilegítima».^[285]​ También se confirmó la baja de unos 8.500 planes Potenciar Trabajo que cobraban empleados públicos.^[286]​

El 28 de diciembre de 2023, organizaciones de pueblos originarios decidieron levantar el acampe que mantenían en Plaza de Mayo al ser recibidos por Patricia Bullrich y Waldo Wolff. Este acampe se mantenía desde febrero de 2020, hacía cuatro años, porque nunca habían logrado ser recibidos por el presidente Alberto Fernández, en protesta por el reconocimiento de sus territorios ancestrales, la ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra y un Estado Plurinacional y Plurilingüe.^[287]​^[288]​^[289]​^[290]​

Para abril de 2024, renunciaron diversos funcionarios del ministerio de Capital Humano: Maximiliano Keczeli (quien se desempeñaba como secretario de Coordinación Legal y Administrativa), Gerardo Marcelo Hita (director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales), Ricardo Daniel Spartano (funcionario de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa) y además varios funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.^[291]​^[292]​^[293]​

En los primeros meses del 2024 se registraron demoras y faltas de pagos en el Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE). Dicho programa consiste de una asignación económica equivalente al 80% del salario mínimo, vital y móvil para jóvenes sin cuidados parentales, por lo que la demora y falta de la misma devino en que dichos jóvenes se quedaran en situación de calle o hayan tenido que volver a hogares de violencia doméstica. Desde el Gobierno se sostiene que se trata de «una cuestión administrativa» y que «la intención no es discontinuar el PAE».^[294]​^[295]​^[296]​

El 13 de mayo de 2024, el Ministerio de Capital Humano formuló una denuncia por «incumplimiento a los deberes de funcionario público» y «fraude a la Administración Pública» ya que según una auditoría interna aproximadamente la mitad de los comedores y merenderos inscriptos en el Registro Nacional de Comedores (RENACOM) no existían (ya sea porque nunca existieron o porque dejaron de funcionar hace años) y se habría girado fondos desde el Estado Nacional a cuentas bancarias que no respondían ni a comedores ni centros sociales.^[297]​ Se constató un caso particular de un supuesto comedor inexistente que «funcionaba» en un barrio privado (country).^[298]​Sin embargo también se dio a conocer que uno de los comedores denunciados como inexistente se encuentra en funcionamiento de lunes a viernes e incluso recibió a los funcionarios de la auditoría.^[299]​

Debido a la decisión del gobierno de dar de baja el plan Fondo de Integración Socio Urbana, Gustavo Oscar Carrara, referente de los curas villeros, durante una reunión de los diferentes arzobispos argentinos el 25 de junio se refirió a las políticas de recortes a los pobres del gobierno como un «pecado». En la misma reunión el conjunto de la Iglesia Católica nacional junto a Carlos José Tissera, titular de Cáritas, volvieron a alertar al gobierno sobre el avance del narcotráfico en los barrios más humildes y del crecimiento de las bandas. Informaron de un mayor número de reportes de alcohólicos y drogadictos junto a una mayor violencia callejera. Los arzobispos señalaron graves falencias en la intervención del estado nacional y su falta de sensibilidad respecto a la situación social. Oscar Ojea habló de un narcotráfico que «hace un Estado dentro de otro Estado» pues éstos «cumplen la función de la Nación con los jóvenes que reclutan a cambio de otorgarles una mejor calidad de vida en un plazo breve».^[300]​^[301]​

El Gobierno no distribuyó paquetes de comida desde la investidura el 10 de diciembre de 2023.^[302]​ Este hecho, que se venía denunciando desde febrero de 2024 por Juan Grabois, que incluso llegó a llevarlo a los Juzgados,^[303]​^[304]​^[305]​; llevó a que el 27 de mayo la Iglesia, que ya había protestado en febrero,^[306]​ acusó a Milei de retener 5 millones de kilos de comida que no estaban siendo repartidos entre los más necesitados en mitad de una emergencia alimenticia.Además Sandra Pettovello, encargada de la distribución del alimento como ministra, fue denunciada por ello.^[307]​

Ante, esta situación, Manuel Adorni, vocero presidencial, reconoció la existencia de esa cantidad de alimentos y aclaró que «los alimentos se van a repartir y van a llegar a la gente que le tiene que llegar» y Patricia Bullrich se excusó afirmando que «no se guarda nada, todo lo contrario, lo que hace es impedir que se robe comida».^[308]​ Sin embargo, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, afirmó que esos alimentos estaban almacenados para usarse en una eventual emergencia y que se según él se trata de un inventario de reserva.^[308]​

Un grupo de sacerdotes, encabezados por el cura y activista Francisco Olvera y el lema Si nuestro pueblo no come, nosotros tampoco vamos a comer, se puso en huelga de hambre hasta que el Gobierno no repartiera los 5 millones de kilos de alimentos que tenía retenidos el Gobierno.^[309]​^[310]​ Por el mismo motivo el Movimiento Popular La Dignidad estuvo durante una semana haciendo Ollas Populares y dando servicio gratis de peluquería en la Plaza Miserere. El líder del Movimiento, Rafael Klejzer afirmó que «Quedó clara la mentira del Gobierno. Desde el principio dijimos que había mercadería en los galpones. Son mentiras que van construyendo» y que «todo lo que tiene que ver con lo social termina o en el Ejército o en la policía de Bullrich. Es una constante».^[311]​^[312]​ En Córdoba el C.A. Belgrano se unió a las que se realizaron en la ciudad donando y recogiendo alimentos.^[313]​

Finalmente el 27 de mayo un fallo judicial exigió al Gobierno a repartirlos por los comedores populares en un plazo de 72 horas y el Gobierno prometió dar explicaciones sobre las razones de por qué no se estaban repartiendo los alimentos.^[302]​^[314]​El Gobierno apeló esta decisión de la justicia, aunque reconoció que hay productos cercanos a vencerse y aseguró que hará entrega de los mismos de forma inmediata con el Ejército. A su vez fue echado el funcionario Pablo de la Torre por «mal desempeño».^[315]​

La Organización de Estados Iberoamericanos que en diciembre firmó un convenio con el Gobierno «para la prestación de servicios de personal transitorio y la adquisición de alimentos destinados a mejorar la calidad nutricional de familias en situación de vulnerabilidad» por el que Argentina contrató a dicha Organización para la compra de alimentos y contratar personal como garante de transparencia y eficiencia, en un comunicado se desligó de la actuación del Gobierno.^[316]​ Así la OEI afirmó que ellos llevaron «a cabo la contratación de prestadores para diversas funciones solicitadas por dicha dependencia», pero que «la selección de perfiles corresponde exclusivamente a la Secretaría y que ellos se limitan a ejecutar las decisiones y procedimientos establecidos por esta».^[317]​

Ante la pasividad del Gobierno en el reparto de los alimentos, diferentes jueces de distintas provincias, entre los que se encontraba Sebastián Casanello dictaron «órdenes de presentación con allanamiento en subsidio» por parte de la Gendarmería de diferentes galpones durante el primero de junio.^[305]​^[318]​^[319]​^[320]​ Finalmente, en una acción muy controvertida, tanto porque el Gobierno anunció que 465 mil kilos de leche en polvo sería entregados al Opus Dei como que la mayor parte iría destinada a la Provincia de Mendoza debido a que no tienen representación en algunas provincias.^[321]​ Un día después la vocera del Opus Dei afirmó la imposibilidad de repartir el alimento y arremetió contra el Gobierno por falta de planificación.^[322]​

El día 5 de junio, coincidiendo con las declaraciones del Papa Francisco en la conferencia «La Crisis de la Deuda en el Sur Global» organizada por el exministro de Economía argentino Martín Guzmán en las que arremetía contra las políticas gubernamentales argentinas,^[323]​^[324]​ abrió sus puertas la Catedral Metropolitana de Buenos Aires para hacer una olla común y convertirla en un gran comedor.^[325]​^[326]​ Además se anunció una misa que oficiaría el obispo Oscar Vicente Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina por las mujeres de los comedores populares.^[327]​

El día 6 de junio seguía sin repartirse el alimento por lo que un juez volvió a dar la orden de repartirla en menos de 24 horas.^[328]​ Aun así el 18 de junio no habían sido repartidos y el juez volvió a tachar de insuficiente el plan del Gobierno e intimó al mismo a repartirla en un plazo de 72 horas.^[329]​ El 25 de junio, Pettovello volvía a incumplir la orden judicial de Sebastián Casanello con la excusa de que era culpa del gobierno anterior y que debía ser cada provincia quien repartiese la mercadería, 5 825 946 de kilos de comida al 19 de junio.^[330]​

Una semana después, coincidiendo con que el 97,8% de los comedores sociales informaron de un aumento de personas sin recursos que acudían a ellos y del cierre del 12% de comedores y merenderos sociales por falta de insumos desde la asunción de Milei,^[331]​ Pettovello fracasó en su apelación al ratificar la Cámara Federal de Casación Penal la orden de presentar un plan para la distribución de alimentos destinados a comedores sociales. El fallo, dictado por 3 jueces, subrayó la falta de argumentación contundente por parte del Gobierno.^[332]​

El 25 de julio de 2024 la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal decidió desestimar el recurso de revocatoria y la apelación subsidiaria que presentó el gobierno contra la medida que lo obliga a detallar el plan de entrega de alimentos a comedores sociales y dio de tiempo hasta el lunes 29.^[333]​

El 15 de agosto de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso extraordinario interpuesto por Sandra Pettovello y Rodolfo Barra por el que intentaban llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además tanto la ministra de Capital Humano como Barra tendrían que asumir los costos del proceso judicial.^[334]​

Se agotaron así las instancias de posibles recurso judiciales para el Ministerio de Capital Humano, que tendrá la obligación de entregar los alimentos que habían quedado almacenados y sin repartir.^[334]​

Tras asumir la presidencia de la Nación, Javier Milei mediante decreto presidencial eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad^[335]​creado por el expresidente Alberto Fernández. Las actividades del ministerio fueron traspasadas a una subsecretaria absorbida por el Ministerio de Capital Humano liderado por Sandra Pettovello.^[336]​Esta subsecretaria fue denominada bajo el nombre de Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género^[337]​ y se designa mediante el decreto 160/24 a la abogada Claudia Barcia^[338]​especialista en derecho penal y de género^[339]​para que encabece este organismo nacional, subsecretaría que dirige de manera ad honorem.

Mediante los decretos 450 y 451/2024 y por razones de gestión sobre las acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género, la subsecretaría dejó de integrar la órbita de Capital Humano para ser trasferida al Ministerio de Justicia.^[340]​

El Gobierno de Javier Milei realizó un recorte de un 33 por ciento las partidas del ex ministerio^[341]​ junto con el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia^[342]​creado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri y continuado por Alberto Fernández.^[343]​A su vez, mediante decreto presidencial, se prohibió la utilización del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en los documentos de la administración pública nacional. ^[344]​

Tras la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género^[345]​^[346]​, Milei arremetió contra el exmandatario, defendiendo su decisión de eliminar el Ministerio de la Mujer. En sus redes sociales, se refirió a la situación sin mencionar a sus protagonistas, alegando, entre otras cosas, que a pesar de recibir constantes ataques y difamaciones, «siempre tuvimos el coraje de decir la verdad», con el compromiso de «terminar la estafa de las políticas de género». Continuó redactando; «Como sostenemos hace años, la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar miles de empleados públicos innecesarios... La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen», indicó.^[347]​También recalcó que «Aumentar la burocracia estatal es una estafa moral, fiscal y política. Es aprovecharse de un problema grave para hacer negocios», justificando con sus posiciones minarquistas, donde el Estado debe ejercer mínima intervención.^[348]​^[349]​

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género realizó un monitoreo sobre la aplicación y la ejecución presupuestaria en torno a todas las políticas destinadas a prevenir y asistir las problemáticas de violencia de género, y las abocadas a reducir la desigualdad de género en el primer semestre. En él se mostraba un gran retroceso presupuestario interanual. La ELA denunció que 19 políticas públicas contra las violencias vienen siendo desmanteladas en la actual gestión. La Subsecretaría que hasta algunas semanas abordaba las problemáticas de género sufrió un 80% de reducción de la ejecución presupuestaria en términos reales si se compara con el primer semestre de 2023, cuyo gasto ese año fue de un 1,6% del presupuesto del gobierno. Además la ejecución presupuestaria interanual de la línea 144 se redujo en un 38% en el primer semestre del año.^[350]​

El Decreto de Necesidad, la Urgencia 70/2023, que modificó o derogó unas 300 leyes; disolvió el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), cerrando oficialmente en agosto de 2024.^[351]​Las actividades y recursos del INADI fueron transferidos al Ministerio de Justicia de la Nación, sobre el cual recayó la responsabilidad de ejecutar políticas que combatan la discriminación.^[352]​^[353]​^[354]​Sin embargo, los pueblos originarios consideraron que estas políticas de desregulación ponen en riesgo los Derechos de sus pueblos. También mostraron preocupación y rechazo al RIGI y a las políticas extractivistas aprobadas junto a la Ley de Bases. ^[355]​

El 22 de febrero de 2024, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado previamente el cierre del instituto, señalando que la medida responde a la política de reducción del Estado. Según Adorni, «uno de los ejes de Milei es la reducción del Estado, la eliminación de lo que no genere beneficio», agregando que los institutos eliminados son, en su opinión, «grandes cajas de la política» y que buscan «achicar los gastos estatales como única herramienta para bajar los impuestos».^[356]​^[357]​

En mayo de 2024, 35 organizaciones de pueblos indígenas de la Argentina presentaron un documento en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU en el que se denunciaba la situación que estaban viviendo los pueblos originarios, como se amenazaba la existencia de las comunidades indígenas y como las políticas de Milei «agudizan el proceso». A su vez, se expresaron en contra de la propuesta de derogar la ley Ley 26160.^[358]​^[359]​^[360]​

La llegada de Federico Sturzenegger al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y su anuncio de eliminar el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) trajo consigo una nueva preocupación para los pueblos originarios argentinos. La medida fue vista como un ataque directo a los Derechos de sus Comunidades. Faustino Peloc, cacique qolla, manifestó que el INAI es una herramienta fundamental para sus pueblos. «Nos ayudó bastante, se ha creado a través de una ley y está mal que este gobierno quiera eliminarla», declaró.^[361]​^[355]​

Finalmente, el 6 de agosto se concretó formalmente el cierre definitivo del INADI. Adorni dio un comunicado en una conferencia de prensa diaria en la sede del Ejecutivo, aclarando las consideraciones para el cierre del organismo estatal INADI, y otorgando detalles de su administración. Remarcó que se había descubierto más de 7.000 expedientes sin resolver desde el año 2016, y que el 85 % del presupuesto del INADI era utilizado para el pago de sueldos, mientras que el 15 % correspondía a gastos obligatorios. Un informe de relevamiento del decreto observó «irregularidades en la contratación de personal, arrendamiento de inmuebles y utilización de recursos». El Gobierno agregó que se demuestra «el sobredimensionamiento de la estructura funcional del INADI», entre otras cuestiones.^[362]​^[363]​

El 18 de diciembre, la ministra anunció las medidas que tomará el Ministerio de Capital Humano en contra de los piqueteros acompañando las medidas anunciadas por el Ministerio de Seguridad el 14 de diciembre:^[364]​

• «Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo». «Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano».
• «Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación».
• «A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales».
• «Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra».

• «Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad». «Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 134 si le cortan el plan por no asistir a una marcha».

Días posteriores al anuncio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reportó 8.900 denuncias realizadas a la línea 134, así como se aseguró que el Polo Obrero, organización que supo ser intermediaria entre el Estado y los beneficiarios del asistencialismo, que según el vocero presidencial «maneja una caja de $5.461 millones extorsionando gente».^[365]​Estas medidas fueron anunciadas ante una marcha realizada el 20 de diciembre del 2023, en aniversario con los sucesos del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde diversas organizaciones de izquierda y sindicales en un totalidad de 9.000 personas según fuentes oficiales^[366]​ marcharon en contra de las medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo y por el mismo protocolo anti piquetes.^[367]​^[368]​

El 29 de mayo miles de personas salieron a manifestarse por toda Argentina por el Decreto nacional con el que se busca desregular las prestaciones por discapacidad y que permitía que, sin importar la situación económica del paciente, este pudiera ser atendido por profesionales si contaba con una pensión, PAMI o prepaga.^[369]​^[370]​^[371]​

A finales de mayo de 2024 los trenes, en señal de protesta, circularon a 30 km/h y advirtieron de un paro total. También se registraron cancelaciones de trayectos. Entre sus demandas estaban un aumento salarial con el que poder recomponer la pérdida de poder adquisitivo debido a la inflación.^[372]​^[373]​

Entre mayo y junio de 2024 se celebró en diversos puntos de Alemania el «mes anti-Milei» llevada a cabo por una plataforma de varias organizaciones argentinas y germanas, como la Asamblea en Solidaridad con Argentina (A.S.A.), surgida en diciembre del 2023 en repudio al DNU 70-2023, y la Red de Comercio Justo, además de la diáspora sudamericana, para «llamar a atención» sobre la presencia de Milei en Alemania y en particular «sobre los vínculos que tiene con la extrema derecha en toda Europa».^[374]​ La reunión se dio en contra de las políticas del mandatario argentino, con el objetivo de evitar su encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz.^[375]​ El programa comenzó el 25 de mayo con un acto comunitario en Berlín. Entre los actos hubo conferencias, seminarios y proyecciones de cine y culminaron el 22 de junio con potestas de protesta en la ciudad alemana de Hamburgo coincidiendo con la visita al país de Milei para recibir una medalla de la Sociedad Hayek cercana al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania.^[376]​ ^[377]​

Con motivos de la visita de Javier y Karina Milei a Francia para asistir para la inauguración de los Juegos Olímpicos, integrantes de la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia y Argentinos en Lucha, «un grupo de migrantes argentines organizades en solidaridad con la lucha argentina» colgaron afiches en monumentos y calles en las que se declaraba al presidente argentino «persona non grata».^[378]​^[379]​

El 12 de junio, agrupaciones políticas, sindicales y organizaciones sociales convocaron una manifestación a las afueras del Congreso, junto a cacerolazos en distintos puntos del país.^[380]​ Aproximadamente a partir de las 1 de la tarde comenzaron violentos disturbios frente al Congreso en contra de la Ley Bases, cuando inició el despliegue del operativo «anti piquete».^[381]​ Hubo al menos doscientos heridos.^[382]​ Un grupo de activistas encapuchados, separados de quienes protestaban pacíficamente, se enfrentaron a la policía quemando vehículos, entre ellos un coche de Cadena 3,^[383]​además de incendiar las bicicletas de la Ciudad de Buenos Aires, arrojar piedras, bombas molotov y otros objetos contra efectivos policiales, intentando derribar las vallas protectoras.^[384]​^[385]​ Ninguno de ellos fueron detenidos. El periodista afectado de Cadena 3, Orlando Morales, aseguró que aquellos actos estaban «preparados» para ser realizados en el caso de que sea aprobada la Ley Bases en el Senado.^[386]​

Tras lo que el Gobierno declaró como un intento de golpe de Estado,^[387]​ se realizaron 33 detenciones por terrorismo de personas que se hallaban a diez o más cuadras del Congreso^[383]​de los cuales uno fue detenido con una granada de mano.^[388]​^[389]​^[390]​ En un principio, Karina Milei ordenó que no se liberara a ninguno.^[391]​

Desde el 14 de junio fueron liberados diecisiete de los treinta y tres detenidos y de los que minutos antes de su liberación Milei dijo en una entrevista televisada «ser delincuentes que tienen que estar todos encerrados».^[392]​ Los liberados dijeron que sus derechos más básicos fueron vulnerados. Así mismo afirmaron que habían pasado más de treinta horas esposados, que no pudieron beber agua y recibieron malos tratos por parte de la policía.^[391]​

El día 15 el Centro de Estudios Legales y Sociales denunció ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno nacional por «restringir el derecho a la protesta» e iniciar «una escalada penal peligrosa y arbitraria».^[393]​

El día 17 de junio, familiares de los detenidos se manifestaron frente a Servicio Paz y Justicia, y Amnistía Internacional reclamó de estudiantes que ni siquiera pudieron llegar a manifestarse fueron detenidos.^[394]​ Al día siguiente cientos de manifestantes, entre los que se encontraban Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, se congregaron en la Plaza de Mayo bajo la consigna «Protestar no es un delito. Es un derecho» para pedir la liberación de las dieciséis personas que bajo acusaciones de terrorismo seguían presas.^[395]​Ese mismo día, María Romilda Servini ordenó la liberación de once de los dieciséis encarcelados porque, al igual que los diecisiete primeros, se carecía de evidencias que los incriminen en actos vandálicos o terroristas.^[396]​

El 20 de junio Servini dictó la falta de mérito para 28 de los 33 acusados a los que «no se les secuestró ningún elemento compatible con el hecho que se les imputa (máscaras, ondas, piedras, palos, etc)» y en otra resolución procesó con prisión preventiva a las otras cinco personas, pero no por atentar contra la democracia como pretendía el fiscal. Además aclaró que «algunos hechos no se encuentran en conocimiento del juzgado», entre ellos el incendio del auto de Cadena 3.^[397]​

El día 4 de julio la Cámara Federal Porteña liberó a 1 de los 5 detenidos. El resto seguían con prisión preventiva, a raíz de posibles «riesgos procesales».^[398]​ Una semana después fueron liberados dos detenidos más.^[399]​

Por la actuación del gobierno, éste tuvo que comparecer ante la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.^[400]​^[401]​ Ambas organizaciones manifestaron «su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas que participaron en protestas pacíficas y contra periodistas en Argentina y los actos de violencia cometidos por particulares» y vieron con especial preocupación «las declaraciones estigmatizantes y criminalizantes contra manifestantes realizadas por el Gobierno a través de un comunicado de prensa de la Oficina del Presidente, en el que se calificó de forma generalizada a las personas como terroristas».^[402]​^[403]​

Huelga por «el profundo rechazo contra la Ley Ómnibus»^[404]​

El 12 de junio a partir de las 00:00 horas, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines declararon una huelga indefinida en todo el país en rechazo a la ley Bases^[405]​, pero finalmente esta fue anulada.^[406]​ Finalmente dos semanas después el sector lanzó un paro total por tiempo indeterminado en todas las plantas del país «por incluir una Reforma Laboral regresiva» y por ser «más agresivo contra la clase trabajadora, con disposiciones que buscarían limitar derechos constitucionales».^[404]​^[407]​

Protesta de los pueblos originarios contra la Ley de Bases y el RIGI

El 29 de julio los pueblos originarios comenzaron una protesta en Jujuy contra la Ley de Bases y en especial el RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) por vulnerar los Derechos y la explotación de los recursos naturales.^[408]​^[361]​

El 7 de agosto de 2024, con motivo de la festividad de San Cayetano, patrono de los gestores administrativos, los desempleados y del pan; en la peregrinación al santo y bajo el lema «Paz, pan, tierra, techo y trabajo» marcharon diferentes fuerzas sindicales, agrupaciones de empresarios, organismos de Derechos Humanos y grupos de la jerarquía eclesiástica. Entre ellas se encontraban La Cámpora, la ATE, la CGT, la CTA, la UTEP -la mayoría integrantes de Unión por la Patria-, la ACDE, Curas en Opción Preferencial por los Pobres y las Madres de Plaza de Mayo,^[409]​en presencia de reconocidos dirigentes políticos vinculados al sector del peronismo y al kirchnerismo. Entre ellos se encontraban Hugo Yasky y Eduardo «Wado» De Pedro, mientras que otros políticos se convocaron al santuario, como Gabriel Katopodis y Eduardo Valdés.^[410]​

Por parte del gobierno, Adorni se pronunció sobre la marcha diciendo «Lamentamos que en una fecha religiosa como esta, donde la gente asiste de buena fe y con el deseo de salir adelante o de agradecer, esté encabezada por figuras políticas», agregando además que «Muchas de esas figuras son los responsables del desastre económico que este gobierno heredó el 10 de diciembre pasado».^[411]​

En julio de 2024, el presidente Javier Milei lanzó el Plan Nacional de Alfabetización como un espacio para la formación, participación y comunicación entre representantes enviados por las jurisdicciones educativas.^[412]​^[413]​^[414]​

En marzo de 2024, se anunció el lanzamiento de los vouchers educativos, una promesa de campaña del presidente Javier Milei.^[415]​Se trata de un nuevo sistema de financiamiento estatal a la educación privada, por el cual el Gobierno nacional creó un subsidio a los representantes legales de los alumnos para cursar en escuelas privadas.^[416]​ El voucher es para familias que mandan a sus hijos a establecimientos privados de nivel inicial, primario y secundario con una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $54.396. En primer medida el monto del voucher es de 27 mil pesos argentinos (32 USD).^[417]​ Al 10 de mayo, un total de 1 millón de estudiantes argentinos serán cubiertos por el voucher, con un costo para el Estado de aproximadamente 32 millones de dólares por mes.^[418]​ En julio, se anunció la duración del programa educativo hasta diciembre de 2024.^[419]​

Durante la administración anterior se trató en el Congreso la creación de nuevas universidades,^[420]​ aprobándose la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, Universidad Nacional del Pilar, la Universidad Nacional del Delta y la Universidad Nacional de Ezeiza. A inicios de 2024 el Gobierno frenó la apertura de las mencionadas casas de estudio, alegando problemas presupuestarios y la imposibilidad que supondría mantenerlas, y lo que sostuvieron era para «evitar la duplicación y superposición de estructuras jerárquicas y garantizar que la oferta educativa cumpla con la calidad y pertinencia debida».^[421]​

El 16 de mayo de 2024, el Ministerio de Capital Humano anunció la reactivación únicamente de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero.^[422]​^[423]​

Ante la perspectiva de un paro general por parte de los gremios universitarios en reclamo de que el Gobierno nacional no actualizó el presupuesto para la educación superior al prorrogar el mismo a los valores del 2023 para el año 2024, en marzo se incrementó un 70% el presupuesto para universidades nacionales en un contexto de inflación del 250% interanual.^[424]​^[425]​^[426]​ Ese mismo mes, en un encuentro de empresarios del sector energético, el presidente Milei volvió a pronunciarse en contra la educación pública, tanto de «gestión privada» como «estatal» argumentando en su discurso que «han hecho muchísimo daño lavando el cerebro de la gente».^[427]​^[428]​

El 23 de abril de 2024 ocurrió una marcha universitaria masiva en Capital Federal, Córdoba, Rosario, Mar de Plata y las principales ciudades de al menos 14 provincias en respuesta al desfinanciamiento del sistema universitario público por parte del Gobierno de Javier Milei y la falta de actualización presupuestaria para dicho año. Este conflicto se ha ido intensificando debido a discrepancias sobre el presupuesto asignado al área y reclamos por parte del sector universitario. La concentración principal fue frente al Congreso de la Nación Argentina, seguida por una manifestación en la Plaza de Mayo y un evento central frente a la Casa Rosada, donde se leyó un documento conjunto. Diversas instituciones educativas, organizaciones estudiantiles, científicas y de derechos humanos, así como representantes políticos y sindicales, participaron de la marcha en defensa de la educación pública y universitaria.^[429]​^[430]​^[431]​ Desde el Gobierno mediante el vocero presidencial aseguraron que la discusión presupuestaria por las universidades «está saldada» y que «la presencia de diferentes organizaciones (políticas) la han transformado en una marcha política».^[432]​

El 15 de mayo de 2024, en un acuerdo entre el Gobierno y la Universidad de Buenos Aires, se dispuso levantar el estado de emergencia presupuestaria de dicha casa de estudios tras pactar la transferencia desde el Ministerio de Capital Humano de dos partidas de refuerzo (una de ARS 26 mil millones para los gastos de funcionamiento y la segunda de 35 mil millones para los hospitales universitarios) mientras a la vez se mantiene el pedido de recomposición salarial de docentes e investigadores.^[433]​^[434]​Debido a que solo la UBA recibió financiamiento, ese mismo día el Consejo Interuniversitario Nacional destacó en un comunicado que continua el reclamo por parte de las otras 60 universidades públicas y que siguen solicitando que haya transferencias de los fondos necesarios para su funcionamiento.^[435]​^[436]​^[437]​

El Consejo Interuniversitario Nacional denunció que «el salario del personal universitario registró una caída del 45% en términos reales, ubicando a numerosos trabajadores por debajo de la línea de pobreza, situación que afecta a alrededor del 50% del total del personal». El 9 de agosto tras una reunión de los rectores y representantes sindicales de docentes y no docentes universitarios con Alejandro Álvarez y María Rosana Reggi, subsecretario de Políticas Universitarias y subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público respectivamente, los gremios universitarios convocaron una huelga de tres días a partir del 10 de agosto debido a no llegar a un acuerdo sobre los salarios. Mientras el Gobierno argentino ofertó un alza salarial de un 3 % para agosto y del 2 % para septiembre los docentes reclamaban un incremento del 40 % para estar acorde con la inflación.^[438]​^[439]​^[440]​

El 15 de agosto de 2024, se aprobaron dos proyectos en materia educativa en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. El primero fue la Ley Finocchiaro, propuesta e impulsada por el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro. El proyecto declara la educación como «Servicio Estratégico Esencial» en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, estableciendo que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación durante todo el ciclo lectivo escolar en los días de clases afectados por paro, regulando a su vez el derecho a huelga docente. Para ello, la iniciativa dispone de un sistema de guardias mínimas obligatorias de personal docente y no docente que aseguren la apertura de los establecimientos educativos en todo el país.^[441]​^[442]​^[443]​Entre otros puntos, se propone que las protestas sean llevadas a cabo siempre que exista un 30% del personal educativo a disposición para brindar los servicios correspondientes durante los primeros dos días de paro. Si se prolonga por más tiempo, el porcentaje se incrementará hasta el 50%.^[444]​^[445]​

Esta medida fue denunciada por los docentes debido a que cercenaría su derecho a la huelga que adelantaron que tomarían las medidas de acción que fuesen necesarias antes de que se convirtiese en Ley. Por otra parte fue rechazado el proyecto de Unión por la Patria sobre la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales.^[446]​

El segundo proyecto sancionado fue la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, propuesto por la UCR y Encuentro Federal. Propone la actualización del presupuesto universitario basada en la inflación del año anterior, y una recomposición salarial para docentes y no docentes con base en el IPC, pero de manera subsidiaria a la paritaria colectiva.^[447]​^[448]​Ambos proyectos serán trasladados para ser tratados en el Senado.^[449]​^[450]​

El gobierno eliminó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.^[451]​

En marzo de 2024 se anuncia que las becas doctorales del Conicet, el principal organismo de investigación científica de Argentina, pasan a ser 600 para dicho año, lo que significa una baja respecto al 2023 cuando fueron 1300. Además el presupuesto del organismo para el año 2024 no fue actualizado y se mantuvo idéntico al del 2023, sin tener en cuenta la inflación ni el aumento de costos entre años. También fueron echados un centenar de trabajadores administrativos del organismo.^[452]​ ^[453]​^[454]​ Científicos extranjeros entregaron al presidente de Conicet más de 1.000 cartas en apoyo a sus colegas argentinos, entre los que se encontraban 68 premios Nobel, alertando de una posible cuarta ola de «fuga de cerebros».^[455]​

La construcción de la central nuclear Carem por parte de la CNEA también fue paralizada por falta de fondos y porque fueron echados 570 trabajadores de la construcción asociados al proyecto a pesar de que dos reactores están cerca de ser concluidos.^[456]​^[457]​^[458]​

Además se paralizaron los proyectos para la creación de una vacuna nacional para el COVID-19 y la investigación para un fármaco contra el cáncer.^[451]​

La epidemia de dengue en Argentina durante el año 2024 ha alcanzado proporciones históricas, marcada por un aumento exponencial de casos desde el inicio de la temporada. Este incremento se atribuye en parte al cambio climático, que ha favorecido la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector del virus del dengue, mediante abundantes lluvias y altas temperaturas. Además, la movilidad de personas entre países vecinos afectados por brotes epidémicos también ha contribuido a la propagación de la enfermedad en Argentina. A pesar de este escenario, el Gobierno ha descartado asignar fondos para campañas de concienciación sobre el dengue, así como la inclusión de la vacuna contra esta enfermedad en el calendario de vacunación obligatorio, alegando que no es necesario y responsabilizando a la gestión anterior. Esta situación se ve agravada por la saturación en la demanda del sector sanitario público y privado, así como los altos costos y la falta de insumos de protección y reactivos médicos para diagnosticar el dengue, lo que ha generado retrasos en la atención y dificultades en el control del brote.^[459]​ ^[460]​ ^[461]​Sobre la epidemia el ministro actuante, Mario Russo, declaró que la vacuna disponible para la misma «no es de utilidad, no es efectiva, para mitigar un brote» y relativizó el faltante de repelentes, situación a la cual resumió como un problema entre la oferta y la demanda.^[462]​^[463]​^[464]​

El 9 de mayo de 2024, el Gobierno anunció que ofrecerá la vacuna contra el dengue, pero sólo limitándose a las zonas endémicas y de mayor prevalencia de casos.^[465]​

La Unión Argentina de Salud afirmó en junio de 2024 que más de 5.000 establecimientos de salud privados estaban al borde de la quiebra tras firmar una recomposición de los salarios para los meses de mayo, junio y julio que fue homologado por la Secretaría de Trabajo y que se vería agravada por el cierre de la Administración Federal de Ingresos Públicos. La UAS hizo un llamado de apoyo a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.^[466]​^[467]​

Ese mismo mes el Juzgado Federal número 2 de Mendoza suspendió los artículos 313 y 317 de DNU 70/23 por los que el gobierno pretendía sacar de la farmacia a los medicamentos considerados de venta libre.^[468]​

Las políticas seguidas por el PAMI venían generando una preocupación entre los jubilados pues éstas estaban significando una reducción en la financiación de sus tratamientos que con los anteriores gobiernos era para los afiliados de un 100% en algunos medicamentos. Argumentando que la reducción buscaba un ahorro en junio de 2024 un total de 1.200 medicamentos experimentaron cambios en su cobertura, afectando productos esenciales como corticoides, antivirales, antibióticos y antiinflamatorios.^[469]​ A partir de dicho mes remedios que tenían 100% de cobertura pasaron a tener un porcentaje de copago que iba del 40 al 80%. En el mes de agosto se recortó la cobertura del 100 por ciento en 44 moléculas de medicamentos presentes en el vademécum, tras un recorte similar de 11 moléculas en junio del mismo año. Eso se tradujo en que un tercio de los remedios presentes en la canasta ya no estuvieran cubiertos, pasando de 3000 a 2000 el alcance. Además se recorto la cantidad de cajas de medicamentos gratis que puede acceder un jubilado por mes, pasando de seis durante la administración anterior a cinco. A su vez cualquier afiliado a PAMI que necesite la cobertura total medicamentos puede solicitar un “subsidio social”, cuyos requisitos son ahora más restrictivos ya que se solicita que sus ingresos netos sean menores a 1.5 haberes provisionales mínimos.^[470]​^[471]​^[472]​ Desde el organismo aseguraron que la medida tenía «como objetivo lograr un manejo eficiente y planificado de los recursos en la que se priorice la sustentabilidad presupuestaria para salvaguardar la salud de los afiliados» y que en el último tiempo se sumaron moléculas para tratamientos vinculados a distintos tipos de cáncer.^[473]​

A través de un decreto de necesidad y urgencia transformó todas las empresas pertenecientes al Estado en sociedades anónimas, lo que incluyó a la agencia de noticias estatal Télam a la que tachó de ser una «agencia de propaganda kirchnerista».^[474]​ El 1 de marzo de 2024, durante su discurso en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Milei confirmó la intención de cerrar Télam.^[475]​ El Foro de Periodismo Argentino advirtió sobre la situación advierte y llamó a respetar la libertad de expresión.^[474]​

Durante la madrugada del 4 de marzo de 2024 el sitio web fue dado de baja, los dos edificios aparecieron vallados y los empleados informaron que empezaron a recibir telegramas en los que se les anunciaba que fueron «dispensados» de prestar servicios por una semana.^[476]​

A mediados de marzo de 2024, el gobierno comunicó a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la baja de contrataciones con vencimiento el 31 de marzo sin posibilidad de renovación, y una serie de recortes en el presupuesto del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), dependiente Ministerio de Capital Humano. «En concordancia con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia declarada, la máxima autoridad del Instituto entiende que resulta necesario tomar medidas tendientes a racionalizar y eficientizar el Organismo», se afirmaba en el texto. Entre otras declaraciones, Carlos Pirovano, director del INCAA designado por Milei, justificó que «Resulta indispensable actuar de manera urgente y hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar mayores perjuicios económicos para el Organismo». A la par, ocurrió lo propio en Radio Nacional donde se presenció una situación similar. ^[477]​^[478]​

El 21 de mayo de 2024, se anunció mediante un comunicado del gobierno, la suspensión temporal de emisión de las plataformas informáticas y redes sociales de las empresas estatales de comunicación, por tratarse de un «proceso de reorganización que tiene como objetivo mejorar la producción, realización y difusión de los contenidos que se generan» para «unificar los criterios de difusión (...) hasta que se reorganicen los procesos de trabajo y producción de contenidos».^[479]​ La medida afecta a la Televisión Pública, Radio Nacional, las emisoras del interior, Radio Nacional Clásica, Radio Nacional Rock, FM Folklórica, Canal infantil Pakapaka y Canal Encuentro, y a los medios de comunicación no estatales debido a no poder realizar publicidad oficial del Gobierno .^[480]​Sin embargo, el gobierno anunció el primero de julio la transformación de Télam en una herramienta de propaganda de Estado, renombrándola como Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal (APE S.A.U.), que tendrá como objetivo la producción y distribución de material publicitario nacional y/o internacional, dentro del país y en el exterior, operando desde un enfoque comercial. ^[481]​^[482]​Tras el cierre de los canales la gestión pasó a manos de la Gerencia de Medios Digitales e Institucionales de la Radiotelevisión Argentina.^[483]​^[484]​

A principios de junio, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo-Libarona, presentó una denuncia penal a título personal contra los periodistas Nancy Pazos, Darío Villarroel y Roberto Navarro por presunta «instigación a cometer delito» tras sus comentarios sobre la retención de 5000 toneladas alimentos durante la crisis alimentaria (véase: Escándalo de los alimentos) .^[485]​^[486]​^[487]​^[488]​ Ese mismo mes el Gobierno no renovó la acreditación de Silvia Mercado quien ejercía su labor informativa desde 2015 y con la que tanto Adorni como Milei habían tenido fuertes cruces.^[489]​

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires emitió un comunicado en representación de los trabajadores de los medios públicos en el que denunciaban un «plan de destrucción» por parte del Gobierno y que «esta nueva muestra de censura y de amedrentamiento que se suma al silenciamiento de Télam».^[490]​

En julio de 2024 la Sociedad Interamericana de Prensa exhortó al mandatario «a mostrar tolerancia frente a la crítica y el disenso y cumplir así con los estándares internacionales en la materia» y por segunda vez advirtió del uso que hacía Milei de las redes sociales como herramienta para descalificar e imputar periodistas. Roberto Rock, presidente de la SIP, aprovechó la ocasión para invitar al presidente a la Asamblea que la Sociedad iba a realizar en octubre de ese año en Córdoba. Por otra parte, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas lo acusó de hostigar, acosar, atacar y poner trabas a su trabajo, especialmente a las mujeres.^[491]​^[492]​

Ese mismo mes Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en el país, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «el deterioro y afectación de la libertad de expresión e información» que esta sufriendo Argentina. Además acusaba a Milei y su gabinete de ensañamiento y agresiones mediante las redes sociales y otras estrategias. Por último, acusó al gobierno de restringir el acceso a las ruedas de prensa y la censura previa que sufren los periodistas.^[493]​

En el comunicado Amnistía Internacional también alertó del anuncio de la Casa Rosada de dictar lineamientos políticos para la acreditación y que dicho motivo podría llevar a seleccionar a los periodistas que pueden preguntar y cuestionó «la arbitrariedad con la que el gobierno decidió remover la acreditación de Silvia Mercado».^[493]​

Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre y especializada en derechos y tecnologías digitales, denunció que con la Resolución 710/2024 de julio de 2024 que anunciaba la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad que se encargaría de patrullar por Internet que a través de esta iniciativa, el gobierno estaba «auto habilitándose» para investigar sin orden judicial.^[250]​Por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) tachó de oscurantismo al Ministerio de Seguridad sobre la información aportada.^[251]​

En septiembre de 2024 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024 que reglamentó la ley 27.275 de acceso a la información pública, de 2016, y modificó la anterior norma reglamentaria, el decreto 206/2017. Con ello limitó la libertad de información de la ciudadanía. Desde el CELS se denunció que con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, ​volvían ​al Estado más opaco y menos transparente.^[494]​

Junto al CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, la Fundación Poder Ciudadano y el Foro de Periodismo Argentino entre otros organismos firmaron un comunicado en el que manifestaron su «preocupación por el decreto 780/24 con el que el Poder Ejecutivo Nacional intenta restringir el derecho de Acceso a la Información Pública. Un decreto reglamentario no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016».^[495]​

En mayo de 2024, Argentina retrocedió 26 puestos, colocándose en la 66.ª posición del ranking de libertad de prensa, según el informe anual de Reporteros sin Fronteras, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.^[496]​

Tanto Javier Milei como su administración han sido acusados por diversas figuras y sectores políticos opositores de ser negacionistas y revisionistas históricos debido a sus controvertidas posturas críticas hacia las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar argentina.^[497]​^[498]​

A fines de marzo de 2024, el Ministerio de Defensa a cargo de Luis Petri anunció el desmantelamiento de los Equipos de Revelamiento y Análisis.^[499]​Además tanto Bullrich como Petri no enviaron la información requerida por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, órgano del Poder Ejecutivo canalizador para la búsqueda de niños raptados durante la dictadura y del que proviene el 90% de los datos genéticos para el testeo.

En junio, la organización Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta expusieron en un informe un retroceso en materia de memoria, verdad y justicia.^[500]​

El 15 de agosto de 2024, el gobierno eliminó vía decreto la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencia del Accionar del terrorismo de Estado, dependiente de la Comisión Nacional por el derecho a la Identidad. La Unidad asistía en las investigaciones relacionadas con la apropiación de menores por parte de la última dictadura militar.^[501]​^[502]​

En febrero de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifestaron una gran preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública contra manifestantes y periodistas argentinos instando al gobierno de Milei a respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y labor periodística y garantizar la seguridad.^[503]​

En junio de 2024 el alto comisionado de derechos humanos de la ONU reclamó parte de las políticas tomadas y lo instó a «construir una sociedad más inclusiva». Volker Türk consideró en junio que los meses de gestión del gobierno de Milei suponen un retroceso de derechos en la nación y que las «medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos». En el listado que hizo de las medidas estaban el recorte al gasto público, el cierre de instituciones dedicadas a los derechos de la mujer, el acceso a la Justicia y la instrucción que de suspender la participación de Argentina en los eventos de la Agenda 2030. Además consideró que las políticas realizadas «afectan particularmente a los más marginados», por lo que instó a las autoridades a colocar «los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesiva e inclusiva. Esto también significa pleno respeto del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión».^[504]​

Un mes después la Comisión Interamericana de DDHH y la RELE volvían a llamar la atención del gobierno por sus retrocesos en materia de derechos humanos y las limitaciones en la libertad de expresión de los ciudadanos de la Nación y a su derecho a la protesta por ser una herramienta vital e importante en la democracia para la conquista de otros derechos.^[402]​^[403]​

El jueves 11 de julio, seis diputados de La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo, hicieron una visita organizada por el legislador entrerriano Benedit y Guillermo Montenegro, en la cárcel Unidad Penitenciaria N.º 31 de Ezeiza, a varios represores presos por crímenes de lesa humanidad,^[505]​ entre los que se encontraba Alfredo Astiz, sobre el que pesan dos cadenas perpetuas por genocidio, robo de bebés, violaciones y desapariciones.^[506]​En la reunión, los presentes recibieron asesoramiento judicial de abogados especializados en crímenes de lesa humanidad.^[507]​

Un día antes, en el grupo de WhatsApp, donde se encontraban los legisladores libertarios, Benedit escribió que la gira consistía en ir «a visitar a los presos» y aclaró que sería «una visita humanitaria desde la política», sin detallar que se trataba de Astiz y compañía. Los diputados se enteraron en medio del viaje, produciéndose una fuerte discusión. Benedit realizó una defensa a los condenados en el grupo de WhatsApp, negando que fuesen represores, sino «ex combatientes contra la subversión marxista». También tachó de farsa los juicios, amenazó con denunciar a los jueces y abogó por el perdón del Presidente Milei a pesar de la imposibilidad de ello pues fueron condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.^[508]​Bonacci reprendió a en el chat, escribiendo: «me recriminaron que siempre manejé el trámite legislativo sin consensuarlo previamente con el ejecutivo, y en contraparte van y organizan una visita a Ezeiza para visitar a estos tipos. Sin aclararlo previamente, pintándolo de una visita humanitaria, catalogándolos como ex combatientes de Malvinas, el cual no es el título que a ellos les queda».^[509]​^[510]​^[511]​

La Conferencia Episcopal Argentina mostró su malestar por la visita pues en ésta fue pieza clave el sacerdote ultraconservador Javier Olivera Ravasi, hijo de Jorge Antonio Olivera y conocido en ámbito religioso por sus declaraciones ultras.^[512]​ De esta manera el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina, Máximo Jurcinović, señaló que «lo expresado y actuado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi en relación a la visita de un grupo de diputados a la cárcel de Ezeiza no corresponde ni al pensamiento ni a la actitud de la CEA».^[513]​ El Obispado Zárate-Campana expulsó a Javier Olivera debido a «numerosas quejas fundadas por sus expresiones y actitudes que se oponían al testimonio cristiano» que se venían dando desde hace algún tiempo y esto fue el detonante.^[514]​

Ante esta polémica situación, la ministra de seguridad Patricia Bullrich manifestó: «Son decisiones personales, no son decisiones orgánicas, y cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hace; esa es la libertad».^[515]​

Coincidiendo con la visita a Francia de los hermanos Milei, la abogada de desaparecidos franceses durante la dictadura argentina, Sophie Thonon, pidió al presidente francés, Emmanuel Macron, que expresase su repudio ante Javier Milei por la visita que los diputados realizaron.^[516]​

Tras una investigación salió a la luz que los contactos entre miembros de La Libertad Avanza y los genocidas se venían dando desde marzo de 2024. En esa ocasión se visitó al sacerdote Christian Von Wernich, condenado a cadena perpetua por 34 secuestros, 31 torturas y 7 asesinatos;^[517]​ y al policía Julio Simón, conocido por su ensañamiento con las víctimas judías a las que torturaba portando un banderín nazi.^[518]​ En esa ocasión estuvieron perfilando un posible decreto que declarase que sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo.^[519]​

Al conocerse los distintos encuentros, el 5 de agosto de 2024 los distintos organismos de Derechos Humanos y el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel exigieron la expulsión de los diputados del gobierno que estuvieron en las diferentes citas.^[520]​ En paralelo el Tribunal Oral Federal denunció penalmente a los diputados de LLA y penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal que mantuvieron las reuniones entre los que se encontraban Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra, Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta.^[521]​

La visita fue duramente criticada por parte de los bloques opositores, por tratarse de «una afrenta a las víctimas, sus familiares y a todo el pueblo argentino»;^[522]​ y por el resto de diputados libertarios, detonando una interna en el bloque oficialista y una tensa relación con los aliados.^[523]​ Rocío Bonacci afirmó entre otras declaraciones, haber sido engañada por Benedit para asistir. Arrieta alegó que «No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock»^[524]​^[525]​También afirmó que, a algunos de los presentes condenados «no los conocía» y «Tuve que googlearlos».^[526]​^[527]​^[528]​

Días después del escándalo Lourdes Arrieta apareció en el Congreso con el libro Nunca más en el que se recoge el informe que emitió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas durante la dictadura militar,^[529]​ mostró su arrepentimiento por haber confiado en sus colegas y haber visitado a Astiz. Además desveló que Benedit organizó dicha visita y Gabriel Bornoroni la avaló como oficial e institucional que tenía el visto bueno de la Casa Rosada y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.^[530]​^[531]​ Al día siguiente Arrieta cursó una denuncia penal para que se investigue a sus propios compañeros de bloque y a funcionarios del Servicio Penitenciario y de la Cámara baja.^[532]​ Por su parte, Menem respondió rechazando cualquier vinculación del gobierno en la defensa de los reclusos represores. Dijo que fue un acto individual de un «grupo minoritario de diputados».^[533]​

La diputada Lilia Lemoine defendió la visita de sus compañeros a los detenidos. Afirmó que fue un asunto de Derechos Humanos, «una visita a octogenarios en la cárcel que dicen que están siendo sentenciados a una pena de muerte a cuenta gota».^[534]​

El Papa Francisco, que apenas una semana antes había visitado a un familiar de una monja que fue asesinada durante la dictadura,^[535]​ el día 7 de agosto recibió a una afectada por la dictadura, quien manifestó que «se había enterado de que unos diputados habían visitado a Astiz, que estaban queriendo que no estuvieran presos y que eso era algo muy peligroso». Además añadió que no aflojaran y conservasen «la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas sino de los testimonios, ése es el mensaje que les doy».^[536]​^[537]​

Junto a las denuncias penales ya realizadas por el abogado Pablo Llonto, Felix Croux, fiscal de la Oficina anticorrupción; y Lourdes Arrieta, el 9 de agosto el fiscal del Tribunal Federal, Sergio Mola, allanó el penal de Ezeiza para obtener los libros de ingreso y de visitas de la ex Unidad 31 y las filmaciones de las cámaras de seguridad.^[538]​^[539]​

Nicolás Mayoraz, Beltrán Bénedit y el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni increparon a Lourdes Arrieta por haber dado detalles de la visita. Lorena Villaverde pidió la expulsión de la propia Arrieta y de Bonacci del bloque de LLA. Lemoine en rueda de prensa descalificó a su compañera Arrieta y lanzó varias acusaciones contra el abogado de ésta en la causa de la visita.^[540]​ Lourdes Arrieta fue desplazada de su cargo de apoderada La Libertad Avanza en Mendoza y anunció ante la Cámara de Diputados la creación de su propio bloque denominado FE, que en él se defenderían los valores judeocristianos y liberales; y cuyo color sería el violeta.^[541]​

• Liberalismo
• Libertarismo
• Antiestatismo
• Minarquismo
• Austeridad económica
• Epidemia de dengue de 2024 en Argentina